¡Escándalo! Un menor jovenlandés ha tenido que volver a su casa con su familia

Un adolescente de 16 años que llevaba casi dos años bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta fue expulsado a Marruecos en la madrugada del 10 al 11 de septiembre de 2024 sin un procedimiento formal de repatriación, según el recurso contencioso-administrativo que ha presentado la Fundación Raíces. Sus abogadas piden su vuelta inmediata a España y reclaman a la Guardia Civil las grabaciones de las cámaras de la frontera del Tarajal.

Hay un chaval de 16 años al que llamaremos Ahmed. El nombre es ficticio, lo ha usado la Cadena SER para proteger su identidad, pero los hechos que se cuentan a partir de aquí son los que sostiene su defensa ante los tribunales y los que él mismo ha relatado a la emisora. Ahmed llevaba casi dos años viviendo en Ceuta. Había entrado con 14 años, fue tutelado de inmediato por el Área de Protección del Menor de la ciudad autónoma y tenía papeles de residencia en España. Estaba escolarizado, había pasado por varios centros de menores y en los últimos meses vivía en uno de los quince que hay ahora mismo en la ciudad, gestionado por la Fundación SAMU.

En la madrugada del 10 al 11 de septiembre de 2024, según su relato, lo retuvieron siete militares en la zona del puerto. Iba con otros tres jóvenes y un adulto. Le preguntaron su nombre, el centro donde estaba acogido y quién era su directora. Él insistió en que tenía papeles, en que estaba tutelado, en que no podían echarlo. Les pidió llamar por teléfono al centro para que lo comprobaran. No le hicieron caso. Recibió golpes en la cabeza y en la espalda, dice. Después llegaron dos patrullas de la Guardia Civil que se lo llevaron a la frontera del Tarajal. Allí, siempre según su testimonio, un agente sacó unos grilletes de lazo del bolsillo y se los entregó a un militar marroquí, que se los puso ya en territorio de Marruecos. Antes, cuando intentó oponerse a bajar del coche, otro agente lo agarró del brazo y lo bajó a la fuerza.

Su madre recibió una llamada de un número desconocido de madrugada: su hijo estaba en Marruecos, en una carpa policial al otro lado del Tarajal. Lo soltaron a la mañana siguiente y tuvo que buscarse la vida para volver a su casa, en el norte del país. «Quiero volver a Ceuta porque no he hecho nada malo, tengo derechos», ha declarado a la Cadena SER, que lo ha localizado y visitado dos semanas después de la expulsión. «No tenían que haberme echado a Marruecos, tengo papeles.» En la entrevista, Ahmed cuenta que les decía en español: «Tengo papeles, lo puedes comprobar», y que le pegaban en la cabeza. Que lloró, que entró en pánico cuando se dio cuenta de que lo estaban sacando del país.

La expulsión que la Fundación Raíces lleva a los tribunales

La Fundación Raíces conoce bien estos casos. En agosto de 2021 ya consiguió paralizar las expulsiones de menores que se estaban produciendo en Ceuta ese verano. Ahora han documentado este caso y han presentado un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Piden la vuelta inmediata del menor y la restitución de sus derechos.

El escrito, de más de 20 páginas, sostiene que no existió para la devolución del menor un procedimiento formal de repatriación de menores, tal y como prevé el ordenamiento jurídico español. Afirman las abogadas de Raíces que la Delegación de Gobierno procedió a la «entrega material» del menor, que se encontraba en situación de desamparo y bajo la tutela de la entidad pública de protección de menores de Ceuta, a las autoridades marroquíes. Y subrayan que en ningún caso se notificó al menor la existencia de una resolución de repatriación, expulsión o reagrupación familiar.

La demanda habla de «inobservancia del procedimiento legal establecido», de vulneración de derechos fundamentales, de retención y privación de libertad injustificada, de indefensión y de falta de defensa y asistencia letrada. Raíces quiere que el juzgado solicite a la Guardia Civil las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la frontera del Tarajal y de la explanada del puerto donde fue retenido inicialmente por los militares. El objetivo es identificar a los agentes que participaron en la expulsión. Las abogadas advierten de que la reclamación de esas grabaciones es urgente porque el sistema de archivo de las imágenes suele funcionar con un plazo de 30 días desde la grabación.

