La Comunidad de Madrid adquiere un ático de 485 m² en Chamberí: ¿oficina o residencia de lujo?
La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí. El coste de la operación no se ha revelado oficialmente, pero la noticia ha desatado una tormenta política: el inmueble está enfrente de la vivienda de Isabel Díaz Ayuso, cerca de otro ático vinculado a su pareja, y las explicaciones oficiales no terminan de cuadrar.
La versión del Gobierno regional es que el ático se destinará a uso administrativo, como oficina para reuniones de trabajo o ruedas de prensa. Sin embargo, el escepticismo es generalizado. Entre los críticos se señala que la CAM ya dispone de numerosos inmuebles públicos en Madrid, y que una compra de estas características en plena crisis de vivienda resulta, como mínimo, cuestionable.
Un ático de 485 m² y 200 m² de terraza: ¿para qué?
Los datos que han trascendido hablan de un ático de casi 500 metros cuadrados, con una terraza de unos 200 m², en una de las zonas más caras de Madrid. La pregunta que surge de inmediato es: ¿qué necesidad tiene una administración pública de un espacio tan amplio y lujoso para labores oficinescas? Los defensores de la operación argumentan que la compra es legal y que el inmueble pasa a ser patrimonio público, no propiedad de Ayuso. Pero la oposición y parte de la prensa recuerdan los antecedentes: el novio de la presidenta, Alberto González, ya ha sido relacionado con operaciones inmobiliarias opacas, y el hermano de Ayuso, Tomás Díaz, está siendo investigado por presuntas comisiones en contratos de mascarillas.
El precedente de los áticos del entorno
La polémica no es aislada. Ayuso ya reside en un ático propiedad de su pareja, que a su vez fue adquirido a un abogado vinculado a la trama. Además, el propio Alberto González ha sido acusado de fraude fiscal y de usar sociedades interpuestas para ocultar patrimonio. En este contexto, la compra del nuevo ático por parte de la administración que ella preside añade un nuevo capítulo a la novela de los pisos de lujo en la Puerta del Sol. Algunos analistas apuntan a que la operación podría ser una forma de regularizar un uso privado con dinero público, aunque no hay pruebas concluyentes.
Un precedente legal dudoso
Para rizar el rizo, la normativa urbanística del inmueble podría impedir su uso como oficina, según ha señalado El Plural. Si se confirma que el uso residencial no permite actividad administrativa, la compra sería inviable para el propósito declarado. El Gobierno regional tendrá que explicar por qué no alquiló o adquirió otro inmueble mejor adaptado —por ejemplo, de los que ya posee en la ciudad— y por qué eligió precisamente un ático con vistas a la vivienda de la presidenta.
Con los antecedentes de corrupción acumulados en el PP madrileño, desde Cifuentes hasta el hermano Ayuso, la ciudadanía tiene derecho a ser escéptica. La pregunta que queda en el aire es: si realmente es una oficina, ¿por qué comprar justo enfrente de casa de la jefa?