Noticia: Funcionarias gallegas exigen que la Xunta les dé plazas dónde ellas quieran

Funcionarias gallegas exigen elegir su destino: ¿castigo o derecho?​

La Xunta de Galicia lleva años sin convocar concursos de traslados para su personal del ámbito social: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras. Cuando por fin lo hace, descubren que las plazas más golosas ya han sido asignadas a los recién aprobados de la última oposición. El malestar es mayúsculo. Pero la opinión pública no las acompaña: muchos las ven como unas privilegiadas que protestan por no poder elegir el mejor puesto.

La cronología de un desencuentro​

El conflicto viene de lejos. Durante años, la Xunta fue cubriendo vacantes del ámbito social con personal de nuevo ingreso, saltándose cualquier procedimiento de movilidad interna. Cuando las funcionarias llevaron su queja a los medios (La Voz de Galicia recogió el caso de psicólogas de juzgados), la Administración reaccionó y convocó un concurso de traslados en 2023. Pero la medida llegó tarde: los destinos más demandados ya tenían dueño. El resultado es que las veteranas se quedan con las migajas, mientras los novatos se llevan las plazas céntricas y los horarios cómodos.

¿Derecho o privilegio?​

La petición de las funcionarias es clara: poder acceder a las plazas vacantes en condiciones de igualdad, sin que los nuevos aprobados se las queden todas por el simple hecho de haber aprobado después. Suena razonable sobre el papel. Sin embargo, en un país donde el empleo precario es la norma, la imagen de un funcionario reclamando el derecho a elegir su destino provoca escozor. "Los funcionarios son el cáncer de este país", se lee en redes. "A fregar, de rodillas", rematan otros. Para la mayoría, estas trabajadoras ya tienen un puesto fijo, un sueldo seguro y vacaciones pagadas. ¿Cómo se atreven a pedir más?

La paradoja es que el sistema de concurso de traslados está pensado precisamente para evitar la arbitrariedad y la endogamia. Si la Xunta lo ignora durante años, luego es difícil culpar a los empleados de querer lo que les corresponde. Pero el ruido mediático, alimentado por el hartazgo ciudadano hacia lo público, convierte a las funcionarias en el enemigo fácil.

La pregunta que queda es si la Xunta es incompetente o maquiavélica. Lo cierto es que, para las funcionarias gallegas, el derecho a elegir su puesto de trabajo sigue siendo una quimera.

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