Hay que pagar a los gorrillas por aparcar.

Gorrillas: el peaje informal que nadie sabe cómo regular​

Cada mañana, miles de conductores españoles se enfrentan a un dilema: pagar un euro al hombre de la calle o arriesgarse a un arañazo en el coche. Los gorrillas, aparcacoches espontáneos que se apropian de las plazas públicas, llevan décadas operando al margen de la ley. Pero su negocio, pura economía sumergida, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿falta regulación o sobra Estado?

El debate enfrenta dos corrientes. Una sostiene que sin normas claras, la ley del más fuerte se impone: la extorsión se convierte en mafia organizada, con tarifas de hasta 50 euros por aparcar. Otra defiende que la autorregulación es posible: si todos se arman de valor, el gorrilla desaparece. Entre medias, no falta quien propone, en tono satírico, crear cuadrillas de «protectores anti-gorrones» con bates de béisbol y megáfonos, como una suerte de «desokupa» de aparcamientos.

La inacción policial es el telón de fondo. En ciudades como Valencia, la regulación existe pero no se aplica. Mientras tanto, el concejal de Vox en Castellón, Antonio Ortolá, ha lanzado una campaña contra los gorrillas, vinculando el fenómeno a la inacción del presidente Sánchez en materia migratoria. El asunto se mezcla con la venta ambulante: el mismo vendedor multado siempre vuelve a comprar más producto para seguir vendiendo.

Al final, el dato descoloca: nadie sabe exactamente cuánto dinero mueve este peaje, pero todos lo pagan. Si la policía no actúa y la norma no llega, el gorrilla seguirá cobrando. Y mientras tanto, el único que gana es el que convierte la necesidad en negocio.