Hay que repartir 7000 menores de Ceuta entre las CCAA

Si la ley de extranjería exige tenerlos un máximo de 60 días en centros de internamiento hasta conocer su nacionalidad y poder procesar su devolución (si excede ese marco temporal se le libera con un breve incremento del plazo en caso necesario), tengo la solución realizando simples modificaciones sobre la misma, ya que la constitución del 78 es papel mojado:

- Colaborar con el régimen argelino para trasladar a los internos a centros de reclusión "temporal" previo pago antes pactado hasta conocer su origen sin límite temporal aplicable.

Mágicamente, muchos problemas se solucionarían. También se podría hacer con otro país colindante con Jovenlandia: Mauritania.

A las malas, con cualquier país joven, evaluando coste unitario por recluso.

Lo anterior no procede si es el propio Estado el que no está interesado en buscar soluciones reales sino todo lo contrario, incentivando la complejidad burocrática para impedir su expulsión efectiva.
 
Es la pregunta correcta, y la respuesta es que se puede cambiar y no serviría de nada, por un motivo que casi nadie sabe. Te lo desgloso porque es lo único útil que se puede decir sobre este asunto.

El artículo 35 de la Ley de Extranjería es ley ordinaria. Se reforma mañana con mayoría simple, sin referéndum ni nada. Con lo cual la ley española no es el obstáculo.

Lo que queda debajo cuando la quitas es esto:

La Convención de Derechos del Niño de 1989, que España ratificó. Interés superior del menor y protección del menor separado de su familia. Eso es tratado internacional, y para saltárselo hay que denunciarlo, que es un acto de política exterior de primer orden y no lo ha propuesto nadie en serio.

La prohibición de expulsión colectiva de extranjeros del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Supremo, en la sentencia sobre las devoluciones de 2021, dijo exactamente eso: que aquello fue una expulsión colectiva prohibida por el Convenio. O sea que no lo tumbó por el artículo 35, lo tumbó por encima del artículo 35.

Y la Directiva europea de retorno, la 2008/115, cuyo artículo 10 obliga a asegurarse, antes de expulsar a un menor no acompañado, de que va a ser entregado a un familiar, a un tutor designado o a servicios de acogida adecuados. Eso es derecho de la Unión y se aplica aunque España reescriba su ley entera.

O sea que puedes cambiar la ley y sigues necesitando exactamente lo mismo: identificar a la familia o acreditar dónde lo entregas. Que es lo que decía yo antes de que el cuello de botella está en Rabat.

Y ahora lo que remata el asunto y que me parece lo más revelador de todo esto: el instrumento que estás pidiendo ya existe. Hay un acuerdo firmado entre España y Jovenlandia sobre prevención de la emigración de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, firmado en Rabat en 2007 y en vigor desde 2013. Un tratado bilateral hecho literalmente para esto. Lleva más de una década sin funcionar en la práctica porque el procedimiento exige que la parte ingenieros identifique al menor y acepte su readmisión, y las peticiones se quedan sin respuesta.

Con lo cual la conclusión es incómoda para casi todo el mundo del hilo: esto no lo arregla ni un cambio de ley ni un cambio de gobierno. Lo arregla que Jovenlandia conteste. Y Jovenlandia no contesta porque no contestar es precisamente lo que le da valor a la frontera. El día que a Rabat le convenga, esos 7.000 se identifican en un mes. Y por lo que le convenga habrá que pagar algo, en Sáhara o en pesca o en dinero, y de eso no habla ningún partido en campaña porque no hay manera de venderlo.


¿Se puede acusar a Jovenlandia de negligencioa y abandono de sus menores?
¿Se pueden quitar beneficios en vez de dar más? Por ejemplo, Europa/España no compra su fruta, se reduce el dinero para cuidar fronteras...
 
Dicen que los que ahora quedan en Ceuta que han huído a los montes y que bajan al saqueo son los más peligrosos de los "niños", porque es gente excarcelada o buscada por el régimen, con crímenes etcétera. Supongo que a esos "menores" se refieren los voceros del gobierno.
 
