Hilo recopilación de la mafia socialista
- Autor del tema Decipher
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"El Pollo Carvajal" ex jefe de los servicios de inteligencia venezolanos afirma tener un pendrive con información acerca de los pagos a Raul Segarro, el embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero .
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'El Pollo' Carvajal ofrece al juez pruebas de ilegalidades de Podemos
El ex jefe de los servicios secretos de Venezuela, Hugo el Pollo Carvajal, implicó este lunes a dirigentes de Podemos en actividades ilegales relacionadas con ese país, según...
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Detenida la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastras (PSOE), acusada de corrupción urbanística
Las primeras pesquisas del Instituto Armado apuntan a un presunto delito de corrupción urbanística en el pantano de San Juan.
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El PSOE de San Martín de Valdeiglesias muestra su apoyo "incondicional" a la ex alcaldesa detenida por corrupción
El PSOE de San Martín de Valdeiglesias muestra su "apoyo incondicional" a la ex alcaldesa socialista y el resto de detenidos por corrupción.
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Isabel Díaz Ayuso recibe amenazas de "acabar en una cuneta" por denunciar la corrupción socialista
Isabel Díaz Ayuso ha revelado que ha llegado a recibir amenazas de gloria por haber mostrado su apoyo a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
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La Guardia Civil cita, como investigada, a la mujer de Espadas por los 'enchufes' en la Faffe
Carmen Ibanco compareció el martes ante los investigadores de la UCO en Sevilla por su contratación exprés en la fundación pero se negó a declarar.
Carmen Ibanco, la esposa del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ya es formalmente una de las investigadas -lo que antes se conocía como fruta- en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acerca de las irregularidades en la contratación de 84 trabajadores de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la Faffe.
Ibanco fue citada el pasado martes por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y compareció en las dependencias del instituto armado en Sevilla, según ha confirmado su abogado, José Manuel García Quílez, quien precisó que su clienta se negó a declarar.
La esposa de Espadas forma parte de los 84 empleados de la Faffe, absorbidos luego por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuya contratación ordenó investigar el juez José Ignacio Vilaplana. Las declaraciones comenzaron, según fuentes próximas a la investigación, el mismo martes, el día en el que ya fue llamada Ibanco y estaba previsto que se prolongaran hasta este mismo jueves.
Las declaraciones tomadas por la UCO las ordenó el juez Vilaplana en un auto dictado el pasado 13 de enero en el que, además, requirió al SAE para que facilitase los datos de las contrataciones de los 84 trabajadores, primero de la Faffe y la mayoría ahora del SAE, incluidas las fechas y los registros de control horario de sus jornadas laborales.
Esas 84 personas fueron las señaladas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en la denuncia que formularon en 2018 como sospechosas de haber sido fichadas por la antigua fundación por sus vínculos personales y políticos con el PSOE, el partido que entonces gobernaba la comunidad.
El sindicato incluyó un listado detallado en el que, entre otros, estaba la mujer del actual líder socialista y candidato a la Presidencia de la Junta. Además, estaban alcaldes o ex primeros ediles socialistas, como el del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres; el del municipio cordobés de Espejo Santiago Jesús Castro; o la de la localidad sevillana de Coria del Río Manuela Romero. También descendientes, hermanos y otros familiares de alcaldes socialistas de varios municipios andaluces, varios concejales y hasta una sobrina del histórico líder sindical Cándido Méndez.
A ellos se suman familiares del vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado, Gaspar Zarrías, que ahora está siendo juzgado por los ERE, y otros históricos dirigentes socialistas andaluces como Antonio Rivas, José Luis Blanco y Luis Pizarro, entre otros.
Según la denuncia, todos ellos fueron contratados en la extinta Faffe simplemente por razones de «clientelismo político o nepotismo» y lograron su plaza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».
"Sobrecualificada"
La mujer de Espadas sí prestó declaración el pasado 10 de septiembre ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en la gestión de la Faffe y entonces defendió la legalidad de su contratación e insistió en que no ha sido nunca militante "de ningún partido", al tiempo que destacó su formación y su experiencia laboral como méritos para justificar su fichaje. Llegó, incluso, a repetir en varias ocasiones que estába "sobrecualificada para el puesto que ocupo" y añadió que jamás pensó que "por tener mi marido una responsabilidad en [la Consejería de] Medio Ambiente, yo no tenía derecho a participar en esa oferta".
