Estefania Molina de SER habla de los forasteros en España.

Regularización de inmigrantes: ¿solución o expolio salarial?​

La periodista Estefanía Molina (SER) abrió la caja de los truenos al afirmar que los inmigrantes no vienen a pagar pensiones ni a cubrir vacantes, sino a hacer dumping laboral. El dato, incómodo para el relato oficial, ha desatado un debate en el que los análisis ciudadanos desmontan tanto la narrativa pro-inmigración como la anti-inmigración. Porque, ¿qué hay detrás de la regularización de cientos de miles de extranjeros? Dos corrientes chocan: la que ve una herramienta de la patronal para aplastar salarios, y la que señala un agujero social sin retorno.

El argumento del dumping: ¿maniobra patronal?​

Una parte del análisis sostiene que la inmigración masiva es un mecanismo deliberado para reducir costes laborales. Señalan que en sectores como la agricultura, los salarios han caído en términos reales: recoger naranjas, que en los 90 pagaba 1.800€ mensuales (300.000 pesetas), hoy se paga a 25-30€ el día. La diferencia no es casual: la llegada de mano de obra dispuesta a trabajar por menos presiona a la baja los sueldos. Los mismos que defienden la regularización son, según esta visión, los empresarios que se benefician de un ejército de reserva barato.

La visión de la carga: ¿parásitos o víctimas?​

Frente a eso, otra corriente sostiene que la mayoría de los inmigrantes no trabajan. Afirman que solo el 30% de los nacidos fuera de España cotizan, y que el 70% vive de prestaciones sociales. Señalan el coste en sanidad, educación y vivienda. Un chalet en Móstoles vale 700.000€, una cifra que contrasta con los salarios precarios. La regularización, dicen, no hará sino engordar el gasto público sin resolver los problemas estructurales del mercado laboral.

El punto ciego de ambos discursos​

Lo que ambas posturas comparten es la ausencia de planificación. No hay datos oficiales claros, y los que se usan son aproximaciones. Se mencionan ejemplos de Dinamarca con límites de ocupación por vivienda o Reino Unido con licencias para alquilar, pero en España reina el descontrol. La pregunta sin respuesta es: ¿se puede gestionar la inmigración sin que unos pierdan y otros ganen? El debate queda abierto.

Mientras la clase política se enreda en mantras, los ciudadanos hacen números. Y los números, aunque parciales, dibujan un panorama incómodo: o la inmigración es un negocio para pocos, o una carga para muchos. Quizá ambas.

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