Regularización exprés: voluntarios fuera de horas y a 10 euros por caso
En un centro municipal de barrio, ochenta personas hacían cola para regularizar su situación. Mientras, el Gobierno buscaba desesperadamente voluntarios –más allá de los funcionarios– para tramitar las solicitudes fuera del horario laboral, a 10 euros por expediente. La medida, que el sindicato CSIF denuncia como muestra de desorganización, se conoce el mismo día en que concluye el plazo de presentación.
Medio millón de expedientes en el limbo
CSIF asegura que medio millón de solicitudes aún no se han volcado en la plataforma de datos. El volumen total superaría el millón de personas, según estimaciones de los propios comentaristas. La externalización improvisada de la gestión levanta dudas legales: ¿puede un no funcionario tramitar datos sensibles? La pregunta sobrevuela el proceso.
Política de fondo
La celeridad ha disparado las interpretaciones políticas. Mientras unos ven una maniobra electoral –“10 euros por voto”, resumen–, otros señalan la presión asistencial sobre sanidad, vivienda y justicia. Lo que nadie discute es que la maquinaria administrativa ha quedado desbordada.
El dato que descoloca: a última hora, la mitad de los expedientes siguen sin procesar. El circo de la regularización, como lo definió algún observador, tiene su mejor número en las prisas de última hora.