Según su versión, estaba en paro cuando tuvo conocimiento de dicha oferta a través de un anuncio publicado en el diario El País el 21 de enero de 2007 y tres días más tarde envió su solicitud junto con su curriculum. Explicó que lo mandó por correo electrónico, aunque en el anuncio solamente se facilitan direcciones postales, y ha añadido que le hicieron una entrevista y la llamaron. "No hay nada más", resaltó en el Parlamento.
El puesto que logró tenía una categoría de nivel E, pero al tiempo, como ella misma admitió, fue ascendida mediante un "proceso de homegeneización" con sus compañeros.
Sin embargo, y pese a sus explicaciones, en el expediente laboral de Ibanco -en poder de EL MUNDO- hay elementos que llaman la atención.
El contrato lo firmó el 1 de febrero, cuando solamente habían transcurrido ocho días desde que la mujer de Espadas hizo llegar su solicitud para el puesto a la dirección de la fundación. El proceso de selección propiamente dicho apenas duró unos días y el 31 de enero la decisión de contratarla se pone por escrito en el informe final junto a otros cuatro candidatos, algunos de ellos militantes del PSOE o allegados a socialistas. Fue tan rápido el proceso que ese mismo día, el 31, la Faffe comunicó ya el alta a la Seguridad Social. Y empezó a trabajar cuando todavía no se había cerrado el plazo de recepción de solicitudes para su puesto.
Una vez completadas las 84 declaraciones, los investigadores de la UCO elaborarán un atestado que deberán remitir al Juzgado de Instrucción 6 y a partir del cual el juez Vilaplana decidirá los siguientes pasos a dar, previsiblemente la declaración de los investigados ya en su despacho, señalaron fuentes del caso.
Independencia judicial
El portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha querido celebrar que "si el asunto sigue adelante es gracias a la independencia judicial", recriminando que "desde luego no es por la colaboración del gobierno de Moreno Bonilla con este asunto".
"En Vox nos personamos y solicitamos que se llegue al fondo del asunto, y que los andaluces conozcan toda la verdad", reitera Gavira, a la que vez que asegura como "este caso evidencia el pacto oculto que tienen Moreno Bonilla y Espadas para tapar un claro asunto de corrupción y enchufismo. La pregunta es, ¿por qué el Partido Popular actúa así? ¿Temen algo? ¿Qué puede salir de esa investigación?".
www.elmundo.es
Carmen Ibanco compareció el martes ante los investigadores de la UCO en Sevilla por su contratación exprés en la fundación pero se negó a declarar.
Carmen Ibanco, la esposa del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ya es formalmente una de las investigadas -lo que antes se conocía como fruta- en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acerca de las irregularidades en la contratación de 84 trabajadores de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la Faffe.
Ibanco fue citada el pasado martes por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y compareció en las dependencias del instituto armado en Sevilla, según ha confirmado su abogado, José Manuel García Quílez, quien precisó que su clienta se negó a declarar.
La esposa de Espadas forma parte de los 84 empleados de la Faffe, absorbidos luego por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuya contratación ordenó investigar el juez José Ignacio Vilaplana. Las declaraciones comenzaron, según fuentes próximas a la investigación, el mismo martes, el día en el que ya fue llamada Ibanco y estaba previsto que se prolongaran hasta este mismo jueves.
Las declaraciones tomadas por la UCO las ordenó el juez Vilaplana en un auto dictado el pasado 13 de enero en el que, además, requirió al SAE para que facilitase los datos de las contrataciones de los 84 trabajadores, primero de la Faffe y la mayoría ahora del SAE, incluidas las fechas y los registros de control horario de sus jornadas laborales.
Esas 84 personas fueron las señaladas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en la denuncia que formularon en 2018 como sospechosas de haber sido fichadas por la antigua fundación por sus vínculos personales y políticos con el PSOE, el partido que entonces gobernaba la comunidad.
El sindicato incluyó un listado detallado en el que, entre otros, estaba la mujer del actual líder socialista y candidato a la Presidencia de la Junta. Además, estaban alcaldes o ex primeros ediles socialistas, como el del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres; el del municipio cordobés de Espejo Santiago Jesús Castro; o la de la localidad sevillana de Coria del Río Manuela Romero. También descendientes, hermanos y otros familiares de alcaldes socialistas de varios municipios andaluces, varios concejales y hasta una sobrina del histórico líder sindical Cándido Méndez.
A ellos se suman familiares del vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado, Gaspar Zarrías, que ahora está siendo juzgado por los ERE, y otros históricos dirigentes socialistas andaluces como Antonio Rivas, José Luis Blanco y Luis Pizarro, entre otros.