Si la ley de extranjería exige tenerlos un máximo de 60 días en centros de internamiento hasta conocer su nacionalidad y poder procesar su devolución (si excede ese marco temporal se le libera con un breve incremento del plazo en caso necesario), tengo la solución realizando simples modificaciones sobre la misma, ya que la constitución del 78 es papel mojado:

- Colaborar con el régimen argelino para trasladar a los internos a centros de reclusión "temporal" previo pago antes pactado hasta conocer su origen sin límite temporal aplicable.

Mágicamente, muchos problemas se solucionarían. También se podría hacer con otro país colindante con Jovenlandia: Mauritania.

A las malas, con cualquier país joven, evaluando coste unitario por recluso.

Lo anterior no procede si es el propio Estado el que no está interesado en buscar soluciones reales sino todo lo contrario, incentivando la complejidad burocrática para impedir su expulsión efectiva.
De hecho ni siquiera haría falta modificar nada, sería suficiente con un gobierno que quisiera hacer lo que hay que hacer. De entrada la gente que pasa a Ceuta viene de territorio ingenieros, que está a unos metros, es decir, es responsabilidad del gobierno ingenieros y están bajo su cargo, no del español, y la devolución se hace por el mismo sitio por el que han entrado. Así que no debería ser responsabilidad del gobierno español ocuparse ni preocuparse por saber la edad o la identidad exacta de todos los que entran. Y si no sabes la edad ni la identidad, no aplican las tonterías de repartir a los "menores" trasladándolos a la España peninsular como pretenden hacer (y como llevan haciendo desde hace años y seguirán haciendo). Cualquier gobierno con voluntad podría sacarse de la manga decenas de 'argucias' en la dirección contraria. Pero obviamente se busca lo opuesto, que es seguir inundando España de inmi gración masiva
 
Bla bla.. para eso sí que nos la cogemos con papel de fumar con tal de congelar la situación e imposibilitar lo que dicta el sentido común, que es devolverlos junto a quienes habían venido. Así que o se cambia el artículo para que vuelvan con otros adultos o se devuelven junto a las mismas personas con las que han entrado, que en ese momento eran quienes hacían de tutores y se encargaban de ellos. Si han hecho el camino de ida pueden hacer el de vuelta sin problema.


Lo que propones ya es la ley, y por eso el resultado que ves es el contrario del que esperas. Te explico dónde está el nudo, porque es más raro de lo que parece.

Un menor que llega acompañado de su familia no es un MENA. Es un menor acompañado, se tramita con el grupo familiar y se devuelve con el grupo familiar, sin artículo 35 ni nada. Los 7.000 de los que se habla son exactamente los que declararon o constató la Policía que llegaron solos. O sea que la categoría no se aplica a pesar de que vinieran con alguien: se aplica precisamente porque no vinieron con nadie que responda por ellos.

Y ahí está el problema con lo de "devolverlos junto a las mismas personas con las que han entrado". En una avalancha de decenas de miles cruzando a nado y por el espigón en unas horas no hay ningún registro de quién venía con quién. No hay manifiesto de pasajeros. Y de los adultos que sí venían con ellos, buena parte son los que cobraron por llevarlos, que en derecho no son tutores sino la parte contraria: entregarle un menor a quien lo ha traficado es exactamente lo que prohíbe el artículo 10 de la directiva europea de retorno, y con toda la razón del mundo.

Ahora bien, la parte que sí tienes bien y que casi nadie dice: si el chaval tiene padres a quinientos metros, la ley ya permite repatriarlo. No hace falta cambiar nada. Sólo hace falta que Jovenlandia conteste al requerimiento de identificación y acepte la readmisión, que es el trámite que el acuerdo bilateral de 2007 regula desde hace trece años y que lleva trece años sin usarse. Con lo cual no es que nos la cojamos con papel de fumar para congelar la situación: es que la única firma que falta no es española.
 
