Están desesperados: virulenta reacción del PSOE contra el Tribunal Supremo por desmontarles el pucherazo.

El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española con la ley de nietos, provocando una fuerte reacción del PSOE que acusa a algunos jueces de parcialidad y de intentar influir en el gobierno.

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que ha encendido las alarmas en La Moncloa y en Ferraz. Se trata de la suspensión del derecho a voto para aquellos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos, formalmente integrada en la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022. Esta medida cautelar ha sido recibida con un malestar manifiesto por parte del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español, que no dudan en cuestionar la imparcialidad de algunos miembros del poder judicial.

Jueces bajo sospecha

Desde el Ejecutivo y la dirección del PSOE se ha alzado la voz contra lo que consideran una injerencia. Ministros como Óscar López, titular de Transformación Digital y Función Pública, o Óscar Puente, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, han puesto en duda la objetividad de ciertos jueces. López llegó a calificar la decisión del Supremo como una "salvajada" y un "atropello democrático", sugiriendo que hay magistrados "salvapatrias" empeñados en "tumbar al Gobierno" y que atienden a "lobos solitarios" que siguen directrices de otros ámbitos políticos.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, secundó esta línea argumental, indicando que, aunque no usaría las mismas palabras, la situación es observable. Pidió que la independencia judicial no se confunda con impunidad y señaló que el ponente de la decisión del Supremo habría expresado su preferencia por un gobierno de Feijóo para poder empezar a derogar leyes impulsadas por el actual ejecutivo. Esta afirmación se centra en la figura de Antonio Narváez, miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El voto, un derecho fundamental en juego

La preocupación se extiende a la propia naturaleza del derecho a voto. Óscar Puente expresó su perplejidad ante la actuación del Tribunal Supremo, argumentando que no es el órgano competente para pronunciarse sobre la ley ni sobre la instrucción que la desarrolló. Señaló que el Supremo emite una medida cautelar suspendiendo un derecho fundamental, basándose en una ley y una instrucción que, según su criterio, no han sido recurridas en tiempo y forma.

La portavoz Montse Mínguez incidió en la gravedad de la situación, preguntándose qué resultado electoral teme el Supremo que pueda verse afectado. "El voto es sagrado, cuelga de la nacionalidad y nos preocupa mucho que el Supremo diga que teme que afecte 'al resultado electoral deseado por los españoles'. ¿Pero cuál es ese resultado? Nadie lo sabe. Se tendrá que votar", afirmó. Esta crítica apunta a la intervención del Tribunal en un proceso que consideran ajeno a su competencia y que podría tener implicaciones en la voluntad popular expresada en las urnas.

Percepción de persecución judicial

En el seno del socialismo, existe una sensación creciente de que ciertos procesos judiciales avanzan a una velocidad inusitada cuando afectan a sus intereses, mientras que otros, que podrían perjudicar al Partido Popular, parecen ralentizarse. Esta percepción de "persecución" alentada desde La Moncloa y Ferraz parece resonar entre las bases del partido, especialmente en un contexto de debilidad derivado de la gestión de la crisis en Ceuta. La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial se mantiene elevada, con un cruce constante de reproches mutuos que dificulta la distensión.