En El País dicen que El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

El traslado de las 500 niñas de Ceuta: negocio y escepticismo

Nadie ha visto a las 500. Según la información publicada, serían menores jovenlandés esperando el ferry a la Península. La única cifra que nadie discute es la del coste: unos 5.000 euros al mes por plaza en el sistema de acogida, un precio que convierte el presunto gesto humanitario en un negocio redondo para centros privados y organizaciones. Y mientras el Ejecutivo acelera el traslado, las preguntas se amontonan sin respuesta.

El negocio de la acogida: 5.000 euros de prima por menor

La factura del acompañamiento de un menor extranjero no acompañado ronda los 5.000 euros mensuales, según las cifras que circulan en los ámbitos más escépticos. No es una cifra menor: el mantenimiento de un niño tutelado por la administración española sale mucho más barato. La sospecha es que el traslado de Ceuta no busca el interés de las menores, sino mantener vivos los ingresos de un sistema que ya dio síntomas de colapso en Canarias: primero son carpas temporales, luego se denuncian condiciones deficientes, y al final se construyen centros de acogida que cronifican el problema.

La decisión tiene además una dimensión territorial: las comunidades autónomas se resisten a acoger porque asumen el coste de las plazas. Si no quieren, el Ejecutivo puede llevarlas a instituciones privadas, una vía más cara y opaca que refuerza la tesis del negocio.

¿Dónde están las niñas? La cifra que no cuadra con las imágenes

El escepticismo sobre el número de menores es generalizado. Las imágenes de la entrada masiva en Ceuta mostraban una abrumadora mayoría de varones jóvenes, y no se contabilizaron chicas en proporción suficiente como para llegar a 500. Hay quien calcula que las niñas reales no superan el 10% del total, cuando no las reduce a un puñado. El término “niñas” se cuestiona incluso desde la autopercepción: se argumenta que parte de los declarados como menores podrían ser adultos que se autoperciben muyer para obtener protección.

Lo que nadie discute es que la cifra se ha convertido en un arma política: sirve para justificar una medida de emergencia y para desviar el foco de las causas que llevaron a esas personas a cruzar la frontera.

El pulso con Jovenlandia y el agujero legal

Detrás del traslado asoma un problema jurídico que nadie del Ejecutivo ha explicado: ¿cómo se separa a una menor de su familia sin un procedimiento de retirada de patria potestad? Los padres están en Jovenlandia, no han pisado suelo español, y no consta que hayan sido notificados. Mientras, Rabat exige la devolución de sus menores, una petición que el Gobierno ignora sistemáticamente. La conclusión de la mayoría: los menores son una moneda de cambio en la relación bilateral, y España no quiere devolver porque eso pondría fin al efecto llamada que alimenta la presión migratoria.

Con el ferry a punto de zarpar, nadie pregunta en voz alta lo más evidente: ¿de dónde salen 5.000 euros al mes para cada una de esas supuestas 500 niñas? La urgencia del traslado sugiere que la respuesta incomoda.