Crisis: España no es una democracia

Votamos al gestor cada cuatro años, pero el jefe del Estado no se elige​

Cada cuatro años, millones de españoles depositan una papeleta. El gestor cambia. El dueño del cortijo, no. Esa es la tesis que abre un mensaje de foro sobre la calidad democrática del sistema político español: según este usuario, se vota al administrador, pero la jefatura del Estado es hereditaria, y ningún partido con representación parlamentaria plantea tocarla. La paradoja, señala, es que formaciones que se reclaman republicanas evitan abrir el melón. El resultado, dice, no es una democracia plena, sino un híbrido: una dictadura con voto.

Qué se vota y qué no se vota en España​

El núcleo del planteamiento de ese usuario es sencillo: en un sistema democrático, todos los cargos con poder efectivo deberían ser elegibles y revocables. La jefatura del Estado no lo es. Se hereda. Y esa anomalía, sostiene, condiciona el resto del tablero: los partidos que concurren a las elecciones, sin excepción, aceptan el marco. Incluso quienes se presentan como alternativa al régimen vigente.

Otros participantes van más lejos y sostienen que el problema no es solo la Corona, sino la arquitectura completa. Se apunta a la ausencia de separación real de poderes, a la falta de representatividad efectiva y a un sistema que, en la práctica, funcionaría como una partitocracia. La crítica no distingue entre izquierda y derecha. El diagnóstico es estructural.

El argumento europeo: ¿es España un caso aislado?​

La defensa del sistema suele apoyarse en la comparación internacional. Si en Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca o Bélgica funcionan monarquías parlamentarias, ¿por qué España iba a ser distinta? Es el argumento más repetido en la conversación: la forma de Estado no determina la calidad democrática, y los países citados figuran entre los más libres del mundo.

La réplica llega por otra vía: que la democracia no se mide solo por la forma de la jefatura del Estado, sino por la capacidad real de los ciudadanos de influir en las decisiones que les afectan. Y ahí, señalan algunos, el problema es transversal: todas las democracias liberales estarían degradando la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que sugeriría un patrón que trasciende fronteras. La discusión se desplaza entonces de la Corona a la economía política.

El coste económico del relato institucional​

En el terreno material, la conversación deriva hacia lo que el sistema produce: vivienda inasequible, movilidad imposible. Se apunta que ya no se construyen millones de viviendas baratas ni se fabrican coches baratos, dos bienes que definieron la movilidad social de generaciones anteriores. La crítica no es solo política: es de resultados.

La jefatura del Estado aparece descrita en términos poco solemnes: un puesto rimbombante, bien remunerado, con un paquete vistoso de uniformes y protocolo, pero sin utilidad práctica para el ciudadano. La comparación es deliberadamente prosaica: un mando intermedio de una empresa pública, sostenido por una herencia cuestionada y por un equilibrio precario entre el rechazo de una parte de la población y la indiferencia del resto.

La trampa del «verdadero» sistema​

Una objeción recorre el fondo del asunto: cuando un régimen fracasa, sus defensores alegan que no era auténtico. Los regímenes que se reclamaban comunistas y colapsaron no eran «verdadero comunismo». Las democracias que empobrecen a sus ciudadanos no serían «verdadera democracia». El patrón, se argumenta, es sospechoso: la etiqueta se reserva siempre para un modelo ideal que nunca se materializa.

La discusión se atasca exactamente ahí. Unos exigen definir qué es democracia antes de comparar sistemas. Otros responden que la pregunta es una evasiva. Y en el fondo queda el dato: el jefe del Estado español no se elige, y ningún partido con escaños propone cambiarlo, según sostienen algunos participantes.