España concentra el 65% del crecimiento de población de la UE
Un viaje de trabajo que acaba en un hotel barato junto al Manzanares, convertido —según quienes lo describen— en alojamiento de recién llegados con visado de turista a los que esperan familiares en coches de segunda mano. La escena se repite en Barajas y en media ciudad. Es la versión doméstica de un dato mucho más serio: la inmigración en España ha dejado de ser un capítulo de política social para convertirse en la línea principal del balance demográfico europeo.
Las cifras no admiten discusión de titular. España aportó por sí sola el 65% de todo el incremento de población de la Unión Europea y absorbió el 28% de toda la inmigración que recibe el bloque. Traducido: este país recibe más personas que Francia y Alemania juntas. Y el informe que sostiene el dato añade la letra pequeña que casi nadie lee en voz alta: el crecimiento económico español se apoya, en buena medida, en ese aumento de población.
Por qué el crecimiento económico español depende de la población
El patrón se repite desde hace años. Llega población en edad de trabajar, ocupa sectores de salario bajo —hostelería, construcción, agricultura, reparto, cuidados— y tira del consumo. El PIB sube. La productividad, no. El resultado es una economía que necesita sumar trabajadores cada año para seguir creciendo: si el flujo se corta, el modelo se queda sin combustible.
Hay quien lo plantea como una condena matemática y hay quien responde que ninguna economía desarrollada sostiene su PIB con natalidad propia, y que el problema no es la llegada de gente, sino dónde se la coloca y con qué salario. La discusión, en el fondo, no es sobre fronteras: es sobre si este país quiere competir por precio o por tecnología.
El país con más paro de Europa es el que más migrantes recibe
La contradicción más citada en la calle: España lidera el desempleo del continente y a la vez encabeza la recepción de población extranjera. Una parte del análisis lo explica por la estructura del mercado laboral —temporalidad, sueldos que no cubren el alquiler, sectores que no atraen a trabajadores locales en las condiciones ofrecidas—. Otra lo lee como anomalía de gestión: si existe paro, sostiene, no hay necesidad de importar mano de obra.
Ambas lecturas conviven sin reconciliarse. La primera mira la calidad del empleo; la segunda, el volumen. Y ninguna explica del todo por qué el crecimiento demográfico se ha convertido en el principal indicador de éxito de la economía española.
¿Por qué España atrae más migrantes que Francia o Alemania?
Por el idioma, por los vínculos familiares e históricos con América Latina y por un mercado laboral con una barrera de entrada más baja que la alemana o la francesa. Ese es el núcleo de la explicación más repetida; a partir de ahí, las lecturas se separan.
Una corriente sostiene que las regularizaciones funcionan como incentivo y que el efecto llamada es un hecho demostrable. Otra responde que ese vínculo es un bulo sin evidencia y que la gente se mueve por trabajo, no por decretos. La posición que se atribuye a Vox es intermedia en el papel y dura en el tono: con las condiciones económicas actuales no deberían entrar más personas, y los flujos procedentes de África y de América resultan inasumibles.
Servicios públicos, vivienda y pensiones: la factura del modelo
El argumento económico más incómodo no habla de cultura ni de idioma, habla de caja. Se sostiene que una parte relevante de los recién llegados no cubre con sus cotizaciones lo que extrae del Estado del bienestar, y que la entrada de personas de más de cincuenta años agrava el cálculo: en una década estarán cobrando pensión.
En el otro platillo de la balanza pesa lo evidente: sin cotizantes nuevos, las cuentas de las pensiones no salen. Y en medio queda la vivienda, el terreno donde el impacto se mide en euros y no en relatos. Si la población crece más rápido que el parque de pisos, el alquiler sube para todos: para el recién llegado y para el que lleva cuarenta años en el mismo barrio. Ese es el punto donde la estadística deja de ser abstracta.
El pulso político: quién responde por las regularizaciones
Se atribuye al PSOE, a Sumar y a Podemos la responsabilidad de las regularizaciones masivas; a la vez se recuerda que una afirmación recurrente cifra en seis millones las entradas durante la etapa de José María Aznar, y que ninguna formación sale limpia del reparto. La consigna de que están todos metidos en el ajo es la más repetida y la menos operativa.
Lo que sí es un hecho es que la política migratoria se ha convertido en el eje sobre el que se ordenan los bloques, por delante de impuestos o energía. Y que el IBEX 35 y las grandes empresas de consumo tienen motivos para mirar el fenómeno con simpatía: millones de clientes potenciales, con o sin capacidad de gasto.
Queda el cálculo que descoloca. Si las estadísticas solo cuentan a los regularizados, y encima se suman las entradas con visado de turista y las reagrupaciones familiares, el resultado se multiplica: si dicen cuatro, son ocho. Nadie ha publicado la cifra exacta. Ese hueco, más que cualquier discurso, es lo que alimenta la sensación de ir a una velocidad que nadie controla.
