Expulsado de España tras casi 20 años: las tres condenas por drojas que le vinculan con Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la expulsión de España durante cinco años de un ciudadano senegalés de 44 años con tres condenas por tráfico de drogas, dos de ellas dictadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. La sala rechaza que el arraigo familiar y laboral ni la residencia de larga duración impidan aplicar la orden.

La resolución lleva fecha del 27 de julio de 2026 y la firma la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife. El afectado, un hombre senegalés de 44 años, llevaba casi dos décadas en España y había intentado tumbar la orden de expulsión con dos argumentos: su arraigo familiar y laboral y su condición de residente de larga duración. El tribunal los escuchó y los descartó.

Tres condenas por drogas entre 2017 y 2019

El historial judicial que sostiene la decisión son tres condenas por delitos contra la salud pública, por hechos cometidos entre 2017 y 2019. Dos de ellas las dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. La sala no las trata como un borrón antiguo: las lee en conjunto y ve un patrón.

De ahí sale el razonamiento central. La reiteración de delitos relacionados con sustancias que causan grave daño a la salud constituye, según el tribunal, una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública. No es una amenaza hipotética ni un cálculo de futuro: es lo que ya ocurrió, repetido tres veces.

El arraigo no basta frente a la reiteración delictiva

Aquí está lo que conviene entender, porque afecta a cualquiera que lleve años asentado en España con papeles. La residencia de larga duración no es un escudo automático. Tampoco lo es tener familia o trabajo aquí. El tribunal pondera: los vínculos existen, pero pesan menos que la acumulación de condenas por tráfico.

La doctrina que aplica la sala no exige que el riesgo se haya materializado en una amenaza concreta e inminente. Basta con que la conducta previa permita afirmar que la persona representa un peligro serio para la colectividad. Con tres condenas por drogas, ese listón se cruza.

Qué significa una expulsión de cinco años

La orden implica salir del país y no poder volver durante cinco años. Es una medida administrativa que se ejecuta tras confirmarse en vía judicial, y aquí el recurso ya se ha agotado en el TSJC. El afectado puede intentar todavía un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque el camino es estrecho.

Casos así generan dudas legítimas sobre cómo se equilibran los años vividos en un país y los antecedentes penales. La respuesta judicial, en este caso, es clara: la seguridad pública manda cuando hay reincidencia. Si te afecta una situación parecida, consulta con un abogado especializado en extranjería antes de dar cualquier paso.