El debate sobre quién limpia los culos a los ancianos destapa la doble moral de la progresía
Fernando Arancón, conocido activista progresista, se ha convertido en el centro de una polémica al exigir, según se ha difundido, que personas migrantes se encarguen del cuidado de su madre. Un análisis de los datos disponibles muestra que la economía de los cuidados en España depende cada vez más de trabajadores extranjeros dispuestos a aceptar salarios bajos y condiciones precarias, mientras que los sectores con mayor poder adquisitivo evitan el contacto con un sistema público que ellos mismos defienden.
La paradoja del cuidador: todos quieren mano de obra barata, pero no en su casa
El caso de Arancón ilustra una contradicción recurrente: muchos defensores del estado del bienestar optan por soluciones privadas cuando se trata de sus propios familiares. Colegios de pago para sus hijos, geriátricos privados para sus padres y, cuando no queda más remedio, contratar a personas migrantes por 8 euros la hora para tareas domésticas y de cuidado. Mientras tanto, los salarios en estos sectores se mantienen estancados desde hace dos décadas.
Un dato recurrente en los análisis: en 1998 ya se necesitaba mano de obra externa para estas tareas. La diferencia es que ahora la demanda es mucho mayor debido al envejecimiento de la población. Japón o Australia, países con restricciones migratorias estrictas, afrontan el mismo problema con robots y visados específicos. España ha optado por una solución más laxa: importar trabajadores dispuestos a vivir en condiciones que los autóctonos rechazan.
Rentismo inmobiliario y fuga de cerebros: las dos caras de la misma moneda
El debate se cruza con otro: el del rentismo. Mientras los propietarios de viviendas obtienen rendimientos sin apenas productividad, los jóvenes cualificados se ven forzados a emigrar ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en las grandes ciudades. «Me pagaron una carrera y me fui porque no quería compartir piso en Madrid», cuenta un ingeniero que ahora trabaja en el extranjero. La paradoja es que esos mismos emigrantes podrían estar cubriendo las plazas de cuidado que ahora ocupan migrantes con menos formación.
La solución que algunos proponen es radical: concentrar a los ancianos en macrocentros en la España vaciada y permitir que los trabajadores residan donde hay vivienda asequible. Una idea que choca con la realidad de que las pensiones no dan para pagar esos servicios y que el Estado no tiene ni la voluntad ni los recursos para llevarlo a cabo.
El falso debate que oculta la verdadera agenda
Detrás de la polémica sobre quién cuida a los mayores, algunos analistas apuntan a intereses estatales menos confesables. La necesidad de tropas para futuros conflictos, la demografía menguante y la conveniencia de mantener un ejército de reserva barato son motivos que explicarían la apuesta por una inmigración masiva y desregulada. Los «urbanitas derechohabientes bienestarizados» están demasiado cómodos para ser soldados; hace falta carne de cañón más desesperada.
Sea como fuere, lo que queda claro es que el debate sobre los cuidados rara vez aborda el fondo: por qué estos trabajos están tan mal pagados que solo los realizan quienes no tienen otra opción. Mientras los salarios no suban, seguirá siendo rentable importar mano de obra dispuesta a vivir en lo que algunos llaman «condiciones pseudoesclavas». La pregunta es si la sociedad española está dispuesta a pagar el precio real de cuidar a sus mayores o prefiere seguir mirando hacia otro lado.