El presidente de la diputación de badajoz que empleó al hermanísimo deja el cargo y se hace diputado, "por si acaso"

Gallardo deja la Diputación de Badajoz y se blinda como diputado​

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, anunció su incorporación «de forma inmediata» a la Asamblea de Extremadura. El movimiento llega después de que su nombre apareciera vinculado al llamado caso Azagra, en el que se investiga el empleo de familiares de cargos socialistas. La maniobra tiene una consecuencia jurídica concreta: como presidente de la Diputación no era aforado; como diputado autonómico, sí. De ahí el «por si acaso» que resume el asunto.

El PSOE extremeño difundió el anuncio en sus redes con el lema de campaña «La Tierra Que Nos Une». La oposición no tardó en leerlo como una huida hacia delante: quien se sabe investigado cambia de escaño para cambiar de tribunal.

Qué es el aforamiento y por qué importa aquí​

La clave está en una asimetría del sistema. Los presidentes de las diputaciones provinciales no están aforados. Los parlamentarios autonómicos, sí. El trasvase de un cargo a otro no cambia la persona, pero sí el órgano que instruye la causa: del juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

En España hay casi 250.000 aforados, según el desglose que circula en el análisis: algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto, 17.603 en total, pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. Presidentes de parlamentos autonómicos, parlamentarios, carreras Judicial y Fiscal, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensores del Pueblo. Las diputaciones provinciales, en cambio, quedan fuera.

Para colocar a Gallardo en la Asamblea hubo que mover piezas: un parlamentario dimite y cuatro suplentes entran en juego. La operación no es un simple cambio de despacho.

El caso Azagra y el hermano de Sánchez​

El nombre de Gallardo aparece vinculado al caso Azagra, la investigación sobre contrataciones de familiares de cargos socialistas. En una de las declaraciones recogidas por la prensa, el propio Gallardo sostuvo: «Yo no sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano». La frase, difundida por Diario HOY, se ha convertido en el resumen involuntario de la defensa.

El asunto conecta con el empleo del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. La instrucción sigue abierta y los datos disponibles no permiten hablar de condena ni de hecho probado. Lo que sí es un hecho es el calendario: el cambio de escaño se produce con la causa en marcha.

El aforamiento como problema estructural​

Más allá del caso concreto, el episodio reabre el debate sobre una figura que en la mayoría de países europeos se limita al jefe del Estado o al presidente del Gobierno. En España se extiende a miles de cargos. La justificación original era proteger a los parlamentarios de querellas temerarias; el uso actual, según las críticas, es otro.

Hay quien sostiene que el aforamiento no impide investigar, solo cambia el tribunal. En contra pesa el argumento de que eleva el umbral, alarga los plazos y concentra la decisión en órganos más sensibles al equilibrio político. El resultado práctico, en cualquier caso, es que un investigado puede elegir el fuero cambiando de acta.

Qué dicen los cálculos y qué queda abierto​

El desglose completo de aforados por institución —los 232.000 de las fuerzas de seguridad, los 17.603 de instituciones del Estado y las comunidades, los cinco de la Familia Real— da una foto que sorprende a quien la lee por primera vez. La cifra desmonta la idea de que el aforamiento es una excepción reservada a la cúpula del Estado.

La pregunta que queda sin respuesta es si el movimiento de Gallardo responde a una estrategia jurídica o a una simple rotación orgánica. Él no lo ha explicado. La causa sigue su curso y el nuevo escaño ya está ocupado.