Corrupción El Tribunal Constitucional allana el regreso de Puigdemont en su pulso con el Supremo

El Tribunal Constitucional ha decidido que la Ley de amnistía debe aplicarse al delito de malversación, lo que podría facilitar el regreso de Carles Puigdemont a España.

El Tribunal Constitucional ha dado un paso importante para la aplicación de la Ley de amnistía, al acordar que esta medida de gracia debe extenderse al delito de malversación. Esta decisión abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, quien se encuentra en el exilio en Bélgica. La resolución del alto tribunal, que se ha tomado por mayoría en el pleno, desestima la ponencia inicial de un magistrado conservador que se oponía a la aplicación de la amnistía para casos como el del exconseller Jordi Turull.

Un giro en la malversación

La clave de esta decisión radica en la interpretación del delito de malversación, un punto de fricción importante con el Tribunal Supremo. El magistrado del Supremo Pablo Llarena ha defendido hasta ahora que la malversación no debería ser amnistiada, argumentando que, si bien no hubo enriquecimiento directo, sí hubo un uso de recursos públicos para fines ilegales, como el referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, la mayoría del Constitucional parece haber adoptado un criterio distinto, alineándose con la interpretación que busca una aplicación más amplia de la amnistía.

Este giro del Constitucional se produce tras un respaldo previo a la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El tribunal europeo había descartado otro de los argumentos del Supremo para no conceder la amnistía, relacionado con la afectación a los intereses financieros de Europa. Ahora, el Constitucional vuelve a ser protagonista en este complejo entramado legal, días después de que el Supremo rechazara una petición de Puigdemont y mantuviera la orden nacional de detención en su contra.

Próximos pasos y recursos

La decisión del pleno del Constitucional no implica la aprobación automática de la amnistía para todos los implicados. El magistrado José María Macías, cuya ponencia inicial fue desestimada, presentará una nueva propuesta en el pleno previsto para el 6 de octubre, ajustada a los criterios mayoritarios. En esa misma sesión se abordará el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa, y se espera que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, presente una ponencia favorable.

Otros recursos de amparo, incluyendo los de Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y exconsejeros como Raül Romeva, se tratarán en plenos sucesivos. Para que la amnistía sea efectiva para Puigdemont y el resto de los procesados y condenados, será necesario superar el criterio del juez Pablo Llarena. La situación legal sigue en desarrollo, y la aplicación final de la amnistía dependerá de cómo se resuelvan estos recursos y de la interpretación que hagan los tribunales de las sentencias y resoluciones europeas y nacionales.

Reacciones políticas

La decisión del Tribunal Constitucional ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha interpretado la resolución como una "desautorización absoluta a todos los jueces y magistrados que han preferido hacer política, activismo político, en vez de cumplir su deber de aplicar la Ley de amnistía". Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha alegrado de que el delito de malversación sea incluido en la amnistía, calificando el proceso como una "judicialización de la política". Desde EH Bildu, Gorka Elejabarrieta ha expresado que Puigdemont y los "represaliados" deberían estar libres y con plenos derechos desde hace tiempo.