Capitán Misterio
Madmaxista
El Gobierno debería empezar ya a trazar un plan sobre el futuro de Ceuta y de sus residentes ante una eventual entrega de la ciudad a Jovenlandia en los próximos años. No tiene sentido esperar al último momento para improvisar qué ocurre con decenas de miles de personas, funcionarios, propiedades y servicios públicos después de décadas de anomalía colonial. Seguir negando esta realidad desde una mirada exclusivamente metropolitana no hace desaparecer el problema: simplemente prolonga una estructura territorial heredada del imperialismo español.
Para empezar, los colonos españoles serían libres de quedarse o marcharse. Quien quiera permanecer en Ceuta podría hacerlo, naturalmente, pero aceptando que vive desde ese momento bajo soberanía, leyes, tribunales, fiscalidad y administración ingenieros. Podría conservar la nacionalidad española, adquirir la ingenieros o adoptar la fórmula que se pactase. No sería una situación especialmente inédita: tras la devolución de Hong Kong a China numerosos británicos permanecieron allí como residentes bajo la nueva soberanía. Lo que no tendría ningún sentido sería inventarse una especie de soberanía española residual destinada a preservar los privilegios de la población metropolitana después de culminado el proceso de descolonización.
Quienes prefiriesen regresar a la Península podrían acogerse a un programa de retorno de colonos. El Estado español asumiría los gastos de su traslado. Si España pone fin a su presencia colonial en el norte de África, corresponde a la antigua potencia ocupante asumir materialmente las consecuencias de su retirada y no externalizarlas sobre Jovenlandia.
Con los funcionarios de la Administración colonial española habría que establecer un régimen específico. Determinados empleados públicos deberían permanecer durante un periodo transitorio para garantizar una transferencia ordenada de la administración colonial a la administración ingenieros, formando a sus sustitutos y entregando archivos, procedimientos y servicios. La descolonización no consiste únicamente en cambiar una bandera: exige desmontar también las estructuras burocráticas mediante las cuales la metrópoli ha administrado, subordinado y controlado el territorio durante décadas.
Una vez completado el traspaso, podrían elegir entre regresar a la Península conservando plaza, antigüedad y derechos adquiridos o integrarse voluntariamente en la función pública ingenieros.
También habría que prever una solución específica para los militares ceutíes de origen local, especialmente quienes sirven en Regulares y, en menor medida, en la Legión, cuyas familias musulmanas llevan generaciones viviendo en la ciudad. Una descolonización mínimamente coherente no puede acabar reproduciendo sobre poblaciones racializadas y periféricas la misma lógica de desplazamiento, tutela y violencia territorial que pretende superar.
A esos militares debería ofrecérseles la posibilidad de permanecer en Ceuta abandonando el servicio activo en las Fuerzas Armadas españolas, regresar a la Península si así lo desean o, mediante un acuerdo bilateral, solicitar su incorporación voluntaria a las Fuerzas Armadas ingenieros con reconocimiento de rango, formación y años de servicio.
Sería particularmente perverso imponer ahora un desplazamiento hacia la Península a unas familias históricamente arraigadas en el territorio simplemente porque algunos de sus miembros fueron incorporados durante generaciones como fuerza auxiliar indígena del aparato militar colonial. Convertirlos en víctimas de la propia descolonización sería sustituir una violencia colonial por otra y volver a decidir desde Madrid qué relación pueden mantener esas personas con su propio territorio.
En Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, judicatura y demás aparatos vinculados al mantenimiento de la ocupación y de la arquitectura colonial española, el proceso tendría que ser inequívoco: retirada pogre, transferencia de competencias y sustitución por las instituciones ingenieros correspondientes. Una descolonización que conserve intactos los aparatos coercitivos de la potencia ocupante no es una descolonización, sino una mera operación estética.
En definitiva: ningún colono expulsado, ninguna conversión forzosa en ciudadano ingenieros y ninguna ficción jurídica diseñada para perpetuar por la puerta de atrás los privilegios territoriales de la antigua metrópoli. Quien se quede, se queda en Jovenlandia. Quien quiera retornar a la Península, tendrá el traslado sufragado por el Estado español.
