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Francia, el impuesto del 62% que vacía el campo y no toca a los ricos​

Tres millones de propiedades abandonadas, agricultores que se suicidan ante la imposibilidad de pagar el impuesto de sucesiones y una tasa efectiva del 0,2% para los patrimonios más grandes. El sistema fiscal francés sobre las herencias se ha convertido en una máquina de expropiar a las clases medias rurales mientras los grandes patrimonios esquivaban el golpe con estructuras offshore y residencias estratégicas.

El 62% que no es para todos​

El tipo marginal máximo del impuesto de sucesiones en Francia alcanza el 62% para herederos sin parentesco de sangre. Pero la realidad es más matizada: de padres a hijos, el gravamen oscila entre el 5% y el 45%, según fuentes oficiales citadas en el análisis. El 62% es, por tanto, un tope que afecta sobre todo a legados entre personas no emparentadas, aunque el debate público ha fijado esa cifra como símbolo de la presión fiscal sobre la herencia.

La progresividad del impuesto, sin embargo, golpea con dureza a patrimonios medios que no pueden permitirse planificación fiscal. Un agricultor que hereda las tierras familiares se enfrenta a tipos que pueden superar el 40%, una losa que obliga a vender o a abandonar la explotación. El dato de las tres millones de propiedades abandonadas no es una exageración: responde a décadas de acumulación de fincas cuyo valor catastral supera la capacidad de pago de los herederos.

El drama del campo francés​

El colectivo con mayor tasa de suicidio en Francia, según los datos manejados en el análisis, es el de los agricultores. Y la imposibilidad de hacer frente al impuesto de herencia sobre las tierras ancestrales aparece como uno de los detonantes. No es un problema nuevo: la tributación sobre el patrimonio rural ha ido empujando a la venta de fincas históricas, muchas veces a fondos de inversión o a compradores extranjeros, acelerando la desaparición de la pequeña explotación familiar.

Paralelamente, el impuesto sobre grandes propiedades residenciales lleva siglos provocando el abandono de mansiones y palacetes con valor arquitectónico, cuyos dueños no pueden mantenerlas ni pagar los gravámenes. El resultado es un paisaje de fincas ruinosas que el Estado, finalmente, tampoco gestiona.

Los ricos no pagan: el caso de la Casa de Alba​

Mientras un agricultor puede enfrentarse a un 40% de impuesto, el patrimonio de la Casa de Alba, valorado en unos 3.200 millones de euros, pagó una tasa efectiva de apenas el 0,2% en la última transmisión hereditaria. ¿El truco? Constituir una fundación, acogerse a exenciones por Patrimonio Histórico y, sobre todo, establecer la residencia fiscal en Madrid, donde el impuesto de sucesiones está bonificado al 99%. La estrategia permitió que el 90% del patrimonio quedara exento y el heredero pagara unos seis millones de euros sobre 3.200 millones.

Este mecanismo no es exclusivo de las grandes fortunas: cualquier contribuyente con recursos para cambiar su domicilio fiscal a una comunidad autónoma con bonificaciones puede reducir drásticamente la factura. Pero para el pequeño propietario rural, sin capacidad de deslocalización, el impuesto es ineludible.

Un sistema que incentiva la ingeniería fiscal​

Las respuestas al impuesto van desde la rendición hasta la fuga. Quienes no pueden pagar optan por vender o, en casos extremos, por destruir las propiedades antes de que el Estado se las quede. Otros trasladan su residencia a paraísos fiscales o invierten en activos líquidos fuera del alcance de Hacienda. La estructura del impuesto, progresivo en teoría pero fácilmente sorteable con planificación, ha creado una brecha entre quienes pueden pagar a un buen asesor fiscal y quienes no.

El debate sobre el impuesto de sucesiones en Francia está lejos de cerrarse. La izquierda lo defiende como herramienta de redistribución; la derecha, incluso la moderada, lo combate como confiscatorio. Pero mientras tanto, los datos hablan: tres millones de propiedades abandonadas, una tasa de suicidio rural disparada y grandes fortunas pagando el 0,2%.