Feijóo plantea móviles sin acceso a redes para evitar que los menores consuman pornografía o contenidos inadecuados

Feijóo propone móviles sin internet para los menores​

Los teléfonos sin acceso a internet existen desde mucho antes de que alguien discutiera si un niño debe tenerlos. La propuesta de Alberto Núñez Feijóo de impulsar móviles sin navegación para proteger a los menores de contenidos «absolutamente impropios» —con la pornografía como ejemplo señalado— no estrena ninguna categoría: describe el teléfono básico de toda la vida. El matiz relevante es otro. El presidente del PP reclama un esfuerzo a operadores de telefonía y de contenidos para hallar una fórmula que impida ese acceso. Traslada así al mercado y a la regulación un asunto que hoy se resuelve, o no, en cada casa.

Qué pide Feijóo y a quién​

Feijóo, presidente del PP y candidato a las elecciones generales del 23 de julio, pidió a los operadores de telefonía y a los proveedores de contenidos una solución que evite que los menores accedan a la pornografía. Su objetivo, según planteó, es protegerles de páginas absolutamente impropias. La idea de fondo —un terminal sin navegación— tropieza con un detalle incómodo: el mercado lleva décadas vendiendo ese producto. Los llamados móviles para mayores o los terminales básicos permiten llamar, mandar mensajes y poco más. No hace falta legislar lo que ya está en el catálogo.

Lo que no se concreta es la operativa. ¿Quién fabrica el aparato? ¿Lo homologa el operador? ¿Es una opción voluntaria o una obligación por tramos de edad? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta en el anuncio, y cualquiera de ellas cambia por completo el alcance de la medida.

¿Se puede impedir que un menor acceda a la pornografía?​

Cerrar del todo esa puerta es muy difícil, y en el hilo hay quien sostiene que la única manera pasa por pedir el DNI en todas las páginas, algo que hoy no existe de forma generalizada y que arrastra problemas propios de privacidad. La alternativa del móvil sin internet tiene un agujero evidente: la wifi de casa, el ordenador familiar o el teléfono de un amigo siguen ahí. Y la pornografía circula por internet desde hace más de dos décadas, mucho antes de que cualquier niño tuviera un smartphone en la mano.

Ese es el dato que descoloca a cualquier plan centrado en el aparato: el contenido llega igual, solo cambia el recipiente.

El control parental que ya existe y casi nadie configura​

La objeción más repetida apunta a que la herramienta ya está inventada. Existen controles parentales que permiten limitar, filtrar y supervisar lo que un menor hace con su teléfono; en el debate se menciona el sistema de gestión familiar de Google, capaz de restringir aplicaciones, horarios y contenidos. Bien configurado, el margen de maniobra del chaval se estrecha mucho. El problema es que configurarlo exige tiempo, conocimientos y ganas, y ahí el adulto medio se queda a medio camino.

El reproche, por tanto, no es tecnológico sino de reparto de responsabilidades. Se sostiene que el móvil acaba en manos de un crío de once años porque el padre delega en la máquina lo que no quiere negociar cara a cara. La propuesta de vetar el acceso a internet, leída así, funciona como atajo: evita la conversación incómoda y la cambia por un interruptor. El mismo argumento sirve para el alcohol —prohibido a menores—, con la diferencia de que ahí la ley y el control social llevan décadas actuando en paralelo.

El riesgo de decidir qué contenido es «inadecuado»​

La crítica más dura no va contra los móviles, sino contra el lenguaje. Hablar de contenidos inadecuados abre de inmediato la pregunta de quién firma la lista. Una parte del análisis ve aquí un envite regulatorio: con la excusa de proteger a los menores se puede acabar filtrando mucho más. El precedente que se invoca en el hilo es el de las restricciones sanitarias aplicadas en Galicia, donde, según sostiene un mensaje del debate, se contemplaron sanciones de hasta 60.000 euros para quien se negara a vacunarse. El salto de la protección al control sería, en este relato, cuestión de un decreto.

Quienes defienden el enfoque lo resumen de otro modo: ninguna sociedad deja a un menor frente a contenido para adultos sin filtro alguno. El desacuerdo no está en el fin, sino en el medio y en la letra pequeña.

Móviles básicos: lo que ya se vendía​

La paradoja que recorre el asunto es que la solución propuesta suena a retroceso. Un teléfono que solo llama y recibe mensajes resuelve a la vez dos cosas: impide la navegación y permite a los padres saber dónde está el hijo. Pero también le devuelve al chaval un aparato de hace quince años mientras sus amigos llevan otro. La resistencia no es técnica, es social.

A eso se suma otro frente. El menor usará la wifi de casa, el ordenador o el móvil de un conocido. Cada puerta que se cierra deja tres abiertas, y ninguna ley tapa las tres a la vez.

La reacción: ¿sentido común o improvisación?​

El anuncio ha servido, sobre todo, para reabrir la duda sobre cómo se construyen las propuestas. Hay quien lo lee como una ocurrencia de campaña, con el cálculo electoral por delante: la broma recurrente es que la medida vale un puñado de votos más. Otros ven sentido común en poner el foco en los menores y en la responsabilidad de las plataformas. Y un tercer grupo, el más incómodo para el partido, pregunta por qué se anuncia como novedad algo que cualquier dependiente de una tienda de telefonía sabría explicar en treinta segundos.

La pregunta de fondo no es si la idea es buena o mala, sino si quien aspira a gobernar ha medido lo que cuesta decirla en voz alta.

Con este panorama, cualquier medida centrada exclusivamente en el aparato debería dar resultados modestos. Lo probable es que el debate acabe derivando hacia la verificación de edad y hacia controles parentales activados por defecto, y no hacia el móvil sin navegador, que ya existe y nadie compra en masa. La tecnología no sustituye a la conversación. Aunque sea más fácil de vender.