Las 11 parcelas públicas de Ayuso que no acabaron en vivienda protegida
El PSOE ha formalizado la denuncia: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vendido 11 parcelas públicas a lo largo de esta legislatura en lugar de destinarlas a vivienda protegida. El dato no es menor cuando la compraventa de suelo se ha convertido en uno de los ejes de la batalla política sobre el precio de la vivienda.
Ventas que necesitan pruebas, no titulares
Los críticos con la denuncia piden algo más que recortes de prensa: valoraciones técnicas, pliegos de condiciones y el destino final de los ingresos. Sin esos documentos, el cruce de acusaciones se queda en el terreno de las intenciones. La procedencia de los compradores, que se apunta como capital extranjero, forma parte de lo que deberá aclararse.
En el otro lado, quienes ven la operación con buenos ojos recuerdan que vender suelo público no es en sí mismo un agravio: puede financiar otras políticas o reactivar zonas como Móstoles Tecnológico, un ámbito de desarrollo que suena mucho más a negocio inmobiliario que a residencial asequible.
El espejismo de la vivienda protegida
Parte del escepticismo se ceba con el propio concepto de vivienda protegida. Si pagar casi lo mismo que por una vivienda privada y arrastrar condiciones hipotecarias similares es lo que ofrece el mercado, la etiqueta “protegida” significa poco. Esa grieta conceptual debilita tanto a la denuncia como a las políticas que pretenden arreglarla.
El PSOE, que desde el Gobierno central prometió 300.000 viviendas, tampoco está en posición de lanzar la primera piedra sin responder por sus propios compromisos. Con la presión electoral encima y el acceso a la vivienda como primer problema, la batalla por el suelo público solo ha empezado. Cabe esperar más denuncias cruzadas y pocas rectificaciones de calado, al menos hasta que los documentos digan quién vendió, a quién y a qué precio.