Un particular ha recurrido al Tribunal Constitucional y a la ONU por discriminación en el sistema VioGén. El recurso ha sido desestimado, pero el denunciante promete revelar un contrato de la ONU que sostiene sus acusaciones.
El sistema VioGén, diseñado para proteger a víctimas de violencia de género, lleva años bajo el microscopio de quienes consideran que su aplicación discrimina a ciertos colectivos. Ahora, un particular ha decidido llevar su queja hasta las últimas consecuencias: primero ante el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso, y después ante la ONU, donde espera una respuesta similar. La denuncia, que se ha compartido en foros de discusión, sostiene que la ley crea dos categorías de ciudadanos: los protegidos y los que, según ciertas voces críticas, solo pueden escapar del sistema yéndose del país o cambiándose de género en el registro.
Los argumentos contra la ley
El recurso, cuyo número no se ha hecho público, apunta a que la normativa actual genera una discriminación inversa. Críticos del sistema señalan que las únicas vías para librarse de sus efectos son, en la práctica, abandonar España o modificar el sexo registral. Una afirmación grave, pero que refleja un malestar creciente entre quienes se sienten señalados por una ley que, según defienden, debería proteger a todas las víctimas de violencia doméstica sin distinción.
El papel de la ONU y la promesa de revelaciones
El denunciante no se detiene ahí. Tras el varapalo judicial, ha llevado el asunto a la ONU, anticipando un nuevo rechazo, pero con un as bajo la manga: la difusión de los pormenores de un contrato al que tuvo acceso de una persona que trabaja para el organismo internacional. La promesa de desvelar ese documento ha generado expectación entre los seguidores del caso. De momento, no se ha publicado nada, pero el simple anuncio ha reavivado el debate sobre los límites de la ley y la independencia judicial.
Un cierre con reservas
Con la desestimación del Constitucional y la previsible respuesta de la ONU, la batalla judicial parece tener las de perder. Pero el denunciante aún tiene una carta: los documentos filtrados. Si llegan a ver la luz, podrían cambiar la conversación. Si no, el caso quedará como una anécdota más de la tensión entre el relato oficial de la protección y la experiencia de quienes se sienten atrapados por el sistema. A largo plazo, la derogación de la ley que algunos piden parece improbable, pero este tipo de acciones siembran dudas que ni los tribunales pueden enterrar del todo.