El alto coste de la vivienda expulsa a los funcionarios de Málaga
Un opositor de dibujo que acaba de ganar plaza en Málaga ya ha decidido irse. No le asusta el trabajo, sino el precio del inmobiliario. Su caso, recogido por Málaga Hoy, ilustra un problema creciente: los empleados públicos, con empleo estable pero salarios discretos, no encuentran sitio en una ciudad donde el ladrillo cuesta un ojo.
El salario público no llega al alquiler
En la conversación económica se repite una cifra: solo dos funcionarios del grupo A1 pueden vivir sin apuros en Málaga si no tienen vivienda en propiedad. El resto se ve abocado a compartir piso, a alquileres que devoran media nómina o a una búsqueda agotadora en la periferia. La estabilidad laboral que otorga una plaza, dicen, ya no compensa el esfuerzo económico ni logístico.
De las casas de los maestros a la vivienda pública
El debate no es nuevo. En los años 40 y 50, el Estado levantó viviendas para maestros y también promociones de suelo público a bajo coste para funcionarios. Aquellas «casas de los maestros» vuelven a ser referente cuando alguien propone vivienda asequible para empleados públicos. Unos creen que es la única salida; otros responden que no se arregla el problema con privilegios corporativos.
El dato que descoloca: los funcionarios no son ricos, aunque algunos lo imaginen. Y aun así, con la vivienda por las nubes, ni la seguridad del puesto salva el balance. Málaga, mientras tanto, ve marcharse a los que acaban de aprobar. Si los precios no cambian, el siguiente opositor podría ni siquiera presentarse.