Empresas públicas, el ruinoso pozo donde las autonomías fulminan más de 10.000 millones al año

Las empresas públicas fulminan 10.000 millones al año y no rinden cuentas​

El Tribunal de Cuentas examina las empresas públicas de las autonomías desde el año 2000 y el saldo apenas se ha movido: entre ese ejercicio y 2015 acumularon más de 50.000 millones de pérdidas pese a haber recibido unos 65.000 millones en subvenciones. Súmense: alrededor de 116.000 millones de euros entre dinero público inyectado y números rojos. El último informe disponible, el que disecciona 2015, sitúa el coste mínimo de esas sociedades en 9.944 millones solo ese año. Y ese «mínimo» no es retórica: se auditaron 371 sociedades y quedaron fuera otras 83.

El problema no es que pierdan dinero. El problema es que no se sabe cuánto pierden.

Por qué las empresas públicas escapan al control​

La fórmula es conocida. La Administración constituye sociedades bajo el paraguas del derecho privado, mucho más *flexible* que el Derecho Administrativo, y de paso se escurre de los controles que se aplican al gasto público ordinario. El Tribunal de Cuentas lleva años denunciándolo, con escaso resultado. Las prácticas no cesan.

A la opacidad estructural se suma la lentitud. La fiscalización llega sistemáticamente tarde y, aun así, deja fuera a decenas de sociedades que no entregan cuentas, las mandan fuera de plazo o no aportan los papeles imprescindibles para revisar contratos, financiación o selección de personal. El propio organismo reconoce faltas tan básicas como cuentas sin aprobar por los órganos competentes o sin la firma de todos los miembros del patronato. Objetos societarios hay para todos los gustos: radiotelevisiones, promoción exterior, tareas forestales, inmobiliarias, sanidad, transporte.

Y hay más agujeros de dinero que las subvenciones y las pérdidas contables. El Tribunal de Cuentas señala ampliaciones de capital, préstamos con cargo a los presupuestos regionales y la contratación de servicios —esa fórmula en la que el gobierno regional es dueño y cliente a la vez— como vías paralelas de financiación. En algunas comunidades se detecta la tendencia a sustituir subvenciones por aportaciones de socios y endeudamiento avalado por la administración. Cuando la empresa no puede pagar, paga la autonomía. En varios casos es la propia administración la que se subroga en los préstamos.

Del rescate puntual al pozo permanente​

Lo de las autonomías no es un caso aislado. Las cuentas remitidas por Hacienda a Bruselas del ejercicio 2018 revelaban que el Estado y las comunidades se dejaron 3.400 millones en rescatar a sus empresas públicas, una factura que crecía pese a la recuperación económica. La red estatal de empresas consume del orden de 2.000 millones al año entre cobertura de pérdidas, aportaciones patrimoniales y compensaciones por servicio público.

En tiempos recientes la foto empeora. Las empresas de la SEPI perdieron 660 millones en 2024: Correos se dejó 522 y Navantia otros 197, y el agujero acumulado supera los 2.000 millones desde 2019. El Estado ha vuelto a rescatar a Navantia con 450 millones. Sobre Correos planea un plan de 4.000 millones. RTVE ha disparado su deuda de 300 a 700 millones. Renfe firmó pérdidas históricas de más de 100 millones en un solo trimestre. La deuda conjunta de las empresas dependientes del Gobierno marca récord: 35.237 millones.

Más plantilla, mejores sueldos y ninguna competencia​

Entre las críticas recurrentes está la del gasto laboral. Las empresas públicas han sumado 14.400 asalariados, un 10% más, desde el cambio de Gobierno, y el 60% de sus trabajadores ha visto subidas salariales superiores al 3%. Sus incrementos retributivos duplican a los del sector privado. Hay casos llamativos: una fundación andaluza para el emprendimiento administraba 40 millones gastando el 99% en sueldos y mantenimiento, con apenas un millón para emprendedores.

El diagnóstico que se repite en distintos análisis es que muchas de estas sociedades no compiten en igualdad —cuando compiten—, y que su razón de ser no es prestar un servicio sino colocar a cuadros afines y actuar con discrecionalidad. Es la palabra que usa el propio Tribunal de Cuentas.

Por eso buena parte del descontento no reclama más planificación, sino cerrar el grifo: liquidar estas sociedades, recentralizar lo que sea útil y dejar caer lo que no pueda sostenerse, con la quiebra como horizonte legal en lugar del rescate automático. Otra corriente pide algo menos drástico y más difícil: independizar la gestión de la política y obligar a estas empresas a una rentabilidad comparable a la de sus competidoras privadas.

El análisis se atasca siempre en el mismo sitio. Nadie ha podido cuadrar la cifra total porque hay decenas de sociedades que nunca han pasado por una auditoría. Diez años de retraso, cuenta incompleta, y el dinero sigue saliendo.