El Ingreso Mínimo Vital crece casi un 28% en un año y llega a 575.317 hogares y 1.725.571 beneficiarios.

El IMV sostiene a casi dos millones de personas​

Un mes de pensiones paga un año entero de Ingreso Mínimo Vital. La aritmética que acompaña a esta prestación es tozuda: los 3.000 millones que consume cada ejercicio equivalen al 33% de la nómina mensual de las pensiones, y la ayuda alcanza ya a casi dos millones de personas. Doce mensualidades de pensiones financiarían casi medio siglo de IMV. Casi dos millones de personas viven, entera o parcialmente, de esa transferencia.

La cifra admite dos lecturas y ninguna se impone. Para quien abrió el hilo, es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. Para otros, un parche caro que cronifica la dependencia. Ambas cosas se defienden con los mismos números.

¿Cuánto cuesta el IMV al año y a cuánta gente llega?​

El gasto anual se sitúa en 3.000 millones de euros. Puesto en relación con la nómina de las pensiones, ese importe equivale a un mes de pagas. La comparación inversa, la que se repite en los análisis más críticos, es que un año completo de pensiones cubriría casi cincuenta ejercicios de esta prestación.

El alcance humano es la parte que más se subraya: casi dos millones de personas viven del Ingreso Mínimo Vital. Es el dato que utilizan tanto quienes defienden la prestación como quienes la atacan.

¿Cuánto cobra al mes una persona que recibe el IMV?​

Para un adulto que vive solo, la cuantía ronda los 604 euros al mes. En familias con menores, el importe escala según el número de miembros y puede llegar a los 1.400 euros mensuales. Es una horquilla que va de lo que apenas cubre un alquiler de habitación a lo que permite sostener una casa con niños.

Quien defiende la medida insiste en ese suelo: evita que haya gente sin ningún ingreso. Quien la critica responde que 604 euros no sacan a nadie de la pobreza y sirven, como mucho, para comer y dormir bajo techo. En medio aparece una tercera vía, la de equiparar la prestación al Salario Mínimo Interprofesional para eliminar lo que se describe como discriminación entre cobrar una ayuda y trabajar.

El impacto sobre la economía sumergida, en discusión​

La tesis de partida es que la prestación retira gente de la calle. Con un ingreso mínimo garantizado, se argumenta, desaparece parte del incentivo para dedicarse al menudeo, a la prostitución o a la mendicidad. Es la versión amable del dato.

La objeción es tan simple como difícil de rebatir: quien ya obtenía ingresos de esas actividades no las abandona, solo suma. Se sostiene incluso que la propia ayuda engorda la demanda de esos mercados, porque los clientes también la cobran. No hay cifras en ninguna de las dos direcciones; hay relato en ambas.

IMV, SMI y renta básica: mismo dinero, reglas distintas​

El Salario Mínimo Interprofesional está en 1.135 euros, frente a los 740 de la etapa de Rajoy. La subida, según el análisis más escéptico, se ha trasladado íntegra a los precios: nadie vive mejor con la subida que sin ella. El debate de fondo es si las subidas generalizadas de salarios generan inflación y dejan el poder de compra donde estaba.

En el otro extremo está la renta básica universal. Su factura se estima, según el cálculo que se maneja en el hilo, en unos 200.000 millones, una cifra del orden de lo que se recauda por IRPF e IVA —lo que obligaría a doblar los ingresos—, frente a los 3.000 millones del IMV. Los defensores la describen como un derecho inalienable, compatible con trabajar y no dependiente del humor del funcionario de turno; los críticos, como una fantasía fiscal. El IMV, dicen los primeros, es dependencia y sumisión; la RBU, libertad. El problema es que la segunda no está sobre la mesa.

¿Debería exigirse una contraprestación a cambio de la ayuda?​

La propuesta más repetida pasa por pedir dos o tres horas diarias de servicio social: acompañar a mayores, desbrozar monte, retirar pintadas. Se cita el modelo japonés como referencia de ocupación útil sin recurrir a mano de obra esclava. La idea tiene un atractivo evidente: el derecho vendría acompañado de un deber.

La crítica frontal es que las ayudas sin contraprestación son dinero tirado y fomentan la vagancia; hay incluso quien sostiene que deberían devolverse.

Dónde se concentran los beneficiarios​

La geografía de la prestación no es uniforme. Ceuta y Melilla registran el mayor porcentaje de perceptores sobre su población. En la península, la provincia con más peso relativo es Jaén.

El mapa sirve a las dos narrativas. Para unos, demuestra que la ayuda llega donde el trabajo escasea. Para otros, dibuja el mapa de la dependencia.

Con 3.000 millones al año, casi dos millones de beneficiarios y una cuantía base de 604 euros, la pregunta ya no es si el IMV debe existir, sino cuánto puede crecer antes de que el asunto deje de discutirse en términos ideológicos y empiece a cuadrarse con aritmética.