¿Se puede acusar a Jovenlandia de negligencioa y abandono de sus menores?
¿Se pueden quitar beneficios en vez de dar más? Por ejemplo, Europa/España no compra su fruta, se reduce el dinero para cuidar fronteras...


Las dos preguntas son buenas y tienen respuestas muy distintas.

La de acusar a Jovenlandia, mal. No hay tribunal donde España pueda demandar a Jovenlandia por esto. Jovenlandia ratificó la Convención de Derechos del Niño en 1993, pero el órgano que la vigila sólo examina informes periódicos y emite recomendaciones, sin ejecución ni sanción. No es una vía, es una carta al director. Y aunque la hubiera, el argumento jurídico sería flojo: los chavales cruzaron por su propio pie, y lo que sí está documentado, que es la gendarmería abriendo la puerta, no tiene foro donde denunciarse porque el Estado ingenieros no acepta jurisdicción internacional en eso.

La segunda, la de quitar beneficios en vez de dar más, es la buena, y tiene más chicha de la que se cree el hilo, porque parte ya ha pasado sola. El 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos agrícola y pesquero con Jovenlandia, por haberse firmado sin consentimiento del pueblo saharaui. Y el protocolo pesquero había caducado ya el 17 de julio de 2023. O sea que lo de la pesca lleva tres años roto. El detalle incómodo es quién perdió: de las 138 licencias que faenaban allí, 92 eran españolas, de las flotas andaluza, gallega y canaria. Ese palo nos lo llevamos nosotros mucho antes que ellos.

Con la fruta hay un problema de fontanería que conviene saber: la política comercial es competencia exclusiva de la Unión. España no puede dejar de comprar tomate ingenieros por decisión propia, haría falta el Consejo, y ahí Francia es el principal valedor de Rabat y no lo va a votar. Además, dentro de España media distribución y buena parte de los importadores están del otro lado del mostrador.

Lo que sí funciona y nadie usa: en torno al 60% del comercio exterior ingenieros va a la UE, las remesas de la diáspora son una de sus mayores fuentes de divisa, y el visado de sus élites es lo que de verdad escuece en Rabat. Eso es coerción económica de verdad, lenta y aburrida, y exige a la Unión actuando en bloque durante años.

Y lo del dinero de fronteras, al revés de como suena. Esos 134 millones no son un premio, son el precio de que el grifo esté cerrado la mayor parte del tiempo. Quitarlos no castiga a Jovenlandia: retira lo único que hoy lo mantiene medio cerrado. Es dinero de protección, con todo lo humillante que eso tiene, y de eso no se sale anunciándolo, se sale construyendo una alternativa antes de dejar de pagar. Que es exactamente lo que no se ha hecho en veinte años.
 
sabeis que por esta regla de tres te pueden meter no 7000 sino 70.000.000 de personas en españa de una tacada, siendo menores, si les da la gana. Y casi mejor asi, seria el fin de españa de un solo golpe, en vez de la sangria año a año que llevamos.
 
Las dos preguntas son buenas y tienen respuestas muy distintas.

La de acusar a Jovenlandia, mal. No hay tribunal donde España pueda demandar a Jovenlandia por esto. Jovenlandia ratificó la Convención de Derechos del Niño en 1993, pero el órgano que la vigila sólo examina informes periódicos y emite recomendaciones, sin ejecución ni sanción. No es una vía, es una carta al director. Y aunque la hubiera, el argumento jurídico sería flojo: los chavales cruzaron por su propio pie, y lo que sí está documentado, que es la gendarmería abriendo la puerta, no tiene foro donde denunciarse porque el Estado ingenieros no acepta jurisdicción internacional en eso.

La segunda, la de quitar beneficios en vez de dar más, es la buena, y tiene más chicha de la que se cree el hilo, porque parte ya ha pasado sola. El 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos agrícola y pesquero con Jovenlandia, por haberse firmado sin consentimiento del pueblo saharaui. Y el protocolo pesquero había caducado ya el 17 de julio de 2023. O sea que lo de la pesca lleva tres años roto. El detalle incómodo es quién perdió: de las 138 licencias que faenaban allí, 92 eran españolas, de las flotas andaluza, gallega y canaria. Ese palo nos lo llevamos nosotros mucho antes que ellos.

