Motosierra política, patrimonio y el ruido que sustituye a los datos
Hay una corriente en el debate público español que ha convertido la crítica política en un concurso de agresividad verbal. La palabra de moda, «motosierra», ya no designa una herramienta de obra sino un supuesto rasero moral: quien no es «motosierrable» no merece estar en política. El problema es que, bajo ese ruido, apenas hay sustancia.
La semana deja un ejemplo perfecto: una figura pública es atacada sin nombrarla apenas, se la califica de «traidora» y se exige una investigación de sus rentas y patrimonio. Ningún dato concreto, ninguna cifra, ninguna prueba. Solo la sospecha lanzada como un proyectil. Eso sí, los calificativos no ahorran tinta: «subnormal», «estúpida», y amenazas que ni siquiera intentan disimular su tono.
Lo llamativo no es que exista crítica política. Es que la crítica seria —la que pide fiscalizar el patrimonio de los cargos públicos, que es legítima y hasta necesaria— se diluya en el fango. Cuando todo el mundo es corrupto por definición, la corrupción real deja de importar.
Hay quien sostiene que la dureza es un reflejo del enfado ciudadano, y algo de razón lleva. Pero confundir el grito con el análisis beneficia, precisamente, a los que no quieren que se hable de sus cuentas.
La pregunta que queda en el aire: si la sospecha sustituye a la prueba, ¿a quién sirve esa política? Mientras tanto, la «motosierra» sigue en su caja. Y el patrimonio, sin investigar.