Cuatro asesinatos, libertad y dos víctimas más: la factura de la reincidencia
En libertad desde 2013. Nueve años después, la estadística criminal volvió a cruzarse con su nombre: dos víctimas más, entre ellas Ester Estepa, desaparecida el 23 de agosto de 2023 y hallada meses después en un cañar de Gandía. La Fiscalía Provincial de Valencia pide ahora 41 años de prisión para José Jurado Montilla, más conocido por un apodo que convierte el caso en un fenómeno mediático: ‘El asesino de TikTok’.
El historial que no frenó la libertad
No es la primera vez que el sistema judicial se enfrenta a este nombre. A Jurado Montilla se le atribuyen cuatro homicidios que le llevaron a prisión, pero la libertad llegó en 2013. El expediente posterior incluye, según la acusación, dos nuevos homicidios cometidos en 2022 y 2023: el del joven de Málaga —al que, según el relato, conoció en un entorno de vulnerabilidad— y el de Ester Estepa, a la que conoció en un albergue de Alicante. La Fiscalía sostiene que la víctima fue golpeada tras negarse a mantener relaciones sexuales y que después fue agredida sexualmente; el cuerpo no apareció hasta meses después.
La factura económica de la reincidencia
La lectura económica del caso es demoledora. El encarcelamiento tiene un coste presupuestario directo, pero la reincidencia tiene un coste en vidas que ningún presupuesto contabiliza. Hay quien sostiene que la rehabilitación fallida sale más cara que la prevención, y quien lleva el argumento al extremo: la solución definitiva llegó a tarifarse en dos euros, una boutade que circula como metáfora de la desesperación. La pregunta de fondo no es cuánto cuesta mantener a un preso, sino cuánto cuesta no acertar con la pena.
La prisión permanente revisable que no llegó a tiempo
El caso reabre la discusión sobre los límites del sistema. La prisión permanente revisable aparece como la herramienta que habría evitado la segunda tanda de víctimas, pero tiene un problema: la condena anterior se juzgó bajo el Código Penal de 1973, que limitaba las penas a 30 años y dejaba la puerta abierta a beneficios penitenciarios. Contra ese marco se dirigen las críticas, aunque no todas apuntan a los jueces: una parte del análisis recuerda que el juez aplica la ley, y que la responsabilidad del diseño legal es del legislador.
Cuatro asesinatos, 41 años solicitados, seis muertos sobre la mesa. Y todavía hay quien discute si el problema es la ley, los jueces o un sistema que confunde clemencia con cálculo. Lo único que queda claro es que la próxima cuenta la pagará la sociedad. La pregunta es si alguien quiere hacer las matemáticas antes de que toque pagar.