Feijóo propone achatarrar los coches de más de 10 años
El parque automovilístico español supera los
14 años de edad media y ese es el dato que Alberto Núñez Feijóo ha convertido en bandera. Su propuesta: un
Plan Renove en cooperación con las comunidades autónomas y con ayudas para la compra de «todo tipo de vehículos eficientes». El anuncio, lanzado por redes sociales, ha caído en mitad de una discusión menos amable: achatarra coches que todavía funcionan para que el conductor compre otro que quizá no pueda pagar. No es la primera vez que lo plantea. Ya en noviembre de 2022 pidió a Sánchez retirar de las carreteras los vehículos de más de 10, 12, 14 y 15 años.
Qué propone exactamente el Plan Renove
La literalidad de la propuesta es corta y deja abiertos los detalles que más importan. Se habla de cooperación con las comunidades autónomas —competencia y dinero repartidos, por tanto— y de ayudas para
«todo tipo de vehículos eficientes», una etiqueta que admite muchas lecturas. ¿Solo eléctricos? ¿Híbridos enchufables? ¿También un diésel moderno y eficiente? El texto no lo aclara, y de esa ambigüedad sale buena parte del ruido.
Igual de difusa queda la cuantía. Sin cifra por coche achatarrado, sin umbral de renta y sin tope de precio del vehículo nuevo, el plan es de momento un titular. Los conductores lo han traducido de inmediato a su caso particular: cuánto me dan, cuánto me cuesta el sustituto y cuánto me queda de hipoteca después.
¿Cuánto tiene que pagar el Plan Renove para que salga a cuenta?
Quince mil euros. Esa es la cifra que aparece una y otra vez como suelo para aceptar el cambio, y hay quien la sube hasta los
40.000 euros —lo que se supone que cuesta hoy cualquier coche nuevo— para no perder dinero en la operación. Con ayudas de 5.000 euros, o de 1.500, la respuesta es un no rotundo: por ese dinero no se cambia un vehículo que funciona.
El cálculo tiene su lógica. Un coche con más de una década a cuestas está amortizado: no tiene cuota, el seguro es barato y las reparaciones, cuando llegan, se pagan a tocateja. El sustituto, en cambio, llega con financiación, con más electrónica y con precios de parachoques que asustan. Un golpe frontal en un vehículo moderno —faros led, radares, cámaras, sensores y actuadores— puede costar más que el valor entero del coche viejo que se manda al desguace. Ese detalle, que en el fondo desmonta el argumento del ahorro, convierte el plan en un problema de renta disponible.
Frente a ese muro aparece el contraejemplo que se repite: híbridos enchufables de fabricantes asiáticos anunciados a partir de 11.000 euros, con autonomía de 2.000 kilómetros y más de 280 caballos, una referencia que, según quienes la citan, bastaría para reventar los precios del sector europeo.
Achatarrar un coche de 2005 frente al discurso de la ecoresiliencia
El argumento menos contestado es también el más incómodo para quien firma la propuesta. Si el objetivo es consumir menos y alargar la vida de los bienes, destruir un vehículo que todavía da servicio es
poco sostenible por definición. Un diésel de 2005 bien mantenido, con revisiones al día y uso moderado, sigue circulando sin problemas. En el fondo de la crítica hay una idea técnica: los coches no mueren por viejos, mueren porque dejan de fabricarse sus piezas. De ahí sale una propuesta recurrente —vehículos
imprimibles, con especificaciones abiertas para que cualquiera pueda refabricar un recambio— que ataca el problema real y no el síntoma.
Está además la duda energética. Decir que se apuesta por lo eficiente sin decir con qué se recarga es dejar la mitad del razonamiento fuera de la ecuación. La otra mitad es el precio y la calidad percibida: los coches actuales se ven peores que sus predecesores en acabados y longevidad, con componentes que a los 20.000 kilómetros ya piden paso por el taller.
El detalle que se repite: Feijóo no tiene coche propio
A la crítica técnica se ha sumado la biográfica, y es la que más se comparte. Su declaración de bienes en el Congreso no incluye ningún vehículo, y lleva
34 años moviéndose en coche oficial, según los datos que se manejan en la conversación. El reproche es directo: quien no ha tenido que comprarse un coche en tres décadas no está en la mejor posición para decirle a otro cuándo debe cambiar el suyo.
No es el único flanco. Una parte del público recuerda episodios previos, como la defensa de sanciones económicas para quien rechazara vacunarse durante la pandemia, y los usa como prueba de una manera de gobernar. Otros, en cambio, conceden que el problema del parque móvil es real y que una antigüedad media tan alta es un lastre para el consumo y para las emisiones. Ahí el descontento deja de ser visceral y entra en terreno discutible.
Zonas de bajas emisiones: el mismo objetivo, sin ayudas
A la sombra del Plan Renove hay una paradoja que varios conductores han señalado: las restricciones al coche viejo ya están aquí, y llegaron antes que las ayudas. Madrid limita la entrada a los vehículos sin etiqueta y ha planteado extender la prohibición incluso a los residentes. Para quien tiene un coche de 15 años y no puede permitirse otro, eso es exactamente lo mismo que propone Feijóo, pero sin compensación de ningún tipo.
De ahí la acusación de cinismo, y de ahí también una conclusión que se repite: el problema nunca fue la edad del coche, sino que la gente es pobre y los coches nuevos son caros. Cualquier plan que altere ese orden de factores se queda en propaganda con presupuesto ajeno.
Con los números sobre la mesa, el recorrido del plan es estrecho. Nadie discute que el parque envejece; lo que no está claro es quién paga el relevo ni si existe un vehículo eficiente que quepa en el presupuesto de quien hoy conduce un coche de 2005. Sin esa respuesta, la propuesta se queda donde empezó: en un titular con dos cifras ausentes, la de la ayuda y la del coche.