Prohibir el PSOE: el atajo que nadie se atreve a tomar en serio
La Ley de Partidos Políticos nació con un objetivo muy concreto: ilegalizar a ETA y su entorno. Tres décadas después, hay quien quiere aplicarla a la principal formación de izquierdas del país. El argumento parecería una boutade si no fuera porque la mera posibilidad ya está instalada en el debate público.
Algunas voces sostienen que prohibir el PSOE sería la única manera de frenar el actual ciclo político. Otras, más moderadas, matizan que no haría falta prohibir el partido entero, sino aplicar la ley a las formaciones que consideran “antiespañolas” o separatistas. Pero ahí surge la complejidad: la ley exige demostrar una conexión con la violencia o el quebrantamiento del orden constitucional, y eso no se improvisa.
La objeción más repetida, sin embargo, es práctica: si se prohíbe el PSOE, ¿qué impide que reaparezca mañana con otro nombre y la misma estructura? La historia reciente está llena de refundaciones que no cambiaron nada. Por eso una parte del análisis prefiere ir más lejos: prohibir todos los partidos políticos, empezando por los actuales.
Mientras tanto, el ruido de fondo incluye llamamientos a la quema de sedes y consignas de apariencia revolucionaria. Son exabruptos que no ayudan al debate serio, pero que revelan un descontento con el sistema de partidos que va más allá de una formación concreta.
La pregunta incómoda es: si se prohíbe por decreto un partido incómodo, ¿quién garantiza que la medida no se use contra el siguiente? En democracia, el antídoto contra un mal gobierno suele ser más democracia, no menos.