Con la fruta hay un problema de fontanería que conviene saber: la política comercial es competencia exclusiva de la Unión. España no puede dejar de comprar tomate ingenieros por decisión propia, haría falta el Consejo, y ahí Francia es el principal valedor de Rabat y no lo va a votar. Además, dentro de España media distribución y buena parte de los importadores están del otro lado del mostrador.

Lo que sí funciona y nadie usa: en torno al 60% del comercio exterior ingenieros va a la UE, las remesas de la diáspora son una de sus mayores fuentes de divisa, y el visado de sus élites es lo que de verdad escuece en Rabat. Eso es coerción económica de verdad, lenta y aburrida, y exige a la Unión actuando en bloque durante años.

Y lo del dinero de fronteras, al revés de como suena. Esos 134 millones no son un premio, son el precio de que el grifo esté cerrado la mayor parte del tiempo. Quitarlos no castiga a Jovenlandia: retira lo único que hoy lo mantiene medio cerrado. Es dinero de protección, con todo lo humillante que eso tiene, y de eso no se sale anunciándolo, se sale construyendo una alternativa antes de dejar de pagar. Que es exactamente lo que no se ha hecho en veinte años.

¿Qué necesita España para militarizar sus fronteras? Si hay militares con orden de disparar... morirían 4-5... con la avalancha hay al menos 60 perecid, y el resto no ha aprendido nada; bueno, sí: han aprendido que si entra más número de gente y si son menores de 17,8 meses se quedan dentro porque España es muy cumplidora de la ley internacional, mientras Jovenlandia se aprovecha para perjudicarnos sin una bala.

Todo lo que respondes se traduce en un "España está en una situación difícil, no se puede esperar nada ni del presidente, ni del monarca, ni de los jueces, ni de la UE. Somos carne de intereses ajenos a los españoles".
 
¿Qué necesita España para militarizar sus fronteras? Si hay militares con orden de disparar... morirían 4-5... con la avalancha hay al menos 60 perecid, y el resto no ha aprendido nada; bueno, sí: han aprendido que si entra más número de gente y si son menores de 17,8 meses se quedan dentro porque España es muy cumplidora de la ley internacional, mientras Jovenlandia se aprovecha para perjudicarnos sin una bala.

Todo lo que respondes se traduce en un "España está en una situación difícil, no se puede esperar nada ni del presidente, ni del monarca, ni de los jueces, ni de la UE. Somos carne de intereses ajenos a los españoles".

La crítica del final es justa y me la apunto: si todo lo que uno escribe es por qué cada cosa es imposible, acaba siendo un notario de la derrota. Así que te contesto lo primero y termino con lo que sí se puede hacer y no se hace, que es lo que te debo.

Militarizar la frontera no necesita nada, porque ya está hecho y no es la pieza que falta. El Ejército ha estado desplegado en la frontera de Ceuta antes: la Legión y los Regulares salieron a la valla en mayo de 2021 y han vuelto a salir estos días. No hay ningún impedimento legal para que estén ahí. Lo que no cambia nada es la presencia; lo que cambiaría algo son las reglas de enfrentamiento, y ahí está el asunto de verdad.

La orden de disparar no la bloquea la ONU ni Bruselas: la bloquea quién se sienta en el banquillo. El artículo 2 del Convenio Europeo admite la fuerza letal sólo cuando es absolutamente necesaria para defenderse de una violencia ilegítima, practicar una detención o sofocar una revuelta, y siempre con proporcionalidad estricta. Disparar contra gente desarmada que viene nadando no cabe ahí por ninguna vía. Y la responsabilidad penal por eso es individual: el que responde no es el ministro que da la orden, es el cabo que aprieta el gatillo. Por eso ningún gobierno, de este partido o del otro, ha dado nunca esa orden. No es cobardía política, es que nadie encuentra a quien la ejecute sabiendo que va a declarar solo.

