Hondarribia: tres disparos y una versión de «grave riesgo»
¿Cómo se pasa de un hombre descalzo con un cuchillo en una terraza de bar a tres disparos en una rotonda? El agente de la Guardia Municipal de Hondarribia que abatió a Babacar Welle, senegalés de 46 años, declaró en comisaría que abrió fuego porque la vida de su compañera ertzaina corría «grave riesgo». Su pistola está intervenida, remitida como prueba al juzgado, y él fue apartado del servicio. Los otros seis policías que intervinieron declararon como testigos hasta la una de la madrugada.
Qué dice el atestado: siete agentes y al menos tres disparos
La secuencia arranca unos minutos antes de las ocho de la noche en la calle San Pedro, una de las zonas de bares de la localidad guipuzcoana. El 112 recibió varias llamadas. Dos patrullas de la Ertzaintza de Irún, que cubre esa demarcación, y varias unidades de la Guardia Municipal se desplazaron hasta sumar
siete agentes, que fueron embolsando al hombre mientras le requerían en varias ocasiones que soltara el arma blanca. «¡Todo el mundo para atrás!», gritaba una ertzaina a quienes se arremolinaban alrededor.
El grupo llegó hasta la rotonda de Itsasargi kalea, junto al colegio Ama Guadalupekoa. Allí el hombre se giró de forma brusca hacia una agente a la que superaba en estatura, intentó agredirla y falló. Ella cayó al suelo. Cuando volvió a acometerla, el policía local efectuó
al menos tres disparos; algunos impactos le alcanzaron por la espalda. Una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra medicalizada del Bidasoa acudieron al lugar: 30 minutos de maniobras avanzadas de resucitación, sin éxito.
¿Por qué no se intervino antes con una persona ya conocida por las instituciones?
Osakidetza y los servicios sociales del Ayuntamiento conocían su situación. El alcalde, Igor Enparan, lo reconoció sin rodeos: «Si hubiésemos trabajado con anterioridad, esto se podía haber evitado». Vecinos de Hondarribia aseguraron haberle escuchado esa misma mañana amenazar con matar a alguien. Era, además, una persona con continuas actuaciones policiales previas.
Un historial extenso que no se tradujo en una
plaza residencial ni en un protocolo de seguimiento. Los agentes destinados en la zona lo resumían con una frase incómoda: sabían que algo así podía pasar.
Nadie firma esa parte.El uso del arma reglamentaria: qué se está investigando
La Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso. Cuenta con la declaración de numerosos testigos y con varios vídeos de los momentos previos al tiroteo, en los que se ve al fallecido exhibiendo el cuchillo en una mano. El policía, miembro de las últimas promociones, recibió asesoría jurídica del sindicato Euspel.
Se dirime si el uso de la fuerza fue proporcionado. Hay quien sostiene que la superioridad numérica permitía otra respuesta; enfrente pesa el argumento de que una agresión a corta distancia con arma blanca no deja margen de reacción. La cuestión de fondo no es la puntería: es si el riesgo era real, inminente y grave cuando se apretó el gatillo.
Un caso que se lee también en clave política
El suceso ha entrado de lleno en el terreno del
relato. Una parte del comentario público carga contra las administraciones por no haber atendido antes a un hombre con problemas de salud mental documentados. Otra defiende la reacción policial como respuesta inevitable ante una agresión con cuchillo. Y una tercera intenta encajarlo en el debate migratorio, aunque los datos disponibles apunten a una vulnerabilidad psiquiátrica que las instituciones tenían sobre la mesa.
Tres lecturas del mismo atestado y un denominador común: la sensación de que el sistema llegó tarde. El alcalde habló de fracaso colectivo, y ahí hay consenso amplio. Lo que nadie termina de concretar es a quién se le pasa la factura.
Quedan una pistola en el juzgado, siete declaraciones policiales, varios vídeos y un hombre muerto al que media ciudad conocía de vista. El alcalde dice que falló la sociedad. Un sujeto tan amplio nunca dimite.