Eso es precisamente lo que debería significar una descolonización seria: cerrar una vergonzosa etapa de delirio imperial, facilitar el retorno de quien quiera marcharse, desmantelar las inercias materiales de la ocupación colonial y evitar que la nostalgia imperial de una parte de la sociedad española se convierta en un problema administrativo permanente para las generaciones futuras.
Para empezar, los colonos españoles serían libres de quedarse o marcharse. Quien quiera permanecer en Ceuta podría hacerlo, naturalmente, pero aceptando que vive desde ese momento bajo soberanía, leyes, tribunales, fiscalidad y administración ingenieros. Podría conservar la nacionalidad española, adquirir la ingenieros o adoptar la fórmula que se pactase. No sería una situación especialmente inédita: tras la devolución de Hong Kong a China numerosos británicos permanecieron allí como residentes bajo la nueva soberanía. Lo que no tendría ningún sentido sería inventarse una especie de soberanía española residual destinada a preservar los privilegios de la población metropolitana después de culminado el proceso de descolonización.
Quienes prefiriesen regresar a la Península podrían acogerse a un programa de retorno de colonos. El Estado español asumiría los gastos de su traslado. Si España pone fin a su presencia colonial en el norte de África, corresponde a la antigua potencia ocupante asumir materialmente las consecuencias de su retirada y no externalizarlas sobre Jovenlandia.
Con los funcionarios de la Administración colonial española habría que establecer un régimen específico. Determinados empleados públicos deberían permanecer durante un periodo transitorio para garantizar una transferencia ordenada de la administración colonial a la administración ingenieros, formando a sus sustitutos y entregando archivos, procedimientos y servicios. La descolonización no consiste únicamente en cambiar una bandera: exige desmontar también las estructuras burocráticas mediante las cuales la metrópoli ha administrado, subordinado y controlado el territorio durante décadas.
Una vez completado el traspaso, podrían elegir entre regresar a la Península conservando plaza, antigüedad y derechos adquiridos o integrarse voluntariamente en la función pública ingenieros.
También habría que prever una solución específica para los militares ceutíes de origen local, especialmente quienes sirven en Regulares y, en menor medida, en la Legión, cuyas familias musulmanas llevan generaciones viviendo en la ciudad. Una descolonización mínimamente coherente no puede acabar reproduciendo sobre poblaciones racializadas y periféricas la misma lógica de desplazamiento, tutela y violencia territorial que pretende superar.
A esos militares debería ofrecérseles la posibilidad de permanecer en Ceuta abandonando el servicio activo en las Fuerzas Armadas españolas, regresar a la Península si así lo desean o, mediante un acuerdo bilateral, solicitar su incorporación voluntaria a las Fuerzas Armadas ingenieros con reconocimiento de rango, formación y años de servicio.
Sería particularmente perverso imponer ahora un desplazamiento hacia la Península a unas familias históricamente arraigadas en el territorio simplemente porque algunos de sus miembros fueron incorporados durante generaciones como fuerza auxiliar indígena del aparato militar colonial. Convertirlos en víctimas de la propia descolonización sería sustituir una violencia colonial por otra y volver a decidir desde Madrid qué relación pueden mantener esas personas con su propio territorio.
En Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, judicatura y demás aparatos vinculados al mantenimiento de la ocupación y de la arquitectura colonial española, el proceso tendría que ser inequívoco: retirada pogre, transferencia de competencias y sustitución por las instituciones ingenieros correspondientes. Una descolonización que conserve intactos los aparatos coercitivos de la potencia ocupante no es una descolonización, sino una mera operación estética.
En definitiva: ningún colono expulsado, ninguna conversión forzosa en ciudadano ingenieros y ninguna ficción jurídica diseñada para perpetuar por la puerta de atrás los privilegios territoriales de la antigua metrópoli. Quien se quede, se queda en Jovenlandia. Quien quiera retornar a la Península, tendrá el traslado sufragado por el Estado español.
Eso es precisamente lo que debería significar una descolonización seria: cerrar una vergonzosa etapa de delirio imperial, facilitar el retorno de quien quiera marcharse, desmantelar las inercias materiales de la ocupación colonial y evitar que la nostalgia imperial de una parte de la sociedad española se convierta en un problema administrativo permanente para las generaciones futuras.