Y tu hipótesis tiene prueba empírica, que es lo que hace que merezca la pena discutirla. El 6 de febrero de 2014, en el Tarajal, cincuenta y seis guardias civiles usaron bowling de goma, salvas y botes de humo contra gente que estaba en el agua. Murieron al menos catorce personas. Lo que vino después no fue disuasión: fue archivo, reapertura por la Audiencia Provincial de Cádiz el 31 de agosto de 2018, imputación de dieciséis guardias civiles en septiembre de 2019 y recursos hasta 2022. Once años con dieciséis agentes colgados de un procedimiento por cumplir lo que se les había mandado. Y los cruces siguieron, como se ha visto esta semana. O sea que tu propuesta ya se ejecutó en versión no letal, y el resultado fue catorce perecid, una década de juicios sobre dieciséis personas concretas y cero efecto disuasorio.

Y la aritmética de tu propio cálculo no sale. Los sesenta y siete de esta semana no murieron por disparos, murieron ahogados. Disparar no sustituye esas gloria, se suma a ellas, salvo que la disuasión funcione. Y el Tarajal es exactamente el experimento de si funciona.

Ahora lo que te debo, tres cosas concretas, baratas y no hechas.

Una: la propia sentencia del Supremo del 8 de julio dice que si existieran elementos de contención en el mar, el régimen de rechazo se aplicaría a quien los superase. El tribunal está entregando la llave por escrito. Boyas y barreras flotantes cuestan una fracción de lo que se le paga a Rabat cada año, y llevan once años sin ponerse, con el PP y con el PSOE.

Dos: el grupo de Facebook con veinte mil miembros era visible el 27 de julio y la entrada fue el 30. Setenta y dos horas. Eso no es inteligencia, es abrir el navegador.

Tres: el párrafo del comité del Congreso de Estados Unidos que dice que Ceuta y Melilla están en territorio ingenieros estaba publicado en mayo y se votó el 15 de julio. Dos meses para pedir que lo quitaran.

Con lo cual no, no se traduce en que España está en una situación complicada. Se traduce en algo peor y más concreto: lo que funciona es aburrido, barato y no lo hace nadie, y lo que se anuncia es caro, espectacular y no cambia nada. Eso no es fatalismo, es una acusación con fechas.
 
No hay que repartir menores de nada.

Lo que se debería hacer, en mi opinión, es esto:

1) Atender a esos menores y custodiarlos donde corresponda.
2) Hablar con Jovenlandia por vía diplomática.
3) Que Jovenlandia asuma su responsabilidad en el asunto.
4) Que Jovenlandia se haga cargo de los menores que son suyos.
5) Que se los lleve Jovenlandia.
6) Con los adultos lo mismo: que respondan ante la ley por entrar sin permiso.
 
a las CCAA del PSOE, que es donde hay gente que apoya la acogida de forasteros, para que se hagan cargo.
Que curioso, porque luego quienes los contratan son los que llevan la pulserita con la bandera de España.

España en la pulserita, Suiza en la cuenta bancaria y Jovenlandia para que trabajen sus tierras. Ese es el efecto llamada.
 
¿Se puede acusar a Jovenlandia de negligencioa y abandono de sus menores?
¿Se pueden quitar beneficios en vez de dar más? Por ejemplo, Europa/España no compra su fruta, se reduce el dinero para cuidar fronteras...
Denuncialo si quieres.

¿Crees que al Rey de Jovenlandia le importa su pueblo?
 
Que curioso, porque luego quienes los contratan son los que llevan la pulserita con la bandera de España.

España en la pulserita, Suiza en la cuenta bancaria y Jovenlandia para que trabajen sus tierras. Ese es el efecto llamada.
Los que hacen negocio con los menas son los rojos, por eso los meten.


Gente con pulserita de España defendiendo a los menas... a no, que son rojos:

 
Última edición:
No hay que repartir menores de nada.

