Encuesta: ¿Qué busca el orate dejando que la situación de Ceuta se enquiste durante más de un mes?

La crisis de Ceuta: más de un mes de inacción y un cálculo político​

Más de un mes después de la entrada masiva en Ceuta, la respuesta del Gobierno sigue siendo la misma: esperar. Moncloa descartó el estado de excepción que, según sus propios cálculos, habría desalojado a los asaltantes en días. La pregunta es si esa parálisis es incompetencia o estrategia.

La hipótesis de la desviación​

La hipótesis más extendida en los análisis es que la crisis se ha convertido en un instrumento de desvío de atención. Mientras Ceuta arde, la agenda pública se aleja de los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente. La estrategia de dejar que el conflicto se enquiste tiene un coste, pero también un beneficio: mantener el foco lejos de los tribunales.

Hay quien sostiene que el objetivo es polarizar hasta que la oposición cometa un error, y así poder presentarse como el único capaz de frenar a la ultraderecha. Otros, más escépticos, creen que simplemente al presidente le da igual, que sabe que estas son sus últimas vacaciones como jefe del Ejecutivo y ha decidido vivirlas a cuerpo de rey.

El precedente de Canarias​

Mientras en Ceuta se habla de miles, en Canarias se han gestionado 40.000 llegadas en 2024 sin apenas cobertura mediática. La diferencia es que allí el traslado se hace de forma escalonada y sin cámaras. En Ceuta, la concentración es mayor y la presión, más visible. La pregunta es si la inacción es una decisión deliberada o simplemente la aplicación de la misma política de siempre: que pase la ola.

El coste político de la parálisis​

Con las elecciones generales previstas para 2027, el tiempo juega a favor del Gobierno. Cada semana que pasa sin solución, la crisis se diluye en el ruido informativo. Pero el coste también existe: la percepción de abandono en la ciudad autónoma puede traducirse en pérdida de votos, incluso entre el electorado afín. La comparecencia anunciada para el 9 de septiembre será la primera oportunidad para que el presidente explique qué ha hecho durante más de un mes.

Mientras tanto, el Gobierno ha incorporado a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al dispositivo de control del riesgo sanitario. La medida, recibida con ironía en algunos análisis, sugiere que la preocupación por la salud pública llega tarde: con más de un mes de retraso, los riesgos de tuberculosis u otras enfermedades ya se han podido propagar.

La pregunta que queda abierta es si la inacción tiene un límite. Con la comparecencia en el Congreso, el Gobierno tendrá que justificar una gestión que, a día de hoy, no ha resuelto nada. La respuesta, probablemente, será la misma que hasta ahora: que pase la ola.