Seis años después, el balance de la pandemia en España
En marzo de 2020, las residencias de mayores de Madrid se convirtieron en el primer frente de una guerra sanitaria que nadie había declarado. Los ancianos morían sin atención médica, mientras los avisos de los trabajadores chocaban contra un relato oficial que hablaba de «casos aislados». Seis años después, esa escena se ha transformado en un símbolo de la disputa sobre la gestión de la pandemia en España: la que enfrenta a quienes sostienen que el estado fue negligente, cuando no criminal, con quienes defienden que se hizo lo que se pudo con información limitada.
El punto de partida de cualquier análisis es la cifra que aparece en todos los debates: más de 120.000 muertos. Pero ahí empiezan los problemas. «Murieron más de 120.000 personas», se repite. La cuestión es cuántas de ellas murieron por COVID-19 y cuántas con COVID-19. La contabilidad oficial mezcla ambas categorías, y los datos de exceso de mortalidad del proyecto EUROMOMO apuntan a que el etiquetado fue, cuando menos, generoso. Un cáncer terminal con PCR positiva se contaba como COVID. Un accidente de tráfico, si el test llegaba a tiempo, también. La sospecha de que las cifras se inflaron para justificar medidas excepcionales recorre todo el debate.
Los protocolos que mataron: ¿negligencia o conspiración?
El terreno más pantanoso es el de los tratamientos hospitalarios. Se cita el estudio de las autopsias de Padua, que ya en marzo de 2020 apuntaba a daños compatibles con trombosis y no con la neumonía clásica, y la advertencia de un médico neoyorquino contra la intubación precoz y el uso masivo de respiradores. En la otra esquina, los defensores de la gestión oficial recuerdan que la comunidad científica no tenía protocolos claros y que se improvisó con las mejores intenciones. «Protocolos letales» frente a «medidas humillantes», como el uso de mascarillas en exteriores que en Suecia jamás se impusieron. El caso sueco se ha convertido en el espejo incómodo: mismo virus, estrategia opuesta, resultados comparables en exceso de mortalidad.
Residencias: los que murieron en silencio
Las residencias de mayores son la herida que no cicatriza. «Los viejos murieron abandonados», se dice, con ejemplos de centros donde el ejército entró en marzo de 2020 para encontrar cadáveres. La crítica alcanza a «los policías de balcón», esa figura que multaba a quien salía a la calle y que decía vigilar la «mejor sanidad del mundo». Irónicamente, los mismos que aplaudían la gestión luego presumían de sistema público cuando necesitaron una cama de UCI.
Seis años después, nadie rinde cuentas
El dato que descoloca: a la fecha de esta discusión, ningún responsable político, sanitario o militar ha sido juzgado por las decisiones de 2020. Se invoca la expresión «crímenes contra la humanidad», con la réplica de que eso es hipérbole interesada. Entre medias, el relato ha mutado: sectores que denunciaban bulos en marzo de 2020 son los mismos que ahora hablan de «plandemia» y de vacunas experimentales. El negacionismo cambió de bando, pero la desconfianza en las instituciones sigue donde estaba el primer día.
Ese es el resumen incómodo: seis años después, España sabe cuántos murieron, pero no por qué. La pregunta no es si el virus existió (claro que existió), sino si la respuesta fue proporcional. La respuesta, como casi todo en esta historia, sigue pendiente.