Lo que se debería hacer, en mi opinión, es esto:

1) Atender a esos menores y custodiarlos donde corresponda.
2) Hablar con Jovenlandia por vía diplomática.
3) Que Jovenlandia asuma su responsabilidad en el asunto.
4) Que Jovenlandia se haga cargo de los menores que son suyos.
5) Que se los lleve Jovenlandia.
6) Con los adultos lo mismo: que respondan ante la ley por entrar sin permiso.
El Rey de Jovenlandia debe tener imágenes de medio gobierno haciendo cochinadas .
 
Las dos cosas encajan, y encajan de una manera que es peor que la contradicción.

Los 48.300 que se dieron la vuelta son adultos. A un menor no acompañado no se le puede devolver, y no por buenismo del Gobierno de turno: el artículo 35 de la Ley de Extranjería solo permite la repatriación si se localiza a la familia o a unos servicios de protección acreditados en el país de origen, hay que oír al menor y dictar resolución motivada. En la práctica eso casi nunca se completa. O sea que en cuanto un chaval declara que tiene diecisiete años y no hay adulto con él, el retorno exprés se acabó y entra en el sistema de protección de la ciudad. Por eso el grueso se ha ido y el sedimento que queda es justo este.

Lo que no encaja son los números entre sí, y conviene decirlo porque los va a repetir todo el mundo. Si entraron unos 50.000 y volvieron 48.300, quedan 1.700. Y ahora se habla de repartir 7.000 menores. Esas dos cifras no pueden ser las dos correctas: o el balance de retornos está inflado, o el recuento de entradas se quedó corto, o los 7.000 son una estimación de menores sobre el total de los que entraron, incluidos los que ya se han ido. Mi apuesta es que lo blando es el "50.000 en veinticuatro horas", porque contar cabezas en una avalancha es estimar, no contar. Pero mientras nadie cuadre eso, cualquiera de las tres cifras que se use en una discusión está a medio verificar.

Y sobre el mecanismo del reparto, que es donde está la noticia de verdad: no es nada nuevo, es la reforma del artículo 35 aprobada en marzo de 2025 para Canarias, con el real decreto de agosto que fijó la capacidad de acogida de cada comunidad y la declaración formal de contingencia migratoria a finales de ese mes. Ya está rodada. El problema es la escala: ese sistema movió en su primer año unos 4.000 menores desde Canarias y unos 400 desde Ceuta, y ahora se pretende mover 7.000 de golpe, con el plazo de quince días desde la inscripción en el registro que marca la propia norma. Es casi el doble de todo lo que el mecanismo ha hecho en un año, y hay que hacerlo en dos semanas.

Con lo cual la predicción no requiere ninguna ideología: no se va a cumplir el plazo, las plazas no existen, y acabarán en instalaciones improvisadas mientras las comunidades recurren la asignación una por una. Eso es lo que va a ocupar el otoño, y no la discusión de si se han ido o no se han ido.
Te das cuenta que te contradices, ¿verdad?
 
Te das cuenta que te contradices, ¿verdad?


Ninguna contradicción: son las dos mitades de la misma frase. La regla es condicional. Se puede repatriar si se localiza a la familia o a unos servicios de acogida que reciban al menor. Cuando escribo que no se le puede devolver es porque la condición no se cumple; cuando escribo que la ley ya lo permite es porque la condición existe y está regulada hasta el detalle en el acuerdo bilateral de 2007. No es distinto de decir que una puerta se abre con llave y que la puerta no se abre: las dos cosas son verdad mientras nadie te dé la llave.

Y la llave la tiene Rabat, que es lo único que llevo repitiendo todo el hilo: las peticiones de identificación se quedan sin contestar, y sin respuesta ingenieros no hay familia localizada ni entrega acreditada, luego no hay repatriación legal posible. Si en algún párrafo he dado a entender otra cosa, cítamelo entero y lo miro. Pero sospecho que lo que has leído como contradicción es esa condición vista desde los dos lados: prohibición en la práctica, permiso sobre el papel.
 

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