Sociedad: Exministra conservadora del Reino Hundido: tenemos que proveer frutas a los forasteros

Una exministra británica y la idea de prostitución para inmigrantes​

Hay provocaciones que encienden la discusión pública y hay provocaciones que la dejan sin aire. Las palabras de una exministra conservadora británica sobre la conveniencia de ofrecer servicios sexuales a los hombres migrantes alojados en centros de acogida pertenecen a la segunda categoría. La frase, lanzada en clave de denuncia o de sarcasmo, ha abierto un debate que va mucho más allá del sexo: toca la factura del asilo, los límites de la integración y el papel del Estado cuando ya no sabe qué hacer con miles de personas.

De la provocación a la interpretación: quién es la exministra​

La protagonista es Edwina Currie, exministra conservadora con una larga lista de declaraciones incendiarias. Nacida en Liverpool en el seno de una familia judía ortodoxa con el nombre de Edwina Cohen, su trayectoria política ha estado marcada por polémicas desde los años ochenta. En esta ocasión, su comentario sobre los migrantes se ha difundido como un reguero de pólvora, aunque no todos lo leen igual.

Parte de los análisis sostienen que Currie no proponía abrir lupanares públicos, sino que pretendía evidenciar lo absurdo de la situación: tener a 12.000 hombres jóvenes en centros de acogida, en espera de resoluciones largas y sin una política de integración, genera tensiones que el sistema no sabe gestionar. La pregunta retórica de si habrá que ponerles prostitutas sería, según esta lectura, un golpe sobre la mesa para mostrar que las necesidades básicas no se resuelven con buenas palabras.

Otros, en cambio, consideran que la mera formulación es inaceptable porque reduce a los solicitantes de asilo a seres movidos por un único instinto, y porque carga sobre las mujeres que ejercerían esos servicios una responsabilidad que ninguna política de asilo debería externalizar. Esa tensión entre la ironía como herramienta crítica y la deshumanización como efecto colateral recorre todo el debate.

La cifra que sostiene la controversia: 12.000 hombres jóvenes​

El dato que se repite en la discusión es el de 12.000. Jóvenes, hombres, migrantes, alojados en instalaciones del Estado mientras se resuelve su expediente. Una población así, concentrada y encerrada, plantea problemas de convivencia y también de coste. La manutención, la seguridad, el personal sanitario y la tramitación de las solicitudes consumen recursos públicos que rara vez se contabilizan en el debate político.

De ahí salen preguntas incómodas. ¿Cuánto cuesta mantener a esas personas? ¿Quién paga la factura final? ¿Y qué hacemos con lo que el presupuesto no prevé? Alguna respuesta ha sido directa: si hace falta cubrir esa necesidad, que se incluya en la seguridad social. Otra, más ácida: habrá que ver si son voluntarias. Entre una y otra, el terreno se convierte en un campo de minas.

El coste público y el efecto llamada​

En el plano económico, las reacciones disparan en varias direcciones. Unos señalan que la prostitución es un servicio caro y que no existe partida presupuestaria para semejante prestación, por lo que la propuesta es irrealizable en la práctica. Otros van más lejos y hablan del conocido como efecto llamada: si se difunde que un país facilita a los recién llegados paga, hotel y compañía, el estímulo para cruzar la frontera se multiplica.

La réplica llega desde quienes recuerdan que las políticas sociales para migrantes llevan décadas siendo el caballo de batalla de la extrema derecha y de sectores conservadores que luego piden reducir el gasto. Que la propuesta nazca de una figura de ese mismo espectro añade un punto de ironía que algunos subrayan con gestos de resignación. La historia de las políticas migratorias europeas —con sus paranoias sobre el peligro de la llegada masiva— se repite con otros ropajes.

Sarkasmo y realidad: dos lecturas en choque​

El nudo del conflicto es si la exministra hablaba en serio. La discusión no puede resolverlo con los datos disponibles; de hecho, es probable que la propia declaración estuviera pensada para que la audiencia dudara. Esa ambigüedad es su fuerza, pero también su problema: convierte en protagonista a la persona en lugar de al fenómeno.

Lo que no es ambigüedad es el hecho social que está detrás. Miles de jóvenes migrantes, con proyectos y miedos, esperan que un aparato burocrático decida su futuro. Mientras tanto, viven hacinados en centros, con tiempos muertos y pocos recursos. El sexo es solo la punta de un iceberg de necesidades mal cubiertas. La pregunta de quién paga por eso, o si debe pagarse desde las arcas públicas, seguirá sin respuesta.

Con este panorama, la provocación de Currie tiene al menos un mérito: ha obligado a mirar un agujero del sistema de asilo. ¿Hasta dónde está dispuesta una sociedad a llegar para evitar que sus centros de acogida se conviertan en un problema? ¿Y quién asume el coste humano de esa decisión? El tuit se apaga; las preguntas, no.