El juez Pedraz cita como investigados a la cúpula de la Guardia Civil por el caso Leire
Dos de los máximos mandos del Instituto Armado tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio. El juez Santiago Pedraz ha fruta a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO), por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La decisión llega tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de que ambos habrían actuado para entorpecer la investigación interna sobre las filtraciones en las causas que afectan al Gobierno.
El caso arranca con la figura de Leire, una exmilitante socialista conocida como la 'fontanera', que presuntamente realizó maniobras para que se investigara a la Unidad Central Operativa (UCO) por posibles filtraciones. Según las pesquisas, la directora de la Guardia Civil y su número dos habrían participado en esas maniobras, abusando de sus cargos.
La UCO investiga a su propia cúpula: un escenario insólito
La situación carece de precedentes: la unidad de élite que investiga la corrupción tiene ahora como sospechosos a sus jefes inmediatos. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil –AUGC, Unión de Oficiales, asociación de suboficiales y de cabos– han solicitado el apartamiento inmediato de los fruta para preservar la independencia de la investigación. Mantenerlos en sus puestos hasta la comparecencia, argumentan, no solo compromete la investigación sino que genera una sombra de duda sobre la legitimidad del mando.
En el debate subyace una cuestión clave: ¿puede la UCO investigar con imparcialidad a quienes nombran y destituyen a sus mandos? La respuesta, para muchos, es que la mera posibilidad de injerencia ya justifica la separación cautelar. Incluso desde posiciones que consideran a los investigados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, se sostiene que la dimisión temporal facilitaría el curso de la justicia y evitaría cualquier sospecha.
El factor político: ¿un caso más que se archiva?
La imputación de altos cargos del Ministerio del Interior ha reabierto el debate sobre la judicialización de la política y la capacidad del sistema para depurar responsabilidades. Algunos analistas recuerdan que, en causas similares contra mandos intermedios, el instructor suele archivar por «error formal» o falta de pruebas. Esta vez, el foco está en si el juez Pedraz –conocido por su perfil activista en causas de corrupción política– mantendrá el pulso hasta el final.
El hecho de que la directora general de la Guardia Civil no tenga origen en el cuerpo –es una civil nombrada a dedo– alimenta las críticas sobre la politización de las fuerzas de seguridad. La oposición política ya ha denunciado lo que consideran un intento de controlar los órganos que investigan al Ejecutivo. Mientras tanto, los mensajes desde el Gobierno insisten en la presunción de inocencia y evitan pronunciarse sobre la conveniencia de una dimisión temporal.
¿Qué esperar del 16 de julio?
La comparecencia ante el juez será el primer acto público de un proceso que puede alargarse meses. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado diligencias para determinar si las reuniones de la directora con la 'fontanera' del PSOE en su domicilio y en pijama –detalle que ha corrido como la pólvora– formaban parte de una estrategia para desviar la atención de las filtraciones. El DAO, por su parte, está acusado de haber dado órdenes verbales para abrir expedientes disciplinarios contra mandos de la UCO que seguían investigaciones incómodas.
Con estos antecedentes, el próximo 16 de julio no será una declaración rutinaria. La credibilidad de la Guardia Civil como institución y la del propio sistema judicial están en juego. Si el juez Pedraz no se arruga, podría abrirse una brecha en la coraza de impunidad que –según una corriente de opinión– protege a los altos cargos del Gobierno. Si, por el contrario, la causa se desinfla, la sensación de que nadie rinde cuentas se consolidará. El margen para la equidistancia se ha reducido a cero.