Sin notificación de repatriación y con la ley de menores en la mano

En España, un menor que se encuentra en situación de desamparo queda bajo la tutela de la entidad pública de protección correspondiente. En Ceuta, esa competencia recae en el Área de Protección del Menor de la Ciudad Autónoma. Una vez tutelado, cualquier devolución a su país de origen debe seguir un procedimiento reglado que incluye, entre otras cosas, una resolución administrativa y la notificación al menor y a su representante legal. Lo que denuncia la Fundación Raíces es que nada de eso ocurrió aquí.

Ahmed había entrado en Ceuta con 14 años y había sido documentado al momento, según las copias de la documentación de residente en España que ha podido recuperar. La Cadena SER dice haber comprobado esos documentos. El adolescente repite que llevaba casi dos años en la ciudad autónoma, que estaba escolarizado y que vivía en un centro de menores. «Cuando vi que me estaban echando a Marruecos, estaba absolutamente decepcionado, desilusionado y enfadado», ha contado. «Llevaba dos años tutelado y me echaban y los que acaban de llegar se quedaban; no entendía nada de lo que estaban haciendo.»

Raíces sostiene que este caso no tiene precedentes por la larga permanencia del menor en España. Desde la crisis desencadenada en Ceuta a partir del 30 de julio de 2024, se han documentado numerosas devoluciones o expulsiones de menores llegados desde entonces, pero es la primera vez que se constata la expulsión de un menor que ya estaba tutelado legalmente desde antes por la ciudad autónoma, siempre según la versión de la fundación y de la Cadena SER.

El precedente de 2021 que acabó en inhabilitación

El caso de 2021 es el espejo en el que se mira este. Aquel verano, 55 menores fueron expulsados ilegalmente de Ceuta por orden del gobierno español y de la ciudad autónoma. La Fundación Raíces denunció los hechos y logró paralizar las expulsiones. El asunto acabó en los tribunales. La Audiencia de Cádiz condenó a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta de la ciudad por prevaricación administrativa. Les impuso una pena de nueve años de inhabilitación. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia y las inhabilitó por una decena de años.

Aquella condena sentó un precedente claro: las devoluciones de menores tutelados sin el procedimiento legal establecido tienen consecuencias penales para quienes las ordenan o las ejecutan. Ahora, Raíces vuelve a los mismos juzgados con un caso que, dicen, es aún más flagrante porque el menor llevaba casi dos años bajo la tutela de la administración ceutí y tenía documentación de residencia en regla.

Los letrados de la fundación insisten en que no se trata de un caso aislado. En el recurso piden al juzgado que la Ciudad Autónoma presente el expediente completo del menor, la resolución de tutela o guarda, la resolución de autorización de residencia y que confirme si tiene custodiado el original de la tarjeta de identidad de extranjero del adolescente. Quieren armar el caso con toda la documentación administrativa posible antes de que el procedimiento siga adelante.

Lo que pide el recurso y lo que queda por probar

El recurso contencioso-administrativo presentado ante los juzgados de Ceuta pide tres cosas concretas. Primero, la vuelta inmediata del menor a España y la restitución de sus derechos. Segundo, que se identifique a los guardias civiles y militares que participaron en la expulsión mediante las grabaciones de videovigilancia. Tercero, que se complete el expediente administrativo con toda la documentación del menor.

Las abogadas de Raíces han advertido de que las imágenes de las cámaras del Tarajal y de la explanada del puerto pueden destruirse en un plazo de 30 días desde la grabación, que es como suele funcionar el sistema de archivo. Por eso han pedido urgencia al juzgado. Si las grabaciones desaparecen, la identificación de los agentes se complica y la prueba se debilita.

Ahmed, mientras tanto, está en casa de su familia en el norte de Marruecos. Su madre y sus hermanos no daban crédito cuando se lo encontraron de vuelta. Él insiste en que quiere volver a Ceuta, que tiene papeles, que no hizo nada malo. La Fundación Raíces insiste en que lo que ha pasado es una expulsión ilegal y que los responsables deben responder ante la justicia. Los tribunales tienen ahora la pelota en su tejado. Y el precedente de 2021 dice que este tipo de casos, cuando se judicializan, acaban costando cargos y años de inhabilitación a quienes los ordenan. Todo esto son, por ahora, versiones y documentos presentados ante un juzgado. La última palabra la tendrán los tribunales.