El hermano de Pedro Sánchez es oficialmente un PREVARICADOR.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación. La sentencia, que no incluye pena de prisión ni devolución de los casi 400.000 euros cobrados, también afecta al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros ocho funcionarios. El fallo no es firme y abre la vía a un largo periplo judicial.

David Sánchez, condenado: nueve años de inhabilitación por prevaricación​

La Audiencia de Badajoz ha dictado sentencia en el caso por el que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue juzgado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El tribunal le impone nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, pero no prisión. Tampoco se le exige devolver los salarios cobrados desde 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, un puesto creado a medida, según la acusación, por el entonces presidente Miguel Ángel Gallardo. Este último también ha sido condenado a la misma pena, al igual que otros ocho funcionarios que colaboraron en la contratación.

La sentencia considera probado que el puesto fue diseñado exclusivamente para David Sánchez, que no reunía los requisitos ni presentó los títulos que supuestamente le habilitaban. Sin embargo, el tribunal no apreció tráfico de influencias, un extremo que la acusación no pudo demostrar más allá de toda duda razonable. El fallo no es firme: cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Este detalle, omitido en algunas informaciones iniciales, es crucial: el proceso podría alargarse años y, en el peor de los casos para la acusación, la condena podría ser anulada.

La sombra del tráfico de influencias: ¿quién movió los hilos?​

Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia es la absolución por tráfico de influencias. La acusación sostenía que la intervención de altas esferas del PSOE, posiblemente del propio presidente, en la creación del puesto era evidente. Sin embargo, el tribunal aplicó el principio "in dubio pro reo" y no consideró probada esa presión. Queda en el aire la pregunta: si Gallardo prevaricó para colocar al hermano de Pedro Sánchez, ¿lo hizo por iniciativa propia o bajo instrucciones externas? La Fiscalía no logró demostrar la conexión, pero el relato judicial deja abierta la intriga.

Dinero público: ni devolución ni prisión​

La ausencia de devolución del dinero percibido, estimado en unos 400.000 euros, ha generado una indignación comprensible. Legalmente, solo los perjudicados directos —en este caso, la Diputación de Badajoz— pueden reclamar esa cantidad en la vía civil, y la Fiscalía no lo solicitó en el proceso penal. El resultado es que el condenado se queda con el dinero, al menos de momento. La pena de inhabilitación, aunque grave, no impide que David Sánchez pueda trabajar en el sector privado o en empresas públicas no sujetas a esa restricción, según apuntan algunas interpretaciones. La puerta giratoria sigue abierta.

La sensación de impunidad recorre el debate: para un ciudadano sin contactos, una condena por prevaricación suele significar el final de su carrera profesional. Para el hermano del presidente, la inhabilitación puede ser un mero inconveniente de nueve años, tras los cuales la maquinaria de recolocación podría volver a funcionar. Mientras tanto, las costas procesales se han fijado solo al 50%, otro gesto que alimenta el malestar.

Un camino judicial largo y lleno de incertidumbre​

La sentencia de la Audiencia de Badajoz es de primera instancia. La defensa de David Sánchez ya ha anunciado que recurrirá, y el proceso podría llegar hasta el Supremo. Si se dilata lo suficiente, coincidirá con ciclos electorales y podría ser utilizada como munición política por ambas partes. El tiempo juega a favor de los condenados: cuanto más se alargue el proceso, más difícil será mantener la inhabilitación en caso de revocación. La justicia, en este caso, avanza despacio.

La condena por prevaricación es un hecho penal, pero su efectividad depende de la firmeza. En España, las sentencias no firmes se recurren sistemáticamente, y este caso no será una excepción. La pregunta es si la opinión pública mantendrá el foco durante los años que probablemente dure el periplo judicial. Por ahora, el titular es rotundo: el hermano del presidente es, a todos los efectos legales, un prevaricador. Pero la letra pequeña —nueve años, sin cárcel, sin devolución— rebaja el impacto de un fallo que, para muchos, sabe a poco.