Cinco semanas para mandar una lista al Supremo: ni con la administración electrónica de la que tanto presumen llega a tiempo la información cuando no interesa.
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un posible delito de desobediencia por no identificar ante el Tribunal Supremo a los nacionalizados por la vía de la Ley de Nietos.
Hace 10 días, la Sala Tercera del Supremo acordaba mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos. La resolución de la Sección Cuarta indicaba que se mantenía la suspensión de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes hubieran obtenido la nacionalidad pero aún estuvieran pendientes de ese trámite, mientras que a los ya inscritos, se les suspendía su derecho a voto. Además, el Alto Tribunal criticó duramente a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral por no trasladar la información sobre los nacionalizados con la instrucción de Sofía Puente en la Ley de Nietos que se solicitó en septiembre: "Se ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un presunto delito de desobediencia por no haber cumplido la petición de información solicitada por el Supremo en septiembre. Uno de los principales señalados es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de quien dependen orgánicamente las oficinas consulares".
Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "uno de los principales señalados es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares".
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