Enfermera envenena a bombero de la Generalitat: el hospital no vio las señales
El sistema sanitario catalán pasó por alto un envenenamiento sistemático durante semanas. Albert Santamaría, bombero de 46 años conocido como Santaka, ingresó varias veces en el hospital de Manresa con somnolencia y amnesia. Los médicos le sometieron a todo tipo de pruebas, pero no detectaron lo que la autopsia evidenció el 9 de febrero: una combinación letal de benzodiacepinas y fentanilo en su organismo. Su pareja, una enfermera de la UCI, es la principal sospechosa.
Un cóctel de sedantes que los análisis sí revelaron… tarde
Según la información del caso, Santamaría reingresó el 27 de enero tras semanas de idas y venidas. Los análisis de orina y sangre ya habían mostrado positivos en benzodiacepinas, pero el personal médico no vinculó los síntomas con una intoxicación externa. “El resultado de los análisis de orina y sangre ya dieron una primera pista”, señala un relato de la investigación, pero la atención se centró en causas internas. La víctima llegó a mejorar, pero los médicos decidieron mantenerle en observación. Nunca sospecharon que alguien de su entorno pudiera estar suministrándole los tóxicos.
La autopsia final identificó una “gran variedad” de benzodiacepinas y fentanilo. El fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína, no es de acceso común; su presencia en sangre apunta a un conocimiento farmacológico preciso. La sospechosa, enfermera, tenía los medios y el acceso.
La fiesta y el ‘Paco’: la impunidad como modus operandi
El detalle que ha corrido como la pólvora en los círculos de bomberos y sanitarios es la actitud de la investigada. Según distintas fuentes del hilo, mientras Santamaría estaba ingresado, ella introdujo en el domicilio a un hombre conocido como “Paco” y organizó una fiesta de bienvenida. “Meter a un señoro en la casa de un fiambre celebrando el acontecimiento”, describía un participante. El gesto sugiere una absoluta falta de remordimiento y una sensación de impunidad que, a juicio de algunos, se debe a una legislación que protege a la mujer en casos de violencia de género. “Se sentía impune gracias a la legislación y a los gobiernos”, argumenta una línea de análisis.
Violencia de género: el debate ausente
El caso ha reabierto la discusión sobre el sesgo en las estadísticas de violencia de género. Mientras que los asesinatos de mujeres por sus parejas acaparan la agenda mediática y política, la muerte de un hombre a manos de su pareja mujer rara vez recibe el mismo tratamiento. “Las feministas a esto le llaman daños colaterales”, ironizaba un comentario, mientras otro recordaba que “nunca verás un minuto de silencio para un hombre asesinado por su pareja”. La discrepancia es numérica: los hombres sufren más violencia homicida, pero en contextos diferentes; el caso de envenenamiento por una pareja mujer es estadísticamente raro, pero existe.
El silencio mediático de cuatro meses —la noticia no trascendió hasta ahora— ha sido interpretado por algunos como una decisión editorial para no alimentar narrativas incómodas. “Noticia secuestrada 4 meses para no dar alas a la externa derecha”, apuntó un forero.
¿Y ahora? Un juicio con mochila política
La investigación sigue abierta. La enfermera no ha sido detenida o al menos no consta prisión provisional. Si el caso llega a juicio, lo hará en un clima enrarecido, donde cualquier condena será leída como un varapalo a la narrativa oficial de que la violencia de pareja es unidireccional. Lo relevante es saber si esta vez se aplicará la ley con la misma contundencia que en casos de violencia de género, o si el género del fallecido volverá a ser un factor silencioso de descuento procesal.