Noticia: El jovenlandés que quemó a su novia llegó hace 40 días en patera a lanzarote, tenía orden de expulsión

Una orden de expulsión sin ejecutar y una joven quemada en Canarias​

Un joven llegado a Lanzarote en patera permaneció 40 días en España antes de ser señalado como presunto autor de una agresión con gasolina contra su novia, una menor de 17 años tutelada por la administración pública. Cuando ocurrió el suceso, la orden de expulsión dictada contra él seguía dentro del mes de plazo para presentar recurso de alzada. La administración ya había decidido que debía salir del país. No llegó a ejecutarlo.

Ese desfase entre la decisión y el hecho es lo que ha convertido el caso en algo más que un suceso: es el ejemplo que muchos llevaban tiempo esperando para discutir cómo funciona —y cómo no funciona— el control de la inmigración irregular.

¿Qué se sabe de la cronología del caso?​

El relato reconstruido arranca con la llegada en patera desde Marruecos, sin documentación alguna. El joven fue internado en el centro de menores de La Isleta, en Gran Canaria, un recurso del que entraba y salía a la calle todos los días. A las dos semanas se le notificó la orden de expulsión, y el procedimiento quedó entonces en el mes reglamentario de suspensión por el recurso de alzada.

En ese intervalo conoció a una chica española de 17 años, también bajo tutela pública. Ambos habrían pasado varias noches en una vivienda ocupada. Después, según las versiones publicadas, el joven roció a la muchacha con gasolina y le prendió fuego. Circula además la afirmación de que ya en Marruecos había protagonizado un episodio similar dos años antes; ese extremo no aparece confirmado por ninguna autoridad en la información disponible.

¿Por qué hay órdenes de expulsión que nunca se ejecutan?​

Sobre el papel, señalan quienes siguen estos procedimientos, existen órdenes de expulsión para millones de personas. En la práctica se ejecutan muy pocas. El afectado se desplaza a otro país europeo, se oculta o se identifica con otro nombre, y el expediente se queda en el limbo. Faltan plazas de internamiento y sobran trámites que caducan antes de resolverse.

De ahí sale una propuesta que reaparece cada vez que ocurre algo así: que el mes de recurso se pase en un recinto cerrado, con control y vigilancia, en lugar de en régimen de salidas diarias. Quien la defiende argumenta que entrar sin permiso ya es una infracción y que la tutela no debería confundirse con impunidad. Quien la rechaza responde que encerrar a menores sin condena firme tiene un coste jurídico difícil de sostener. El cálculo de cuántos expedientes duermen sin ejecutarse es, precisamente, el dato que nadie publica.

La tutela de menores y la responsabilidad de los centros​

La otra pata del asunto es el régimen de los centros de acogida. Se sostiene que las educadoras sociales y los responsables de los recursos deberían asumir una responsabilidad subsidiaria cuando un menor tutelado entra y sale sin control y acaba envuelto en un suceso grave. La crítica no apunta al menor, sino a la ausencia de supervisión efectiva sobre alguien que está bajo protección del Estado.

Del otro lado se recuerda que estos centros atienden a adolescentes, no a internos, y que la propia víctima se escapaba del recurso en el que estaba tutelada. Nadie tutela a un menor de 17 años con una celda y un vigilante detrás, y ese es justo el punto que ninguna administración quiere defender en público.

Un caso aislado en una semana de sucesos​

El caso se ha leído en clave colectiva porque coincide en el tiempo con otros episodios: los altercados de Torre Pacheco y el caso de la joven agredida sexualmente y rapada. Hay quien subraya esa coincidencia como prueba de un patrón y quien la atribuye a la casualidad y al ruido mediático, con la sospecha añadida de que solo se cuentan las versiones que convienen.

La consecuencia práctica es que el suceso ha dejado de ser un suceso. Unos lo usan para exigir que la ley se cumpla en el primer eslabón, el de la expulsión; otros avisan de que convertir cada crimen en un argumento de política migratoria acaba contaminando el terreno judicial. Las dos posturas se sostienen sobre un hecho incómodo: la orden existía.

Qué se sabe del estado de la víctima​

Las versiones publicadas sitúan las quemaduras entre el 95% y el 97% del cuerpo, con apenas un margen de piel viable para injertos que oscila entre el 3% y el 5%. La edad juega a favor de la supervivencia, aunque el pronóstico sigue siendo reservado. Nada de eso tiene arreglo administrativo, ni se resuelve con un cambio de protocolo.

La pregunta que queda sin responder no es qué falló, sino cuántas órdenes como esa siguen durmiendo en un cajón mientras su destinatario vive a pie de calle.