El PSOE nos ha metido en un grave conflicto diplomático con EEUU.

España niega las bases a EEUU y asume el coste geopolítico​

¿Cuánto cuesta decirle que no a Washington? El Gobierno español ha negado a Estados Unidos el uso de las bases militares en territorio español para los bombardeos sobre Irán, la operación bautizada como Furia Épica. La negativa se ampara en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países, que regula el uso de esas instalaciones. El efecto inmediato ha sido otro: los aviones estadounidenses se han derivado a bases de Reino Unido, Alemania e Italia. El pulso queda abierto y su factura, sin cuantificar.

Qué permite el Convenio de Defensa entre España y EEUU​

Antes de sacar conclusiones, el marco. Las bases son españolas y España autoriza su uso dentro de los límites del Convenio. No existe soberanía conjunta ni extraterritorialidad, a diferencia de países con tropas extranjeras en condiciones de ocupación, y el personal estadounidense responde ante la jurisdicción española en caso de delito. Técnicamente, España podía negar ese uso. Lo ha hecho.

La pregunta útil no es si tenía derecho a ejercerlo. Es si le convenía hacerlo ahora, con el tablero en plena sacudida.

Qué gana y qué pierde España con el veto a las bases​

Aquí arranca el nudo. Una parte del análisis sostiene que España no obtiene nada material —Irán no ofrece contrapartida alguna por el gesto— y sí asume riesgos de recorrido largo. En esa lista aparecen un apoyo estadounidense más decidido a Marruecos, dificultades para acceder a según qué tecnología, vetos en foros internacionales cuando vengan mal dadas, menos inversión extranjera —centros de datos, por ejemplo— o trabas a las empresas españolas de hidrocarburos por medio mundo.

El razonamiento opuesto es más simple: quien se mete en una guerra ajena carga con sus daños. En los países con bases estadounidenses repartidas por la región, se subraya, han acabado cayendo regalitos poco apetecibles. Y la reciprocidad, en todo caso, no existe.

Irán, la bomba nuclear y el tablero que no se mira​

El núcleo geopolítico es Irán y su programa atómico. La tesis dominante es que Occidente no puede permitirse un Irán con capacidad nuclear; en eso coincidirían tanto EEUU como China, interesada en que el régimen de los ayatolás no se erija en potencia hegemónica regional. Como moneda de cambio, Washington habría prometido no bombardear pozos y refinerías, una línea roja puesta desde Pekín.

La lectura contraria niega el supuesto de partida: que la amenaza nuclear iraní sea una vieja trola del primer ministro israelí, sin pruebas públicas que la sostengan. De fondo late la pregunta de si España debe alinearse dentro de Occidente sin fisuras o guardar distancia en conflictos que no son suyos.

El coste económico: energía, tecnología e inversión​

El impacto económico es donde el asunto se vuelve tangible. Se teme que el episodio encarezca la factura energética —gas natural licuado y petróleo más caros— y que complique el volumen de importación, además de dejar en el aire contratos pendientes en otros mercados. Frente a eso, se recuerda que EEUU no actúa por amistad sino por interés, y que ningún socio cobra por alinearse con un bombardeo.

Al otro lado del Atlántico la reacción ha sido la de siempre: ni matices ni interpretaciones finas. El episodio se leería, según esta lectura, como una toma de partido por Teherán, con independencia de los detalles jurídicos.

Qué puede pasar ahora con las bases de Rota​

La pregunta que sobrevuela es qué hace EEUU con una instalación que no puede usar cuando la necesita. La hipótesis que circula: trasladar la base al otro lado del Estrecho, a Marruecos, socio preferente de Washington tanto con administraciones demócratas como republicanas. No hay decisión conocida en ese sentido; es un escenario, no un hecho.

Si Rabat consolida ese papel, el equilibrio en el Estrecho, en Ceuta, Melilla y Canarias deja de ser un ejercicio de manual. Ahí es donde el debate abandona la anécdota diplomática y entra en el terreno del interés nacional.

Quién defiende el 'no' a Washington​

No todos lo ven como un error. Hay quien considera acertado mantenerse al margen de un conflicto que puede derivar en una guerra con armas nucleares en medio, y quien señala que la potestad de decidir sobre lo que ocurre en suelo propio es lo mínimo exigible a un país soberano. También se apunta que España no está obligada a seguir a la OTAN más allá de la letra del tratado.

Con semejantes mimbres, la pregunta no es si España saldrá malparada. Es quién pagará la factura y cuándo llegará el recibo. Como si nadie fuera a cobrarla, claro.