Felipe VI convirtió esta semana una audiencia de verano en un test de imagen institucional. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, fue citado en el palacio de Marivent, en Mallorca, mientras la ciudad autónoma seguía gestionando las secuelas de una entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal. El rey no se movió de la isla. Ahí empezó el problema.
Seis mil personas, un gesto y una frontera que no perdona
La controversia deja una cifra sobre la mesa: 6.000 personas cruzaron en pocas horas, según la caracterización que se maneja. Faltan concreciones sobre cuántas de ellas siguen en situación irregular, y ahí está el meollo: la gestión está en el aire. Las críticas apuntan a que el aviso del CNI no se tradujo en una respuesta del Gobierno, y que mientras tanto los menores que entraron sin filiación quedaron en un limbo legal. El presidente del Ejecutivo, de vacaciones, no cogió el teléfono. La Casa Real, desde Mallorca, tampoco cambió la agenda.
El rey, el banquete y los 600 invitados
El contraste que más ha escuecido no fue solo el de la distancia: mientras Ceuta cuantificaba daños, en la isla se celebraba un banquete con 600 invitados. Nadie pide que un jefe de Estado se pierda una recepción oficial; lo que se le reprocha es la ausencia de gesto simbólico en la zona caliente. «No hacía falta que fuera con las medallas y el AK, simplemente su presencia habría sido de apoyo», resumía el malestar. O, dicho sin rodeos, la Corona quiso que el alcalde de Ceuta fuese a ver al rey en lugar de ir el rey a ver a Ceuta.
El límite constitucional que también es un límite político
Hay quien recuerda que el Rey no puede hacer declaraciones políticas ni presentarse en nombre de España sin refrendo. Es cierto: la Constitución ata los actos del jefe del Estado a la firma del Gobierno. Pero la discusión no va solo de papeles. Ir a Ceuta no requería pronunciarse sobre nada; bastaba con aparecer, saludar y escuchar. La pregunta incómoda es por qué no se articuló ese viaje en un momento en que el malestar se medía en miles de personas sin respuesta administrativa.
Los números que ya duelen: 25 millones para menas y cero para incendios
El malestar no es solo territorial. En paralelo, las cifras de gasto también chirrían: 25 millones de euros asignados a menores extranjeros no acompañados mientras se dejaba sin partida a los damnificados por incendios. La discusión sobre prioridades presupuestarias se cruza con la crisis de Ceuta y deja un cóctel de difícil digestión para el relato de una gestión ordenada.
A la fecha, nadie ha explicado de forma concluyente por qué el jefe del Estado no pudo o no quiso acercarse a la frontera. La próxima crisis territorial llegará. Y la audiencia de Mallorca quedará como el episodio en que el trono midió su distancia exacta con el sufrimiento real de una ciudad.