Por qué nadie quiere donar semen por 50 euros (y el riesgo que nadie cuenta)
España es el único país de Europa donde la donación de semen sigue siendo anónima: el donante no aparece en ningún registro y los hijos no pueden saber su identidad. Ese supuesto blindaje, sin embargo, se ha convertido en el principal freno para mantener las reservas. La responsable del banco de semen del Instituto Bernabéu, Eva García, lo dijo claro al diario ABC: la demanda crece, la oferta se desploma y en tres años la situación puede ser crítica.
Cincuenta euros que no salen a cuenta
La compensación económica es el primer obstáculo. Las clínicas ofrecen 50 euros por donación, una cifra que no se actualiza desde hace más de veinte años y que, en la práctica, se reduce drásticamente. Según denuncian varios análisis, de cada cinco muestras, cuatro son rechazadas por «no cumplir los estándares», lo que deja un ingreso real de unos 6 euros por intento. El tiempo de desplazamiento, las pruebas médicas y el desgaste físico convierten el «altruismo remunerado» en un mal negocio.
La paradoja es aún más llamativa cuando se comparan edades: el límite para donar semen son 50 años, mientras que la edad legal de jubilación ronda los 67. Un hombre puede generar descendencia hasta los 50, pero debe seguir cotizando casi dos décadas más. La discriminación, al menos numérica, salta a la vista.
El fantasma de la paternidad retroactiva
El verdadero argumento de peso, sin embargo, no es económico sino jurídico. El anonimato del donante es una ficción legal: las clínicas conservan todos los datos, y cualquier cambio legislativo podría exponerlos. En otros países europeos ya se ha eliminado el anonimato, y varios análisis jurídicos apuntan a que España podría seguir el mismo camino, incluso con efectos retroactivos. El riesgo no es solo que aparezca un hijo biológico reclamando conocer su origen: en escenarios más extremos, se han planteado demandas de manutención o herencia.
«El donante anónimo está a un cambio legislativo de distancia de perder su anonimato y de asumir costes de manutención», resume una de las voces más citadas en el sector. La combinación de bajo incentivo y alta incertidumbre legal disuade a los potenciales donantes, especialmente cuando la demanda se concentra en perfiles muy concretos.
El menú fenotípico de las clínicas
Las solicitantes no piden cualquier muestra. Los catálogos de los bancos de semen incluyen filtros exigentes: altura superior a 1,80 metros, complexión atlética, titulación universitaria y, en muchos casos, fenotipo nórdico (ojos claros, cabello rubio). La combinación reduce drásticamente el universo de candidatos. «Si quieren calidad, que la paguen», ironizan algunos, pero el precio ofrecido no sube por más filtros que se apliquen.
La paradoja alcanza su cénit cuando se cruza la exigencia de rasgos «caucásicos» con la realidad demográfica: una parte creciente de la población joven en España tiene orígenes diversos, lo que estrecha aún más la base de donantes que encajan en el molde solicitado. El resultado es un cuello de botella que las clínicas resuelven, cada vez más, importando semen del extranjero, con los consiguientes sobrecostes y plazos.
¿Mercado libre o intervención estatal?
Algunas voces proponen soluciones de mercado: si se pagaran 1.000 euros por donación, la oferta respondería de inmediato. Otras, en cambio, abogan por un modelo de donación obligatoria o incentivada fiscalmente, similar a la donación de sangre. Pero ni unas ni otras abordan el verdadero problema de fondo: la falta de seguridad jurídica.
Mientras el marco legal no garantice que un donante no podrá ser reclamado en el futuro, la ecuación seguirá siendo negativa para la mayoría de los hombres. Y en un país donde la natalidad ya está en mínimos históricos, la pregunta incómoda es: ¿quién va a cargar con el coste de la próxima regulación? ¿Las clínicas, el Estado o los propios donantes, si es que quedan?