Según la denuncia, todos ellos fueron contratados en la extinta Faffe simplemente por razones de «clientelismo político o nepotismo» y lograron su plaza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».
"Sobrecualificada"
La mujer de Espadas sí prestó declaración el pasado 10 de septiembre ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en la gestión de la Faffe y entonces defendió la legalidad de su contratación e insistió en que no ha sido nunca militante "de ningún partido", al tiempo que destacó su formación y su experiencia laboral como méritos para justificar su fichaje. Llegó, incluso, a repetir en varias ocasiones que estába "sobrecualificada para el puesto que ocupo" y añadió que jamás pensó que "por tener mi marido una responsabilidad en [la Consejería de] Medio Ambiente, yo no tenía derecho a participar en esa oferta".
Según su versión, estaba en paro cuando tuvo conocimiento de dicha oferta a través de un anuncio publicado en el diario El País el 21 de enero de 2007 y tres días más tarde envió su solicitud junto con su curriculum. Explicó que lo mandó por correo electrónico, aunque en el anuncio solamente se facilitan direcciones postales, y ha añadido que le hicieron una entrevista y la llamaron. "No hay nada más", resaltó en el Parlamento.
El puesto que logró tenía una categoría de nivel E, pero al tiempo, como ella misma admitió, fue ascendida mediante un "proceso de homegeneización" con sus compañeros.
Sin embargo, y pese a sus explicaciones, en el expediente laboral de Ibanco -en poder de EL MUNDO- hay elementos que llaman la atención.
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Una vez completadas las 84 declaraciones, los investigadores de la UCO elaborarán un atestado que deberán remitir al Juzgado de Instrucción 6 y a partir del cual el juez Vilaplana decidirá los siguientes pasos a dar, previsiblemente la declaración de los investigados ya en su despacho, señalaron fuentes del caso.
Independencia judicial
El portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha querido celebrar que "si el asunto sigue adelante es gracias a la independencia judicial", recriminando que "desde luego no es por la colaboración del gobierno de Moreno Bonilla con este asunto".
"En Vox nos personamos y solicitamos que se llegue al fondo del asunto, y que los andaluces conozcan toda la verdad", reitera Gavira, a la que vez que asegura como "este caso evidencia el pacto oculto que tienen Moreno Bonilla y Espadas para tapar un claro asunto de corrupción y enchufismo. La pregunta es, ¿por qué el Partido Popular actúa así? ¿Temen algo? ¿Qué puede salir de esa investigación?".
La Guardia Civil cita, como investigada, a la mujer de Espadas por los 'enchufes' en la Faffe
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La Faffe Andaluza
115 millones de euros sin recuperar
Agencia de colocación de cargos públicos
Amaño de contratos a empresas
Subvenciones a dedo
Uso de dinero público para pagar viajes, comidas y cortesana
Compra de un airbus para formación que jamás se llego a usar
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115 millones de euros sin recuperar
Agencia de colocación de cargos públicos
Amaño de contratos a empresas
Subvenciones a dedo
Uso de dinero público para pagar viajes, comidas y cortesana
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Caso Faffe: el manual de (casi) todas las corrupciones del PSOE andaluz
Una agencia de colocación en la que el carné del PSOE aseguraba un buen sueldo (a veces por leer la prensa o dormir la siesta). Un instrumento para esquivar los controles e inyecta
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El PP-A concluye que la Faffe sirvió de "cajero automático" y cifra en 115 los millones sin recuperar
El PP-A señala la "corrupción de alto voltaje" de la fundación, "alimentada por los máximos responsables de la Consejería de Empleo".
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CesareLombroso
Madmaxista
- Desde
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Psoe local y sus corruptos intentan incapacitar a ciudadano sano con informes falsos para repartirse su patrimonio.
Guardamar del Segura es una vergüenza – Rambla Libre
Guardamar del Segura es una vergüenza – Rambla Libre
Condenado por malversación Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares
Juan Fernández asegura que "ha triunfado la mentira y la maldad, y sobre todo la suma de poderes, el poder político y el judicial".
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Es todo muy tacaño, muy PSOE.
Al parecer la PSOE desviaba fondos del ayuntamiento y el alcalde los desviaba de la PSOE.
PSOE state of mind
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ciberecovero
Será en Octubre
El 20M Rural prevé reunir en Madrid a más de 200.000 personas para reivindicar un futuro para el campo
ICAL- 14 de marzo de 2022
Se presenta como “una cita histórica” que congregará por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca
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Ganaderos en los Ancares. / EBD
Los organizadores de la manifestación del mundo rural que se celebrará en Madrid el próximo 20 de marzo, (ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias), prevén la asistencia de más de 200.000 personas en lo que se presenta como una cita histórica para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan.
