El multirreincidente que se ríe de la justicia: "soy un vividor"

Multirreincidencia impune: 16 antecedentes y una ley que no llega​

Pol Sánchez tiene 22 años, vive en el barrio barcelonés de Sants y acumula 16 antecedentes policiales. Presume en redes de no trabajar nunca y de ganar miles de euros con las donaciones de sus casi 26.000 seguidores. «El Código Penal está pensado para delincuentes como yo. Me río de la justicia», dice. La frase es suya. La pregunta —si una norma puede dejar pasar esto— es de todos.

Un «vividor» de 22 años con 16 antecedentes policiales​

El reportaje que puso el caso sobre la mesa lo describe como un profesional de la delincuencia: comparte con su audiencia cómo comete infracciones, se sabe el Código Penal y sostiene que la ley es beneficiosa para los multirreincidentes. Ni estudia ni trabaja, pero asegura ganar «miles de euros» con donaciones de sus seguidores. «Gano más, vivo mejor que cualquier persona y como gratis por la cara», resume.

El dato que más se repite en la prensa no es individual, sino colectivo: que no tiene sentido pedir más policía si a los mismos multirreincidentes se les ha detenido e identificado «más de 200 veces». Ese es el argumento que circula. Porque si los mismos nombres vuelven a la calle tras doscientas identificaciones, el problema no es la falta de agentes. Es lo que ocurre después del cacheo.

¿Cuántos multirreincidentes hay en Barcelona y cuánto delito acumulan?​

Los números son los que sostienen la alarma. Barcelona registró 526 multirreincidentes que sumaron casi 6.200 hurtos y robos en un año. Los hurtos en el metro de la ciudad crecieron un 47,3% respecto al ejercicio anterior. Con esos mimbres, la Ciudad Condal aparece ya como la segunda capital más peligrosa de Europa por tasa de robos, solo por detrás de Bruselas.

El reverso es la impunidad. Más del 73% de los delitos cometidos en Barcelona quedan sin castigo, y en Cataluña ocho de cada diez denuncias por seguridad ciudadana terminan sin sanción. Traducido: la probabilidad de acabar ante un juez es baja, y la de acabar entre rejas, más baja todavía. Con esas probabilidades, delinquir no es un riesgo. Es una opción de vida.

¿Por qué la multirreincidencia no acaba en prisión?​

La respuesta que dan policías y jueces apunta a dos cuellos de botella: el colapso de los juzgados y los retrasos de los juicios rápidos. Casos que deberían celebrarse en quince días pueden tardar año y medio, y cuando la maquinaria se pone en marcha el delito ya ha prescrito o el autor ya ha vuelto a las andadas.

Los ejemplos extremos se acumulan: un hombre con 101 antecedentes por robo que queda libre; una persona que suma 47 antecedentes policiales, primer arresto en 2008 siendo menor y una nueva detención con 59 gramos de cocaína en el coche, que sale en libertad provisional; detenciones con ocho órdenes de ingreso en prisión vigentes en distintos juzgados. Frente a eso, el Colegio de Abogados prepara una propuesta para que la sustracción de un teléfono deje de ser un delito leve. Y alguna sentencia ya se apoya en el argumento contrario: prisión para un ladrón porque «el delito se ha convertido en su modo de vida».

De Mataró al Congreso: la reforma que llega con retraso​

El pulso político lleva tiempo montado. El alcalde de Badalona sostiene que no sirve de nada tener muchos policías en la calle si no hay un cambio legislativo, y desde Mataró se ha pedido reformar el Código Penal para castigar la multirreincidencia. La preocupación por estos delitos es una de las que los alcaldes del área de Barcelona trasladan al Govern, y el alcalde de l'Hospitalet ha reclamado por carta al ministro de Justicia medidas contra la multirreincidencia. La queja municipal es siempre la misma: detener sirve de poco si el detenido vuelve al barrio antes que el atestado.

El desenlace llegó en el Congreso. La reforma del Código Penal impulsada por Junts per Catalunya para castigar la multirreincidencia salió adelante con 170 votos a favor del PSOE, PP, Vox y la propia formación catalana. La norma desbloquea una exigencia que llevaba meses parada.

El origen de los detenidos y la vía de la expulsión​

Hay una parte del diagnóstico que se plantea en voz alta en alcaldías y juzgados: qué peso tiene la situación administrativa de los detenidos. Los porcentajes que se manejan —el 58% de los reincidentes detenidos por los Mossos por delitos patrimoniales son magrebíes, el 80% de los delitos de Barcelona atribuidos a extranjeros o el 91% de los detenidos por hurtos, según las cifras publicadas por distintos medios— alimentan ese foco, aunque la estadística por sí sola no explica la reincidencia: la explica la falta de respuesta penal efectiva.

En paralelo, el Tribunal Supremo ha avalado expulsar a un extranjero en situación irregular que no se marcha tras ser sancionado, una doctrina que la propia resolución vincula al marco de la Directiva 2008/115/CEE.

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Con la reforma aprobada pero sin desarrollo conocido, la predicción razonable es prudente: si no cambia la velocidad de la justicia, los nombres de los titulares de sucesos seguirán repitiéndose. Habrá que ver si el nuevo texto penal basta o si, como hasta ahora, la multirreincidencia sigue siendo el mejor negocio de la ciudad.