El Gobierno traza un plan sobre el futuro de los españoles que viven en Ceuta

Un plan para el futuro de Ceuta ante un posible cambio de soberanía contempla que los residentes puedan quedarse bajo leyes marroquíes o retornar a la Península con gastos cubiertos por España.

Un plan para el futuro de Ceuta

El futuro de Ceuta y de sus habitantes se encuentra en un punto de inflexión, con la necesidad de trazar un plan concreto ante la posibilidad de un cambio de soberanía en los próximos años. No se trata de esperar al último momento para improvisar qué sucederá con las decenas de miles de personas, funcionarios, propiedades y servicios públicos que han estado bajo administración española durante décadas. Ignorar esta realidad desde una perspectiva puramente metropolitana solo prolonga una estructura territorial heredada de un pasado imperial.

La propuesta articula un escenario donde los residentes españoles tendrían la libertad de elegir: quedarse en Ceuta aceptando la nueva soberanía, leyes, tribunales, fiscalidad y administración marroquíes, o regresar a la Península. Quienes opten por permanecer, podrían mantener su nacionalidad española, adquirir la marroquí o seguir un acuerdo específico. Esta situación no es inédita; tras la devolución de Hong Kong a China, muchos británicos continuaron residiendo allí bajo la nueva autoridad. Lo que no tendría sentido es mantener una soberanía residual española para preservar privilegios tras la descolonización.

El retorno y los funcionarios

Para aquellos que prefieran regresar a la Península, se contempla un programa de retorno de colonos, donde el Estado español asumiría los gastos de traslado. Si España pone fin a su presencia colonial en el norte de África, es responsabilidad de la antigua potencia ocupante asumir las consecuencias de su retirada, no externalizarlas.

Con los funcionarios de la Administración española, se establecería un régimen específico. Determinados empleados públicos deberían permanecer durante un periodo transitorio para asegurar una transferencia ordenada de la administración a Marruecos, formando a sus sustitutos y entregando archivos, procedimientos y servicios. La descolonización no se limita a cambiar una bandera; implica desmantelar las estructuras burocráticas que han administrado el territorio durante décadas.

Una vez completado el traspaso, los funcionarios podrían elegir entre regresar a la Península conservando plaza, antigüedad y derechos adquiridos, o integrarse voluntariamente en la función pública marroquí.

Militares y fuerzas de seguridad

Se prevé una solución específica para los militares ceutíes de origen local, especialmente aquellos en Regulares y la Legión, cuyas familias musulmanas han vivido en la ciudad durante generaciones. Una descolonización coherente no puede reproducir sobre poblaciones periféricas la misma lógica de desplazamiento y violencia territorial que pretende superar.

A estos militares se les ofrecería la posibilidad de permanecer en Ceuta abandonando el servicio activo en las Fuerzas Armadas españolas, regresar a la Península si lo desean, o, mediante un acuerdo bilateral, solicitar su incorporación voluntaria a las Fuerzas Armadas marroquíes con reconocimiento de rango, formación y años de servicio.

Sería perjudicial imponer un desplazamiento a familias históricamente arraigadas en el territorio simplemente por haber sido incorporadas como fuerza auxiliar indígena del aparato militar colonial. Convertirlos en víctimas de la propia descolonización sería sustituir una violencia colonial por otra.

En la Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, judicatura y otros aparatos vinculados al mantenimiento de la ocupación, el proceso debería ser inequívoco: retirada progresiva, transferencia de competencias y sustitución por las instituciones marroquíes correspondientes. Una descolonización que conserve intactos los aparatos coercitivos de la potencia ocupante no es una descolonización real.

En resumen, no habría colonos expulsados, ni conversiones forzosas, ni ficciones jurídicas para perpetuar privilegios. Quien se quede, se queda en Marruecos. Quien quiera retornar a la Península, tendrá el traslado sufragado por el Estado español. Esto significaría cerrar una etapa de delirio imperial, facilitar el retorno de quienes deseen marcharse, desmantelar las inercias de la ocupación colonial y evitar que la nostalgia imperial se convierta en un problema permanente para las generaciones futuras.