La cita comenzará a las 11.00 horas, en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha, lo que supone un cambio en el itinerario anunciado hasta el momento, debido precisamente a la previsión de asistencia masiva de manifestantes, que obliga a cambiar el inicio de la misma con el objeto de que los más de 1.500 autobuses puedan acceder al punto de encuentro con facilidad, informan en un comunicado.
Posteriormente, la manifestación recorrerá el Paseo de La Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
El 20 M Rural se presenta como “una cita histórica” que reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, gobierno central y las instituciones comunitarias (UE).
En la manifestación, los asistentes alzarán la voz frente al abandono del mundo rural por parte del Gobierno y frente a unas políticas incapaces de resolver los problemas que afectan a los hombres y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus costumbres.
Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo.
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La cita comenzará a las 11.00 horas, en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha, lo que supone un cambio en el itinerario anunciado hasta el momento, debido precisamente a la previsión de asistencia masiva de manifestantes, que obliga a cambiar el inicio de la misma con el objeto de que los más de 1.500 autobuses puedan acceder al punto de encuentro con facilidad, informan en un comunicado.
Posteriormente, la manifestación recorrerá el Paseo de La Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
El 20 M Rural se presenta como “una cita histórica” que reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, gobierno central y las instituciones comunitarias (UE).
En la manifestación, los asistentes alzarán la voz frente al abandono del mundo rural por parte del Gobierno y frente a unas políticas incapaces de resolver los problemas que afectan a los hombres y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus costumbres.
Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo.
Así incendiaba la calle la izquierda cuando la luz era cuatro veces más barata que hoy
Yolanda Díaz premia a los sindicatos con el doble de subvenciones en plena subida de la luz y el IPC
La luz, el gas y la inflación desmienten a Calviño: ya estaban por las nubes antes de la guerra
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Corría el año 2017. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atravesaba por su segunda legislatura y las manifestaciones contra su ejecutivo estaban a la orden del día. Los recortes, la reforma laboral, el precio de la luz, las pensiones, el SMI, la sanidad, la ley de educación… cualquier motivo era bueno para los sindicatos salir a la calle a protestar contra su gestión. Aquel año, el precio más alto en la factura alcanzó los 71,49€/ MWH. Una subida «insoportable» según los sindicatos que era «responsable de la gloria de personas», en boca del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Tanto para los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como para PSOE y Podemos, el repunte a 70 euros/ MWh en el precio de la factura de la luz era motivo más que suficiente para salir a la calle a protestar. «El Gobierno (del PP), absolutamente insensible a los problemas de la ciudadanía, continúa sin tomar ninguna medida en relación con el incremento de los precios de la energía», señalaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT. «Habrá movilizaciones», advertía Ignacio Fernández Toxo, exsecretario general de CCOO.
«Que haya mucha gente que tenga que morir por pobreza energética nos parece una vergüenza», lamentaba Iglesias, mientras que el actual ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideraba importante «que le pongamos rostro a los culpables del saqueo y de la gloria de personas».
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- CYNTHIA NOBILE
- 10/03/2022 18:45
- ACTUALIZADO: 10/03/2022 19:02
Corría el año 2017. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atravesaba por su segunda legislatura y las manifestaciones contra su ejecutivo estaban a la orden del día. Los recortes, la reforma laboral, el precio de la luz, las pensiones, el SMI, la sanidad, la ley de educación… cualquier motivo era bueno para los sindicatos salir a la calle a protestar contra su gestión. Aquel año, el precio más alto en la factura alcanzó los 71,49€/ MWH. Una subida «insoportable» según los sindicatos que era «responsable de la gloria de personas», en boca del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Tanto para los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como para PSOE y Podemos, el repunte a 70 euros/ MWh en el precio de la factura de la luz era motivo más que suficiente para salir a la calle a protestar. «El Gobierno (del PP), absolutamente insensible a los problemas de la ciudadanía, continúa sin tomar ninguna medida en relación con el incremento de los precios de la energía», señalaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT. «Habrá movilizaciones», advertía Ignacio Fernández Toxo, exsecretario general de CCOO.
«Que haya mucha gente que tenga que morir por pobreza energética nos parece una vergüenza», lamentaba Iglesias, mientras que el actual ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideraba importante «que le pongamos rostro a los culpables del saqueo y de la gloria de personas».
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A ver si la Lola hace algo.