España, tercera en la UE en presión fiscal sobre pymes y autónomos
Un análisis de Quantax, basado en el Índice de Competitividad Fiscal Empresarial 2025 del Instituto de Estudios Económicos y Tax Foundation, sitúa a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor peso de las cotizaciones empresariales sobre la recaudación total. Con un 25,8%, supera ampliamente la media comunitaria del 17,9%. Solo Estonia y República Checa registran cifras más altas en este indicador.
La contribución fiscal total de las empresas españolas alcanza el 17,8% del PIB, tres puntos por encima de la media europea (14,8%). En el Impuesto de Sociedades, el tipo nominal para pymes oscila entre el 23% y el 25%, muy por encima del 9% de Hungría o el 10% de Bulgaria. Estonia, pese a un tipo nominal del 22%, permite tributar al 0% los beneficios retenidos y reinvertidos, un incentivo que brilla por su ausencia en España.
Más allá de los tipos, la digitalización impuesta por la administración se ha convertido en una vía de aumento encubierto de la carga fiscal. Las pymes deben suscribir múltiples servicios tecnológicos para cumplir con la ley, un coste adicional que no aparece en las estadísticas de recaudación pero que reduce su competitividad. El malestar es palpable: desde asociaciones empresariales se denuncia un «monstruo burocrático» que exige más tiempo y dinero que en países con mayor presión fiscal nominal, como Suecia.
Con estos datos, la posición de España como tercer país con mayor presión fiscal sobre pymes no es casualidad, sino el resultado de una década de aumentos impositivos sin contrapartidas en eficiencia recaudatoria. Mientras el gobierno presume de récords de ingresos, las pymes y autónomos —que sostienen el tejido productivo— ven cómo su margen se reduce. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo se puede exprimir a la gallina de los huevos de oro sin romperla?