Ceuta: el pulso identitario también es una factura económica
¿Qué hay detrás de la tensión que estalla cada cierto tiempo en Ceuta? En esta ciudad autónoma, el debate sobre la identidad se mezcla con una economía de subsidio y unas redes clientelares que llevan décadas funcionando. Un relato de primera mano, difundido en los últimos días, describe una ciudad partida: una parte de la población con nacionalidad española que no se siente española, y una clase política que, según ese relato, ha construido su poder sobre la gestión de esas ayudas.
La demografía que condiciona todo lo demás
Ceuta es una frontera doble: la física con Marruecos y la interna entre dos comunidades que conviven sin mezclarse. Quien ha vivido allí sostiene que la mayoría de los ceutíes de origen musulmán, muchos nacidos en la ciudad y con varias generaciones a sus espaldas, no se identifican con España, aunque tengan pasaporte europeo. Se argumenta que incluso la lengua delata esa distancia: un acento árabe marcado o un español que muchos no dominan del todo. No es un dato oficial, pero el testimonio insiste en que la percepción de pertenencia es casi nula.
Esa realidad demográfica, si se confirma en los censos, tiene una traducción económica inmediata: las ayudas públicas, la sanidad, los subsidios. Hay quien lo plantea sin rodeos: si la ciudad pasara a depender de Marruecos, buena parte de esos beneficios desaparecerían. De ahí que, aunque no se sientan españoles, tampoco quieran ser marroquíes. La paradoja es que son precisamente las prestaciones las que sostienen el vínculo institucional.
El negocio de la necesidad: 25 años de Juan Vivas
La gestión de esas ayudas es, según los críticos, la base del poder local. Juan Vivas, del PP, acumula 25 años al frente de la Ciudad Autónoma. En el relato que circula, esa longevidad no se explica por la gestión, sino por una red clientelar que conecta a los partidos mayoritarios. PP y PSOE gobiernan juntos en Ceuta, cerrando el paso a Vox, que es el único partido que, según sus defensores, denuncia esa arquitectura. Los detractores de Vox, en cambio, lo ven como un actor más del mismo sistema, solo que con otro discurso.
Lo más interesante es el cruce de acusaciones: unos hablan de financiación exterior para sostener la presión social; otros reducen el problema a una economía de trapicheos y construcciones ilegales. Lo que nadie discute es que hay una economía sumergida que mueve mucho dinero en efectivo, y que las estadísticas oficiales de empleo no capturan.
El episodio que lo concentra todo
El detonante de esta última discusión ha sido la contramanifestación que obligó a dar por terminada una concentración de apoyo al activista Vito Quiles. Según el relato, apenas duró cinco minutos: un grupo numeroso se interpuso y no hubo forma de continuar. La policía, se dice, no intervino. Para unos, eso demuestra que quien manda en la calle no es el Estado; para otros, es la muestra de que la provocación busca exactamente esa reacción.
Hay quien va más lejos y habla de “olla a presión” o del riesgo de un estallido. Otros, en cambio, responden con ironía: las predicciones apocalípticas llevan décadas oyéndose, y la ciudad sigue siendo española.
Dos lecturas de la misma ciudad
La primera lectura: Ceuta como síntoma del fracaso de la integración, una comunidad que no comparte los símbolos del Estado ni quiere hacerlo, y que utiliza su posición para mantener privilegios. La segunda: Ceuta como un problema económico y social, donde la falta de oportunidades, la dependencia de las subvenciones y la incompetencia política han generado un caldo de cultivo que nada tiene que ver con la identidad.
Lo cierto es que ambas lecturas coinciden en un punto: el statu quo beneficia a unos pocos y la población, española o no, sigue sin ver un futuro a largo plazo en la ciudad.
La próxima vez que alguien hable de Ceuta como un problema exclusivamente identitario, conviene recordar que detrás hay una economía de dependencia construida durante décadas. Y que, mientras tanto, el refranero sigue teniendo razón: quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla. O a cobrar el subsidio, que viene a ser lo mismo.