El Salvador reduce su déficit fiscal, a pesar de apostar por bitcoin

El Salvador recorta el déficit fiscal y guarda 2.271 bitcoins​

El déficit fiscal de El Salvador se estrecha y JPMorgan lo certifica: el país podrá financiarse al menos hasta 2024. Lo llamativo no es el dato, sino quién lo firma y con qué adjetivos. El mismo Estado al que varias calificadoras colocaban a principios de año al borde del impago aparece ahora con un manejo fiscal sobresaliente. Y todo eso sin renunciar a sus 2.271 bitcoins en reserva nacional, con una deuda pública que ronda el 90% del PIB.

Qué dice JPMorgan sobre la financiación de El Salvador​

El economista de JPMorgan Steven Palacio sostiene que la perspectiva fiscal a corto plazo del país «continúa mejorando» y que El Salvador podrá «satisfacer sus necesidades de financiamiento al menos hasta 2024». En declaraciones a Reuters, califica de sobresaliente la gestión del gobierno, una valoración que extiende hasta el mes de junio. La nota no carece de matiz: el propio banco apunta que ese ritmo no sería sostenible después de 2024. El alivio, por tanto, tiene fecha de caducidad.

El respaldo llega en plena maniobra de deuda. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció la recompra de los bonos con vencimiento en 2023 y 2025 antes del 15 de septiembre. El Estado cuenta con 565 millones de dólares para una operación que afecta a 1.600 millones. La aritmética, por sí sola, explica el gesto: conviene retirar de circulación papel que el mercado mira con lupa.

¿Cuánto pesan 2.271 bitcoins para un Estado?​

Esa es la discusión de fondo. La conversión que circula en los análisis sitúa la reserva salvadoreña en torno a 66 millones de dólares al precio actual de mercado. Una cifra que, contra la intuición, no es gran cosa en un balance soberano: los cálculos más repetidos la dejan en un 0,2% del PIB. Pocos países tienen un 0,2% de su producto interior bruto en oro. Casi ninguno.

El matiz importa. Para un Estado pequeño y con tensiones de liquidez, ese dinero deja de ser calderilla: doblarlo —y las criptomonedas se mueven así, en cuestión de días— cambia por completo la lectura. La última compra conocida se ejecutó en julio, con el bitcoin por debajo de los 20.000 dólares. Comprar en caídas, de momento, no les ha salido mal.

El 90% del PIB en deuda y el fantasma del default​

Las advertencias no han desaparecido. Moody's avisó del riesgo que supone adquirir más bitcoin, sobre todo para la capacidad de pago y el perfil fiscal del Estado. La Escuela de Políticas Públicas del instituto londinense LSE describe un país con crecimiento económico muy bajo, déficit amplio y casi el 90% del PIB en deuda pública. El escenario de impago, pronosticado desde principios de año por calificadoras e instituciones financieras, sigue sobre la mesa en el largo plazo.

Bukele respondió a esas previsiones, y en concreto al tratamiento del asunto por The New York Times, con dos frases que resumen su posición: «Bitcoin es inevitable» y «¿Publicarán una disculpa una vez que paguemos todo a tiempo?». La pregunta sigue sin respuesta porque el pago aún no ha llegado.

Impuestos a cero para software, IA y hardware​

Mientras se discute si la apuesta sale cara, el gobierno aprieta el acelerador por otro lado. Bukele firmó la INNOVATION AND TECHNOLOGY MANUFACTURING INCENTIVES ACT, una norma que elimina todos los impuestos —renta, propiedad, ganancias de capital y aranceles de importación— sobre innovaciones tecnológicas, programación de software y aplicaciones, inteligencia artificial y fabricación de hardware de computación y comunicaciones. No es un guiño al sector cripto: es una exención fiscal completa al sector tecnológico.

Los números cuadran hasta 2024. Lo que venga después depende de que la economía crezca lo suficiente para rodear ese 90% de deuda, y ahí nadie firma nada. Hay quien ya marca la fecha y apunta a 3.000 bitcoins y a un PIB distinto dentro de cinco años. Es una apuesta tan razonable como cualquier otra en un país que lleva tiempo apostando contra el consenso.