embeleco procedimental de la ley de amnistía

Los letrados avisan de embeleco procedimental y la amnistía sigue su curso​

¿Puede aprobarse una norma vulnerando el reglamento de la cámara que la tramita? El letrado del Congreso Manuel Fernández-Fontecha sostiene que no. Denunció un embeleco procedimental en la tramitación de la ley de amnistía y advirtió de que se está vulnerando la Constitución y el Reglamento de la Cámara. No es una objeción de folio en blanco. Cuando el órgano que da fe jurídica a lo que se vota avisa de que el cauce está mal construido, lo que queda sobre la mesa no es una ley polémica, sino un procedimiento hecho a la medida de quien la necesita.

La máquina, mientras tanto, sigue. Los letrados del Senado han llegado a la misma conclusión por otra puerta: la norma es, a su juicio, inconstitucional, y la califican de «embeleco de ley». La diferencia es que ellos mismos admiten que no pueden bloquear su tramitación. Avisan, firman y dejan pasar. Ahí es donde el análisis jurídico se convierte en análisis político: quien tiene la llave no la usa, porque el coste de usarla supera el de señalar el problema en un informe.

Qué denuncia exactamente el letrado del Congreso​

La acusación no apunta al contenido de la norma, sino al camino por el que se ha hecho andar. Se habla de embeleco procedimental, no de embeleco de contenido: la norma podría ser perfectamente legal y seguirían existiendo dudas sobre el modo de tramitarla. La distinción importa. Un defecto de fondo lo corrige el Tribunal Constitucional cuando le llega el asunto; un defecto de procedimiento contamina todo lo que se aprueba encima, incluidos los votos.

Hay quien sostiene que este tipo de reparos solo sirven para vestir de tecnicismo lo que es puro enfrentamiento político. En contra pesa un argumento incómodo: el aviso no viene de la oposición, viene de quien tiene obligación de informar en contra y de firmar ese informe.

El Senado: inconstitucional, pero se tramita​

El segundo acto se escribió en la Cámara Alta con un guion casi calcado. Los servicios jurídicos del Senado censuran la ley por inconstitucional pero admiten que no pueden frenar su tramitación, y ahí se abre la brecha editorial: según cómo se redacte el titular, el mismo dictamen puede parecer una advertencia o una simple anécdota administrativa. El tratamiento de los medios en ese matiz tiene su propia audiencia.

De fondo queda una cuestión de arquitectura institucional: el PP controla la mayoría en el Senado, así que muchos análisis esperan de allí el frenazo que el Congreso no dio. Es la vieja apuesta por que el sistema corrija por arriba lo que se rompió abajo.

Proposición de ley, no ley: el detalle que estorba​

Entre tanta consigna se cuela una corrección técnica que casi nadie subraya: no hablamos de una ley, sino de una proposición de ley. Suena a matiz de oposición, pero describe el estado real del texto y su capacidad de recorrer todavía varios filtros antes de convertirse en derecho aplicable. En ese recorrido está, precisamente, el terreno donde los informes de los letrados dejan de ser retórica.

El desgaste del relato se mide ya en ocho meses de discusión sostenida y en un goteo de nombres propios: los fruta que votaron sí, el papel del órgano de gobierno de la Cámara, la sombra de otros asuntos que se solapan con este. El cálculo completo de qué mayoría se sostiene, con qué apoyos y en qué condiciones, da un mapa incómodo para casi todos los actores implicados.

Ocho meses después, la amnistía sigue su curso y los letrados siguen firmando sus informes. Alguien tendrá que explicar algún día para qué se paga a quien avisa, si el aviso se archiva con el mismo gesto con que se archiva una factura.