Expulsado a Marruecos un menor tutelado en Ceuta durante casi dos años
En la madrugada del 10 al 11 de septiembre, un chaval de 16 años retenido en la zona del puerto de
Ceuta insistía a los militares que lo custodiaban en que tenía papeles y que podían comprobarlo. Repetía en castellano el nombre del centro donde vivía y el de su directora. Según su relato, la respuesta fueron golpes en la nuca y en la espalda. Horas después, dos patrullas de la Guardia Civil lo llevaron hasta la frontera del Tarajal y lo cruzaron a Marruecos.
El caso lo ha documentado la
Fundación Raíces, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma para pedir su vuelta inmediata a España. La
Cadena SER ha localizado al menor en el norte de Marruecos, en su casa, rodeado de su familia, más de dos semanas después de aquella madrugada. La entidad reclama además las grabaciones de videovigilancia de la frontera a efectos probatorios.
¿Qué se sabe del expediente del menor en Ceuta?
Entró en la ciudad autónoma en
diciembre de 2024, con 14 años, y fue tutelado de inmediato por el Área de Protección del Menor de la Ciudad Autónoma, con documentación de residente en España de la que conserva copia. Estuvo escolarizado, pasó por varios centros y en los últimos meses vivía en un recurso gestionado por la Fundación SAMU.
Ceuta mantiene ahora mismo
quince centros de protección de menores. El chaval sostiene que quería seguir formándose y trabajar para ayudar a su familia, y que fue obligado a cruzar la frontera la misma noche en que lo retuvieron. Siete militares, según su versión, participaron en esa retención previa en la zona del puerto.
El precedente de 2021 y el terreno judicial del caso
En el verano de 2021, una tanda de expulsiones de menores ordenada desde el Gobierno central y la ciudad autónoma acabó en los tribunales:
55 casos documentados por la misma entidad paralizaron las devoluciones y derivaron en la condena de la entonces delegada del Gobierno y de la vicepresidenta ceutí por saltarse la ley, una sentencia ratificada después por el Tribunal Supremo.
La Fundación Raíces sostiene que un menor tutelado no es un adulto en situación irregular y que su expediente administrativo lo acredita, y por eso reclama su vuelta inmediata.
¿Por qué el caso se ha convertido en un asunto político?
Una parte del rechazo que genera la noticia no discute el fondo jurídico, sino quién la cuenta, con qué dinero y para qué. En el debate se apunta al perfil económico de las entidades que impulsan estos recursos, y se subraya que ni el relato periodístico ni las denuncias mencionan el trato que reciben los menores al otro lado de la frontera.
También se discute el encuadre. El mismo chaval que aparece como víctima de una expulsión presuntamente irregular está, al otro lado, en casa de su familia. Para unos, eso demuestra que la tutela española no era la única salida posible. Frente a eso, la entidad denuncia que se le expulsó saltándose las garantías legales que protegen a los menores en desamparo.
Queda pendiente lo que decidan los juzgados de Ceuta sobre la vuelta del menor y un dato incómodo para cualquier relato cerrado:
quince centros de protección de menores operando en la ciudad autónoma y
55 casos documentados en 2021.