El colegio concertado, válvula de escape del gueto escolar
La segregación escolar ya no se mide por barrios, sino por pupitres. Curso tras curso, un número creciente de colegios públicos concentra al alumnado de origen migrante mientras otros centros —buena parte concertados— amortiguan esa llegada con cuotas, listas de espera y puntos de baremo. El resultado es un sistema educativo a dos velocidades que se ha ido dibujando sin que nadie lo firmara, pero que condiciona la igualdad de oportunidades de toda una generación.
El planteamiento es sencillo de enunciar y difícil de resolver: cuando la proporción de alumnos de origen migrante en un centro supera cierto umbral, las familias autóctonas que pueden permitírselo buscan otra matrícula.
Según uno de los participantes, ese goteo, repetido durante años, es lo que acaba convirtiendo un colegio normal en un colegio gueto: primero se marcha uno, después lo imita el vecino, y al final solo quedan quienes no tienen alternativa.
Por qué se forma un colegio gueto
Hay dos lecturas que conviven en el diagnóstico. Una sostiene que la concentración se retroalimenta sola, y que son las propias familias con capacidad de cambiar de centro las que provocan la estampida. La otra pone el foco en la libertad de elección: sin reglas de reparto, la composición de cada aula depende del azar del domicilio y de la información que maneje cada familia.
Lo que varios participantes dan por hecho es el daño colateral: sostienen que los centros que quedan con mayoría de alumnado inmigrante arrastran más conflictos y ritmos de clase más lentos. Se argumenta, en cambio, que un reparto equilibrado mejora los resultados de todos. Y se responde que forzar la mezcla no arregla el aula, solo reparte el problema por la geografía de la ciudad.
Dos modelos, dos fuentes de financiación
El eje económico del asunto está en la estructura del sistema. Según los cálculos que maneja una parte del análisis,
un alumno de la escuela pública recibe en torno a 9.000 euros por curso, frente a menos de 6.000 en la concertada, con la advertencia de que esa segunda cifra no incluiría servicios como comedor, orientación o personal auxiliar. Para cuadrar esas cuentas, hay quien sostiene que estaría dispuesto a pagar una cuota de entre 200 y 300 euros al mes con tal de que el centro no cambie.
Ese diferencial explica por qué el concierto se ha convertido en la puerta de entrada de clases medias y trabajadoras a una
educación con menos sobresaltos. Y explica también la paradoja que atraviesa todo el asunto:
se critica el modelo, pero casi nadie renuncia a él cuando le toca elegir colegio para su hijo.
El examen de selectividad y la igualdad real
En el fondo late una pregunta más incómoda: ¿de qué sirve hablar de igualdad de oportunidades si cada comunidad fija su propio examen de acceso a la universidad? Un mismo alumno puede tener más fácil la nota de corte por el simple hecho de examinarse en una región u otra.
Un examen común para toda España pondría a prueba, de una vez, si esa igualdad es real o solo retórica, defienden quienes reclaman la unificación.
La caída del nivel no empezó con la inmigración
Aunque el foco esté puesto en la composición de las aulas, hay quien recuerda que el deterioro viene de más atrás. La extensión de un modelo comprensivo que tiende a igualar por abajo para reducir el fracaso escolar habría bajado el listón para todo el alumnado, con independencia de su origen. En ese diagnóstico, el alumno migrante no sería la causa del problema, sino el último en llegar a un sistema ya debilitado. El nivel educativo, se sostiene, lleva décadas cayendo de forma continuada.
Cuando cambiar de colegio es una urgencia
Detrás de las cifras hay casos que trasladan el asunto del plano teórico al familiar. Se relatan episodios de padres que movieron a sus hijos de centro no para sacar mejores notas, sino para sacarlos de un acoso que se prolongaba en el aula. En uno de esos relatos, un niño apareció con hematomas que al principio no quería explicar; la familia conoció la verdad solo cuando rompió a llorar. El cambio de colegio llegó entonces, tarde y a la fuerza.
También se describe el extremo opuesto: vecinos que llegaron al barrio con discurso integrador y acabaron mudándose cuando sus propios hijos empezaron a repetir en casa lo que oían en el patio. La convivencia, cuando se rompe, no entiende de ideología.
La tendencia apunta a más de lo mismo: más concentración en unos centros, más salida en otros, y una administración que parchea con planes de escolarización equilibrada que rara vez se evalúan. Si el patrón no se corrige, lo probable es que la brecha entre colegios siga ensanchándose a golpe de cuota y de baremo, aunque para entonces llevará nombres nuevos: proyecto de éxito, aula de innovación y otra capa de maquillaje estadístico.