En aragón el 95,8% de los forasteros ilegales que dijeron ser menores no lo son

Aragón: el 95,8% de los que dijeron ser menores no lo eran​

¿Cuántos de los que dicen ser menores lo son de verdad? En Aragón, la respuesta oficial es contundente: el 95,8% de los inmigrantes que afirmaron ser menores de edad no lo eran. El dato, difundido por Okdiario, abre una brecha en el relato que sostiene que las pruebas de determinación de edad son un trámite garantista. La Fiscalía reconoce que solo el 45% de los menores sometidos a pruebas son realmente menores. Es decir, más de la mitad de los que pasan por el escáner no lo son. Y Canarias tiene un aparato para medir la edad que lleva un mes en una caja sin estrenarse.

El asunto no es menor. Andalucía ha recibido casi 500 migrantes camuflados como adultos en menos de un año, según las mismas fuentes, y el Gobierno se niega a reconocer la minoría de edad de 454 de ellos. La Eurocámara ha descubierto que la mitad de los que se declaran menores en Canarias son adultos. Marruecos no acepta el 92% de las devoluciones. El circuito se atasca por los dos extremos: entran sin control y no salen cuando se descubre el engaño.

La trampa de las pruebas de edad​

El sistema se apoya en pruebas radiológicas que determinan si alguien es menor. Pero la Fiscalía admite que solo el 45% de los sometidos a esas pruebas son menores. El resto, adultos que se hacen pasar por adolescentes para acceder a recursos de protección. La cifra desmonta la idea de que el filtro funciona. En Aragón, el 95,8% de los que dijeron ser menores no lo eran. No es un error de cálculo: es un patrón.

Hay quien sostiene que las pruebas se aplican con cuentagotas para no vulnerar derechos. El argumento choca con la realidad: Canarias tiene un aparato para determinar la edad que lleva un mes en una caja sin estrenarse. La maquinaria existe. La voluntad política, no.

El colapso de los centros de acogida​

Andalucía ha recibido casi 500 migrantes camuflados como adultos en menos de un año. La comunidad denuncia estar «colapsada». El Gobierno se niega a reconocer la minoría de edad de 454 de ellos, lo que los deja en un limbo administrativo: ni son menores tutelados ni adultos deportables. Mientras, los centros de menores extranjeros no acompañados siguen recibiendo gente que no debería estar allí.

La situación se repite en otras regiones. Extremadura descubrió que recibía a un joven de 19 años cuando figuraba con 17. La Policía cree que el migrante que agredió sexualmente a una niña en Hortaleza es mayor de edad. Otro caso: el supuesto menor que agredió a una menor en Hortaleza tenía 23 años. Son casos individuales, pero dibujan un patrón.

El radar parado y la ley que no se aplica​

El Gobierno de Sánchez mantiene en un almacén el radar SIVE comprado por el PP para detectar las lanchas de las mafias que trafican con personas hacia Canarias. El radar antimafia de Lanzarote sigue sin instalarse pese a la avalancha de pateras. La paradoja es evidente: se compra el equipo, se guarda en una caja y se niega la magnitud del problema.

Mientras, el Gobierno y Coalición Canaria han registrado la reforma de la ley de extranjería sin esperar al PP. La norma busca agilizar las devoluciones y el control. Pero sin pruebas de edad sistemáticas, el cuello de botella persiste. La Eurocámara ya ha advertido de que la mitad de los que se declaran menores en Canarias son adultos. Marruecos rechaza el 92% de las devoluciones. El círculo se cierra.

La inserción laboral que no llega​

Solo un 10% de los casi 3.000 menores de entre 16 y 17 años con permiso de trabajo en España están empleados. Los datos oficiales desmontan el triunfalismo sobre la integración laboral. Un centenar de jóvenes extutelados protestaron contra la mala gestión de sus prestaciones. El sistema promete integración, pero los números dicen otra cosa.

El fracaso de la inserción alimenta el círculo: sin trabajo, sin papeles claros, sin devolución posible. Los que se hacen pasar por menores buscan un recurso, no un empleo. Y el sistema, diseñado para proteger a niños, acaba gestionando adultos.

Lo que queda por resolver​

La pregunta no es si hay adultos entre los que dicen ser menores. La pregunta es cuántos y por qué el sistema no los filtra. Aragón da un dato: 95,8%. La Fiscalía da otro: 55% de los sometidos a pruebas son adultos. Canarias tiene un aparato en una caja. Andalucía está colapsada. El Gobierno niega la mayor. Y mientras tanto, los centros siguen llenándose de gente que, en muchos casos, no debería estar allí. La pelota está en el tejado de la reforma de extranjería. Si no se aplican pruebas sistemáticas, el 95,8% de Aragón será solo el principio.