El vuelo de la concertada a la privada: por qué las familias pagan el doble
En solo cuatro años, la enseñanza concertada ha perdido 55.000 estudiantes, mientras la privada no subvencionada crece a doble dígito. Familias como la de Alexandra Anguera, ejecutiva en Barcelona, destinan 1.900 euros al mes por hijo en primaria, lo que supone “una gran parte de nuestro presupuesto”. La razón de fondo, según múltiples análisis, no es tanto el coste como la composición del alumnado: las concertadas están obligadas a aceptar un cupo de inmigrantes y alumnos con necesidades especiales, lo que, en palabras de numerosos consultados, “destruye el nivel” y fuerza a quienes pueden a migrar a la privada.
La cuota que asfixia a la concertada
Desde que las administraciones impusieron porcentajes mínimos de alumnos “vulnerables”, los colegios concertados han visto cómo su perfil sociocultural cambiaba radicalmente. Se estima que algunos centros ya concentran hasta un 80% de alumnado multicultural. Los profesores dimiten, las clases se resienten y las familias con recursos optan por la privada. “Ni los colegios del Opus se libran”, señalan fuentes cercanas, que confirman que incluso estos centros barajan renunciar al concierto para volverse totalmente privados.
1.900 euros al mes: el precio de la huida
El coste de la educación privada en España no es homogéneo, pero en centros de élite como el SEK-Ciudalcampo o algunos internacionales en Barcelona, las cifras superan los 1.900 euros mensuales por hijo. Para una familia con tres hijos, el desembolso roza los 5.700 euros al mes, equivalente a una hipoteca alta. Muchos padres justifican el gasto como una inversión en seguridad y calidad, evitando el “entorno multicultural” que, según su percepción, lastra el aprendizaje. Sin embargo, algunos analistas señalan que la privada también enfrenta problemas: dificultades para contratar profesores de matemáticas e inglés nativos, con sueldos que no siempre compiten con los de la pública.
¿Merece la pena el esfuerzo?
El debate sobre si la privada justifica su coste sigue abierto. Por un lado, los defensores argumentan que es la única vía para garantizar una educación de calidad, networking y seguridad. Por otro, los críticos apuntan que el sistema público y concertado aún pueden funcionar si se gestionan bien, y que pagar 1.900 euros al mes es una losa que compromete el futuro financiero de la familia. La pregunta que nadie acaba de responder es si esta fuga masiva es una burbuja insostenible o el nuevo orden educativo en España.
Debates relacionados en el foro