El rescate que no fue a la banca: 60.000 millones perdidos en las cajas políticas
El artículo de merca2.es que ha circulado estos días es demoledor: del rescate financiero de 2012 apenas se ha recuperado nada, y el Estado todavía debe unos 60.000 millones de euros. Pero el dato más revelador no está en la cifra, sino en el destinatario real del salvamento: no fueron los grandes bancos privados, sino las cajas de ahorros de titularidad pública, dirigidas por políticos de todos los colores.
La confusión interesada ha querido presentar la operación como un rescate a la banca privada, cuando la práctica totalidad del dinero fue a parar a entidades como Caja Madrid, cuyo consejo de administración incluía a figuras como Pedro Sánchez, junto a políticos del PP. Las cajas, capturadas por los partidos, concedieron créditos a proyectos inviables que ninguna entidad privada habría financiado. Cuando estalló la burbuja, el contribuyente neto tuvo que pagar la fiesta.
¿Quién pagó el pato?
Los datos no dejan lugar a dudas: el rescate se articuló entidad a entidad, evitando el rescate soberano que sufrieron Grecia, Portugal o Irlanda. Ese fue, según algunos análisis, el único mérito del gobierno de Rajoy: evitar que la troika impusiera una poda de derechos y servicios. Pero el coste fue inmenso: dinero público que se detrajo de educación y sanidad para sanear balances de cajas quebradas por la mala gestión política.
La discusión sobre si el rescate fue necesario o no sigue abierta. Quienes defienden la intervención señalan que, sin ella, el sistema financiero español habría colapsado arrastrando al país. Los críticos replican que se trató de un rescate a políticos metidos a banqueros, que nunca rindieron cuentas. Lo cierto es que, trece años después, la deuda sigue viva.
La lección que nadie aprendió
Lo más grave es que el mismo modelo de gestión política de entidades financieras se ha reproducido en otros ámbitos, siempre con el mismo resultado: pérdidas que acaban pagando los contribuyentes. El argumento de que "no había alternativa" se repite cíclicamente, pero la pregunta que sigue sin respuesta es por qué el diseño institucional permitió que políticos sin conocimientos técnicos dirigieran el ahorro de millones de españoles.
La deuda de 60.000 millones sigue ahí, como un fantasma que ningún gobierno quiere reconocer. Mientras, el debate sobre quién fue el verdadero responsable se diluye en el ruido político. El dato es tozudo: no se ha recuperado nada.
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